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Cristina Kirchner y un extraño incidente con la policía
Es natural que el reclamo salarial de la policía haya quedado involucrado en el prolongado conflicto por el control del conurbano entre Cristina Kirchner y los intendentes que conducen el peronismo bonaerense. Se trata del cuerpo encargado de proveer seguridad y, en interacción con la Justicia, garantizar el orden público en lo que usualmente se denomina la calle. Un espacio cuyo manejo adquiere dimensiones casi mitológicas en las creencias del kirchnerismo. Considera su manejo una fuente insustituible de poder. Era inevitable que la protesta realizada la semana pasada por un sector de los uniformados reprodujese ese cuadro de tensión en un momento crítico para los jefes comunales, acorralados por la ley 14.032, que limita a un solo mandato la posibilidad de ser reelegidos.
A menos que renuncien antes de cumplir la mitad del último para quedar en condiciones de volver a presentarse. Necesitan para eso un contexto económico más favorable que el actual. Pero aun así tendrían otro problema. La creciente gravitación de la vicepresidenta. No solo en el Frente de Todos. También en el gobierno nacional y el bonaerense. Es la figura más relevante del oficialismo. El enfrentamiento que mantienen desde hace más de 10 años es suficiente para ser pesimistas. No tendría motivos para concederles el beneficio que precisan: resolver su situación antes del 22 de mayo, cuando vence el plazo para inscribir candidaturas en las PASO. Existe otro inconveniente: es muy difícil que haya lugar para todos en las listas.
Una situación angustiante que los empuja a cerrar filas con Alberto Fernández. Y a reivindicar un oxidado espíritu de cuerpo que intentaron renovar con el plan de seguridad encargado a Jorge Ferraresi, el ingeniero de los intendentes. El Presidente tiene motivos para mirar el conurbano. El Frente de Todos obtuvo allí la ventaja de casi dos millones de votos que garantizó su triunfo. Una región crítica para consolidar la gobernabilidad de la administración central y la bonaerense. La diferencia es que Kicillof cuenta con el respaldo de Cristina, enemiga de los intendentes en ese territorio. Ese enfrentamiento recrudeció por el control de los fondos del plan de seguridad.
Los jefes comunales no se resignan a que el Tesoro bonaerense distribuya entre los municipios el dinero aportado por el gobierno nacional, la base para presentar a Fernández como la solución a la principal demanda de la marcha del 17 de agosto, pero también la clave para que el kirchnerismo desarticule el reagrupamiento de los intendentes bajo una peculiar consigna: "Queremos la nuestra", como confió uno de ellos
Los jefes comunales no se resignan a que el Tesoro bonaerense distribuya entre los municipios el dinero aportado por el gobierno nacional, la base para presentar a Fernández como la solución a la principal demanda de la marcha del 17 de agosto, pero también la clave para que el kirchnerismo desarticule el reagrupamiento de los intendentes bajo una peculiar consigna: "Queremos la nuestra", como confió uno de ellos. La puja no tuvo en cuenta la caída en los ingresos de los policías por la Compensación de Recarga de Servicios (Cores) que percibían por custodias en espectáculos y otras actividades recreativas suspendidas por la pandemia.
Berni introdujo otro cambio importante el 13 de mayo con la resolución 343. Facultó a los intendentes a proponer al jefe de estación de policía, la figura con la que sustituyó a la organización por departamentos. Esa curiosa democratización no mejoró su relación con ellos, pero despertó en la cúpula policial una contradicción inquietante. La autonomía de los jefes de estación de las superintendencias de seguridad y su acercamiento a los jefes comunales. Otro factor para que un recurso escaso, las horas Cores, sea fuente de disputa. Hasta ahora, habían sido manejadas con discrecionalidad por las superintendencias. El kirchnerismo le atribuye al de la región Amba Norte Uno, Gabriel Hugo Natiello, la movilización de efectivos a la residencia de Olivos y un vínculo muy estrecho con Massa, enemigo de Berni.
Lo que el ministro caracteriza como "un intento de desestabilización" su entorno lo adjudica a quienes dieron "gobernabilidad a Vidal". Un eufemismo que permite aludir a un grupo de intendentes sin violar la obligación inexcusable de todo funcionario público ante la sospecha de una conducta delictiva: efectuar una denuncia judicial.Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Granados (Ezeiza) serían los incluidos en este grupo. Lomas de Zamora y Almirante Brown fueron focos importantes de las movilizaciones, en las que predominaron efectivos retirados, familiares y miembros del comando de patrullas, cuyo titular es designado a propuesta del jefe de estación. Esos municipios duplicaron los cupos de vacantes asignados para la policía local, sin que eso ni la laxitud de los exámenes de ingreso llamara la atención del ministro de Seguridad de Scioli: Granados.
Los efectivos de esa fuerza representan el 40% del total de la policía bonaerense. La Superintendencia Amba Sur II comprende Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. La concentración de efectivos en Olivos derivó en otras peripecias. La más llamativa fue el fracaso de Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi en invitar a los policías a dialogar con el Presidente. Las razones de la negativa son un misterio. Pero condicionó la puesta en escena en la que Fernández aparecería activo frente a la demanda ciudadana de seguridad, según el kirchnerismo. Lo mismo que se intentó hace dos semanas con el lanzamiento del plan.
El traspié del secretario general de la Presidencia y del vocero obligó a rectificar la marcha hacia la residencia organizada por Juan Grabois, jefe de los cartoneros del Movimiento Evita. Uno de sus líderes, Fernando Navarro, mantiene fricciones con Berni por la ocupación de tierras. Grabois debió conformarse con la logística en percusión aportada a la protesta en Lanús por Los Inquietos de Acuba. La murga de la agrupación Simón Bolívar de Villa Caraza alineada con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
En Olivos fueron sorprendidos por el anuncio del recorte de un punto de la coparticipación de la ciudad Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Los intendentes de Juntos por el Cambio concurrieron a respaldar al Presidente cuando los efectivos rodearon la quinta. Quedaron en una posición muy incómoda. No pueden criticar un recorte a la ciudad de 30.000 millones de pesos que significarán el ingreso a la provincia de 45.000 millones el año que viene. Valenzuela rechazó desayunar el 10 como le propuso el Presidente para explicarle en detalle la aparente desinteligencia del protocolo oficial. Fernández le achacó a Kicillof no avisarles antes del anuncio que iba a efectuar.
Horas después, el gobernador dispuso aumentar de 37.000 a 44.000 pesos el salario mínimo de la policía. Un 20% de reajuste que contrasta con la alta exigencia promovida por el reclamo: un incremento de 60 puntos. De forma llamativa, la protesta se apagó rápidamente después de esta decisión. El kirchnerismo está seguro de haber superado el desafío de los intendentes a Cristina con el intento de provocar un desgaste a Kicillof y a Berni. Los dos resultaron fortalecidos con la vicepresidenta después de este episodio.
La inseguridad seguirá siendo un asunto complejo mientras no se resuelva una cuestión mucho más profunda, descripta por un comisario a punto de retirarse: "El crimen organizado no existe. Porque la única forma de imponer ese tipo de orden es a través nuestro. Somos la organización que lo articula. Lo que queda fuera de eso es el caos". Una conclusión que vuelve más extraño el incidente de la policía bonaerense.
