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Cuando más es menos: el problema de la devaluación del Derecho
Los derechos no deberían ser meras expresiones de deseos, apelaciones a una justicia trascendental o declaraciones de principios para tranquilizar conciencias. Su función es poner en marcha mecanismos institucionales concretos para impactar sobre el mundo real. Por ello, solo deberíamos llamar "derecho" a algo cuando tenemos la capacidad y la voluntad de hacerlo efectivo. Hablar de un derecho a la felicidad, por ejemplo, es pura demagogia legal. Si no tenemos los medios para garantizar la felicidad de las personas, etiquetar como derecho lo que no es más que una expresión de deseos no hace más que devaluar el término. Si todo es derecho, nada lo es.
Lo mismo ocurre del lado de las obligaciones. Los deberes legales no deberían ser meras coartadas orientadas a deslindar responsabilidades: su objetivo es obtener conductas concretas. Por eso, no deberíamos decir que existe un deber legal de hacer algo si no estamos dispuestos a hacerlo efectivo a rajatabla. La inflación de deberes, especialmente cuando muchos de ellos exceden la capacidad del Estado de hacerlos cumplir, termina devaluando nuestro compromiso con el Derecho. Si el Estado genera un sinnúmero de deberes, que rara vez hace efectivos, ya sea porque no puede o porque no quiere hacerlo, se erosiona nuestro sentido de deber legal. Una vez que su palabra está devaluada, a ese Estado, como al pastorcito mentiroso, tendemos a ignorarlo.
Frente a este panorama, muchas veces el Estado opta por redoblar la apuesta, imponiendo obligaciones cada vez más vastas y severas. Lo hace bajo la hipótesis de que, si exige mucho, al menos obtendrá un poco. Esto, que puede funcionar en el corto plazo, no hace más que profundizar la devaluación de la ley. A la larga, un Estado que exige lo justo -en el doble sentido de la palabra- ganará legitimidad y logrará que sus normas sean acatadas. En cambio, el Estado que exige de más, más allá de alguna victoria transitoria, tenderá a socavar la base de respeto a la ley que caracteriza a las sociedades más civilizadas.
Existen dos fenómenos que suelen ir de la mano de la inflación legal. El primero es que el propio Estado se sitúe al margen de la ley, es decir, que ni el Estado esté dispuesto a cumplir los deberes generales que impone. Nada peor para el Estado de derecho que la sensación de que algunas personas están por encima de la ley porque ocupan puestos públicos. El segundo es que el Estado aplique la ley de manera selectiva: que, en lugar de hacer efectivo un número acotado y razonable de deberes de manera generalizada, opte por imponer deberes especialmente intensos a un subconjunto de la población cuya delimitación no responde a criterios neutrales y justificados. Esta selectividad puede deberse a razones mejores o peores. Puede ser que el Estado se concentre en un subconjunto en particular solo porque le resulta más fácil hacerlo. Es lo que se conoce como cazar en el zoológico. Pero también puede ser que el Estado aproveche el río revuelto de la inflación legal para discriminar a determinados grupos que no gozan de su simpatía. La historia presenta demasiados ejemplos de esto.
Por otra parte, no es difícil advertir la conexión entre este fenómeno y la corrupción: en un contexto en el cual los deberes legales se multiplican, pero se hacen efectivos de manera discrecional, abundan las posibilidades de que algún funcionario encuentre allí "oportunidades de negocio". Nuevamente, ejemplos históricos no faltan.
La devaluación legal no es un problema menor. Para evitarla, exijamos lo que es razonable exigir, y hagámoslo cumplir de manera sistemática y generalizada.
(*) El autor es Rector de la Universidad de San Andrés
