Cuba se burla de la ONU

Por José Miguel Vivanco Para LA NACION
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12 de mayo de 2003  

¿Qué duda cabe de que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no está cumpliendo con su misión? Bajo la presidencia de Libia y con la participación, como miembros de pleno de derecho, de China, Arabia Saudita y Zimbabwe, no es sorprendente que muchos de los más flagrantes violadores de los derechos humanos del mundo-inclusive los que no forman parte de la Comisión- logren eludir sus responsabilidades.

Y este año, gracias a Cuba, las cosas van a empeorar.

Cuba, cuyo período como miembro de la Comisión acaba de vencer, ha logrado con éxito renovar su participación en este organismo de la ONU. Su campaña para la reelección, si se la puede llamar así, fue un crudo testimonio del deterioro de la credibilidad de la Comisión y de la degradación de los requisitos que se exigen a sus miembros.

No, el gobierno cubano no ha pensado en poner en libertad a ningún preso político, ni en darle un respiro a la perseguida comunidad de defensores de derechos humanos, ni en hacer el mínimo gesto simbólico en defensa de estos derechos. El gobierno no siente, evidentemente, necesidad alguna de modificar sus políticas represivas para asegurarse un puesto en la Comisión.

Por el contrario, en las últimas semanas el gobierno cubano ha tomado todas las medidas posibles para demostrar su total desprecio por los ideales representados por la Comisión.

El 18 de marzo, apenas comenzada la sesión anual de la Comisión en Ginebra, los agentes de la seguridad del Estado cubano estaban muy ocupados deteniendo a decenas de disidentes políticos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, bibliotecarios independientes y otros cubanos suficientemente valientes como para cuestionar el monopolio oficial de la verdad.

Estos arrestos fueron el anuncio de una de las campañas represivas más duras del régimen cubano en décadas.

En total, fueron detenidas unas 80 personas, entre ellas algunas destacadas figuras públicas como Raúl Rivero, poeta y periodista, y Héctor Palacios Ruiz, uno de los líderes del movimiento pro democracia de Cuba. Las fuerzas de seguridad cubanas también allanaron casas en toda la isla, confiscando teléfonos con fax, computadoras, máquinas de escribir y documentos personales de los disidentes.

La misma semana en que estas sentencias fueron anunciadas, el gobierno cubano ejecutó a tres hombres que intentaron secuestrar una embarcación. Los tres fueron ejecutados a nueve días de su arresto, tiempo suficiente para que el gobierno pudiera realizar juicios sumarios y para que el Consejo de Estado, máximo órgano del Ejecutivo, aprobara las condenas.

Mientras tanto, en Ginebra, los representantes del gobierno cubano ante la ONU se afanaban por examinar la situación de los derechos humanos alrededor del mundo. También estaban negociando con otros países para garantizar su reelección como miembro de la Comisión, meta que ya lograron.

¿Cómo puede Cuba cometer estos flagrantes abusos y al mismo tiempo aspirar a un puesto en la Comisión? Lamentablemente, ante la ONU estas circunstancias no han tenido mayor relevancia. Cuba cuenta con un récord de recalcitrante incumplimiento de las resoluciones de la propia Comisión y de total desprecio por su autoridad.

Sin embargo, ello no ha impedido que, periódicamente, Cuba sea reelegida como miembro de este organismo.

En vista de la magnitud y la gravedad de la campaña represiva que se está viviendo en Cuba, su reelección para un puesto en el máximo organismo de derechos de la ONU representa una amarga derrota para la promoción universal de estos derechos. El problema no es sólo que los representantes cubanos se apresten a manipular las prioridades de la Comisión, sino que su presencia permanente en este organismo lo desprestigia.

La presencia de Cuba en la Comisión debería inspirar a las democracias latinoamericanas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Por ejemplo, deberían acordarse estándares mínimos para alcanzar posiciones que permitan excluir, al menos, a quienes abiertamente se burlan de las recomendaciones de la Comisión. América latina, que tiene aún fresco el recuerdo de muchos regímenes represivos, no debe permitir ser representada por un paria de los derechos humanos.

Países que han sido reiteradamente condenados por la Comisión, que se niegan a instrumentar sus recomendaciones, que desconocen su autoridad, que han impedido sistemáticamente misiones de investigación -el caso de Cuba se ajusta a todas las situaciones enumeradas- no deberían jamás ser considerados como potenciales candidatos para el máximo órgano de derechos humanos del mundo.

El autor es director de la organización internacional Human Rights Watch.

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