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Cristina regresa con la política del miedo
Vicentin y Portezuelo del Viento tienen en común a Cristina Kirchner. La eventual expropiación de la cerealera de Santa Fe y la aparente suspensión del financiamiento de ese dique en Mendoza obedecen a la lógica que los gobernadores peronistas atribuyen a la vicepresidenta. Impedir que esos procesos avancen en una dirección distinta a esa y provean recursos a otros dirigentes para competir con mayores posibilidades en las elecciones del año que viene. De confirmarse, esa versión desmentiría que algún principio ideológico haya sido la razón para involucrarse en esos temas. Al contrario. La causa parece ser mucho más plausible: evitar que los comicios sean una instancia donde su poder sea sometido a escrutinio. Es comprensible que con sus antecedentes el kirchnerismo imagine que otros utilicen como fuente de financiamiento la obra pública y la estatización de empresas.
La inversión en Portezuelo del Viento equivale a mil millones de dólares. La operación por Vicentin no sería nunca inferior a esa cifra
La inversión en Portezuelo del Viento equivale a mil millones de dólares. La operación por Vicentin no sería nunca inferior a esa cifra. Cristina proyecta sospechas en Cornejo, un exaliado. Y en otro reciente, Massa. Ambos tienen expectativas electorales. Igual que Vidal y Rodríguez Larreta. A excepción del titular de la UCR, el resto promueve la necesidad de un espacio caracterizado por la moderación para dar equilibrio al sistema político. Alberto Fernández aspira a ocupar el centro de esa zona con acuerdo de esos dirigentes opositores. Pero también de los gobernadores Manzur (Tucumán), Herrera Ahuad (Misiones), Schiaretti (Córdoba), Bordet (Entre Ríos) y Perotti (Santa Fe).
Cristina no está dispuesta a que se interpongan en sus planes prioritarios: el cierre de las causas judiciales en su contra y la posibilidad de conducir en el oficialismo la sucesión del actual presidente. Esa tensión se transformó en conflicto a dos meses de dispuesta la cuarentena. Berni se lo recordó a Massa el 12 de junio: "Que me echen antes que se apilen los muertos". Fue la respuesta al reproche por las críticas a la supuesta falta de colaboración de la ministra de Seguridad, Frederic, para combatir el delito. Pero combinadas también con otras a la política sanitaria en la ciudad de Buenos Aires.
Agitar los casos letales de Covid-19 que sobrevendrían es el método de presión sobre la ciudad de Buenos Aires que el gobierno bonaerense intenta validar en el debate público. Un protocolo sensible activado hace 30 días, pero que aún causa asombro en el gobierno porteño. "El único resultado es alarmar a la gente", concluyeron luego de reunirse con Kicillof en La Plata este fin de semana. Al gobernador lo desespera el escenario de verse obligado a imponer nuevas restricciones en el área metropolitana mientras la Ciudad mantiene la liberación de actividades. La estrategia en la Capital redujo de 1,4 a 1,1 el índice RO, de reproducción del contagio. Confían en llevarlo a un número menor en dos semanas. Si no lo consiguen, se evaluaría la posibilidad de cambios. El oficialismo tiene síntomas de cansancio con la cuarentena. Algunos intendentes aceptan que no se testea lo suficiente. De hacerlo, los casos desconocidos llevarían el nivel al doble de los oficiales. Por eso estiman que es bajo el nivel de mortalidad y enfocado en los grupos de riesgo en la mayoría de los casos.
Kicillof está sorprendido con "lo inabarcable" que le resulta la provincia. Una percepción en la que podría influir la división de roles que aceptó de Cristina cuando le propuso ser candidato, según el relato kirchnerista. Gestionar los asuntos de gobierno y delegar los asociados a la política en Máximo Kirchner. La vicepresidenta fue decisiva para que hasta junio Buenos Aires sea la provincia que más fondos recibió: 86.000 millones de pesos. Córdoba (9306 millones), ciudad de Buenos Aires (7671), Santa Fe (7607) y Entre Ríos (7301) son los distritos que le siguen.
Para la consultora Aerarium de Paulino Caballero y Guillermo Giussi, existe otra diferencia. A Buenos Aires se le enviaron casi 53.000 millones de fondos discrecionales. El saldo es cero para el resto de esas jurisdicciones en ese rubro. Kicillof no comparte esa bonanza con los intendentes. ¿Por decisión de Máximo? Los 135 municipios pidieron 13.000 millones de asistencia en mayo para compensar la caída de la recaudación en abril. Recibieron 8000 millones. La mitad, en un crédito. Kicillof acaba de anunciar una ayuda de 3000 millones en junio. Máximo se encargó de aplacar las disidencias con los del Frente de Todos. Se reunió con Juan Zabaleta el 19 de mayo. Una semana antes había instado a "una flexibilización ordenada" de la cuarentena junto a Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fernando Moreira (San Martín), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jaime Méndez (San Miguel). Desde entonces no volvió a pronunciarse en sociedad con intendentes de Juntos por el Cambio.
Zabaleta es el principal consultor político de Fernández en el territorio bonaerense. Igual que Katopodis, atraviesa una situación delicada en su distrito. Zabaleta aspira a ser diputado nacional. Damián Selci, primer concejal y dirigente de La Cámpora, lo sustituiría si pidiese licencia o renunciara. El ministro de Obras Públicas no se desprendió del cargo de intendente. Una doble muralla para Romina Gassman, de Nuevo Encuentro. Deberían dimitir Katopodis y Moreira, primer concejal, para ocupar ese lugar en San Martín. Un acuerdo con Máximo es inevitable para resolver sin trauma cualquiera de esos trances. Esa debilidad los condiciona para gestar una corriente política afín a Fernández en el Frente de Todos. Pero también para fortalecer la autonomía de la autoridad presidencial. Un fenómeno similar al de Perotti en Santa Fe, centro de la protesta del 20 de junio contra la expropiación de Vicentin. El liderazgo de Cristina se asienta en el conurbano, la región de mayor peso electoral y una de las pocas donde la convocatoria a la movilización tuvo efecto relativo.
La semana pasada el gobierno de Fernández hizo trascender la ayuda económica que enviaría a Santa Fe, Córdoba y Misiones. En realidad, se trata del Fondo Fiduciario de Desarrollo, que prevé distribuir este año 60.000 millones de pesos. Es decir, un préstamo. Esas provincias y la de Misiones suscribieron ese convenio. La representación de Santa Fe en el Congreso depende de La Cámpora. Córdoba viene reformulando su relación con el kirchnerismo. Misiones se resiste a dar ese paso.
Schiaretti y Herrera Ahuad suman 7 diputados. Los 4 de Córdoba integran el interbloque Federal. Y los 3 de Misiones, el de Equidad Federal. Pueden ser votos decisivos para aprobar la expropiación que impulsa el kirchnerismo. O la que propuso Perotti a Fabián Lorenzini a través de la Inspección General de Justicia de Santa Fe. El juez dictó una medida cautelar que repone al directorio de Vicentin y convierte en veedores a Gabriel Delgado y Lucio Zarich, designados interventores por el DNU 522. Delgado aseguró en Twitter: "No nos aferramos a los instrumentos." Es una declaración oportuna. Inversores internacionales le pidieron a un alto ejecutivo de una compañía una peculiar evaluación de riesgo. Cuál es la posibilidad de que una productora de semillas mejoradas sea expropiada en la Argentina. Uno de los efectos menos visibles del regreso de Cristina a la política del miedo.
