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Cuando los buitres reclaman justicia
El máximo tribunal de los Estados Unidos no aceptó tratar el diferendo que nuestro país mantuvo durante casi una década con los tenedores de bonos en default. De haber intervenido, habría sentado un precedente que lo obligaría a actuar en el futuro en cuestiones eminentemente políticas.
Sin embargo, con ello ha dejado en firme la decisión judicial que no sólo habilita a revisar renegociaciones de deudas practicadas por Estados soberanos sino que autoriza a un número marginal de acreedores que rechacen el acuerdo general a demandar el cobro integral de la deuda.
Ahora sabemos que esos tribunales relativizan el alcance que siempre han tenido las reestructuraciones de deudas soberanas
Semejante lógica rompe con las reglas básicas del concurso preventivo, es decir, del procedimiento con que cuenta un deudor para proponer quitas y esperas en el pago de sus compromisos y evitar así la situación de quiebra.
Esa es la misma lógica que muchos Estados soberanos, con acuerdo de la comunidad internacional, han utilizado para poder salir de la cesación de pagos en que cayeron sus economías.
Nueva York siempre ha sido un epicentro del sistema financiero internacional. Muchos países emiten bonos y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ante eventuales reclamos de quienes resulten tenedores de esos títulos.
Ahora sabemos que esos tribunales relativizan el alcance que siempre han tenido las reestructuraciones de deudas soberanas. Nos hemos anoticiado que para ellos, la "minoría díscola" de los acreedores cuenta con el derecho de rechazar cualquier quita o espera y demandar el cobro de la deuda en los términos originalmente pactados.
La dimensión de semejante decisión excede en mucho a los intereses argentinos. Afecta a toda la comunidad internacional que ve ahora cómo han caído las reglas del acuerdo público de acreedores que hasta aquí han venido aceptándose.
Un Estado soberano puede proponerle quitas y esperas a sus acreedores. Ellos saben que, cuando eso ocurre, el riesgo del quebranto es muy cierto. Por eso generalmente aceptan cambiar las reglas. Saben que no hay nada más complejo que intentar cobrarle a quien ha quebrado.
La deuda que el Estado argentino declaró en default exigió una difícil negociación. La propuesta soberana conllevó quitas importantes en el monto adeudado y esperas prolongadas en el tiempo de su cobro. Nueve de cada diez acreedores aceptaron la propuesta y, con los resultados a la vista, no hicieron un mal negocio. Pero ahora sabemos que el acreedor que no aceptó la oferta, cuenta con el aval de la justicia neoyorquina para cobrar la deuda integral en un solo momento.
Es difícil entender que, con criterios de justicia, la decisión del diez por ciento prevalezca por sobre la del noventa por ciento restante. Tan difícil, como aceptar que ello ocurra prescindiendo que quien debe afrontar el pago es toda la sociedad de un país.
Más inquietante resulta advertir que los beneficiados por los fallos americanos no son otros que inversores que especularon comprando la deuda en estado de default
Si ello preocupa, más inquietante resulta advertir que los "beneficiados" por los fallos americanos no son otros que inversores que especularon comprando la deuda en estado de default. Merced al reconocimiento que la justicia les ha hecho, sus ganancias serán cuantiosas.
Cuando los americanos afrontaron la caída de Lehman Brothers y la burbuja hipotecaria estalló en mil pedazos, se ocuparon de dictar normas que impidieron la transferencia de esos títulos hipotecarios a los "fondos buitre". Mientras invertían millones de dólares del presupuesto público para salvar a los bancos que irresponsablemente entregaron esos créditos, se ocuparon de que los especuladores no lucraran con esa desgracia.
Es cierto que la Argentina no tuvo la misma previsión que tuvieron los americanos. Pero también es cierto que, a juicio de sus tribunales, la voracidad de los especuladores no puede atacar a la economía americana pero sí a la argentina.
Judicialmente, el debate ha concluido. Ahora la Argentina deberá buscar el modo para hacer frente a esta nueva obligación con el menor costo social posible. Deberá hacerlo por que lo han obligado a ello y no porque crea que estos acreedores sean merecedores de lo que otros (la inmensa mayoría) no merecieron.
Pero por encima de todo, lo que esto implica para nosotros, el mundo afrontará un nuevo debate. De aquí en más, la soberanía de los Estados en materia de reestructuración de deudas se ha acotado y parece que en lo sucesivo valdrá más la pretensión de unos pocos que el acuerdo que logren las mayorías.
Decisiones que este "mundo central" nos impone, mientras acepta salvar a banqueros privados con el dinero que aporta la gente.
