De eso no se habla: los diez tabúes argentinos

Por Raquel San Martín, Diana Fernández Irusta y Lorena Oliva

Cuando en la Argentina se habla de calidad educativa, pero no de evaluación docente; de Derechos Humanos, pero no del rol de las Fuerzas Armadas en democracia; de salud sexual, pero no de aborto; de inseguridad, pero no de una reforma en la gestión de la policía, se habla en la superficie y buena parte del debate que tendría efectos concretos queda en silencio.

Como esos temas, muchos otros tienen en el país el status de tabú: asuntos que ni oficialismos ni oposiciones se han animado en décadas a poner sobre la mesa, llenos de estereotipos, desconocimiento y corrección política, silenciados en una complicidad político-social envuelta en sentido común.

Esas discusiones demoradas, que existen con iguales o diferentes temas en otros países, tienen, sin embargo, consecuencias estructurales importantes: no discutir la coparticipación, por ejemplo, prolonga las desigualdades entre las provincias; no debatir el ingreso en la universidad deja a muchos jóvenes fuera de carrera antes de empezarla; no hablar de la separación entre Iglesia y Estado condiciona decisiones políticas; dejar fuera de debate las dimensiones poblacionales y políticas de la provincia de Buenos Aires distorsiona el mapa político y prolonga la dependencia de esa provincia del Gobierno central.

Aquí, un recorrido por diez temas que en la Argentina no pasan la prueba de la discusión informada y profunda.

1. La despenalización de las drogas

A pesar de contar con el apoyo explícito de funcionarios nacionales de primera línea, la despenalización del consumo personal de estupefacientes no logra avanzar en terreno firme. "En este punto influyen las posturas sociales ideológicamente rígidas que entienden que despenalizar equivale a otorgarles una categoría de inocuidad a las drogas, lo cual es falso: todo consumo acarrea riesgos, pero los jóvenes esperan contención y propuestas, no condenas. Un problema que debe estar en la órbita de la salud, de la cual nunca debería haber salido, requiere un abordaje social y políticas integrales e inclusivas y bien definidas", analiza Carlos Souza, presidente de la Fundación Aylen.

El actual marco legal, considera el especialista, acarrea el pesado lastre de imposibilitar el avance en temas urticantes pero urgentes, que acaban eclipsados por la errónea interpretación de quienes creen que despenalizar equivaldría a legalizar. "Despenalizar, definir cantidades para uso mínimo permitido, lugares de uso, sanciones administrativas, educativas y promoción de la salud integral esperan ser tratados, entre otras aristas. También cuestionar los consumos legales que producen aún mayor daño que las drogas: el consumo de alcohol -sus consecuencias son minimizadas por la tolerancia social-, junto con el consumo de psicofármacos."

2. El aborto

Los desencuentros en torno a la temática del aborto que se produjeron a principios de mes entre el flamente ministro de Salud, Daniel Gollán; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y algunas legisladoras del oficialismo, pusieron sobre el tapete, una vez más, la enorme dificultad para promover un debate institucional sobre esta cuestión.

"Creo que el principal problema es la ausencia de un discurso claro sobre el derecho vigente y la necesidad de respetar y hacer cumplir el orden normativo, tanto por parte de los actores políticos como de la sociedad en general", asegura Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Efectivamente -y pese a que, cada vez que resurge, la discusión se centra entre quienes están a favor y quienes en contra de la legalización de esta práctica-, en la Argentina ya existen casos de aborto legal. "Son los que se conocen como «abortos no punibles» -continúa Gherardi-, o sea, que el Código Penal no los castiga. Se trata de todos los casos de violación, y aquellos donde existe peligro para la vida o la salud de la mujer. La Corte Suprema estableció en 2012 que el Código hace algo más que no castigar; se dijo que hay un derecho al aborto es esos casos, y se exhortó a la Nación, las provincias y los municipios para que esto se cumpla." De este modo, el debate ya no tendría por qué centrarse en la legalización, sino en la discusión sobre los diversos modelos regulatorios de una práctica que está permitida en ciertas circunstancias. Las consecuencias de esta situación, además de la persistencia de la clandestinidad y la falta de estadísticas sanitarias fiables, es la estigmatización de las mujeres y los profesionales de la salud aun en los casos contemplados por la ley.

3.La evaluación de los docentes

A pesar de que existe un consenso generalizado acerca de su importancia a la hora de marcar el rumbo y el destino de la educación, la evaluación del desempeño docente, vigente en numerosos países del mundo -y, más aún, la posibilidad de que sus resultados tengan impacto salarial o en la estabilidad del cargo-, adquiere en nuestro país la apariencia de un tema tabú, del que poco se habla y menos se hace.

El hecho de que, con frecuencia, se tienda a culpabilizar a los maestros por todos los males de la educación argentina no ha hecho más que complejizar su implementación. "La defensa corporativa de la docencia convirtió esta amenaza en un tabú y ambas visiones extremas se enlazan en una espiral conservadora. Tal es así que poco se discute acerca del sistema de evaluación que está legislado por los estatutos docentes y que en la mayoría de los casos es una mera formalidad. Sólo aprovechando ese modelo se podrían dar grandes pasos adelante sin cambiar ninguna normativa", coincide Axel Rivas, investigador principal de Cippec.

Las consecuencias de esta ausencia de debate saltan a la vista. "Es tiempo de salir de los tabúes conservadores que mantienen algunas polarizaciones ineficaces del discurso ideológico. Hay que hacerlo con criterios pedagógicos, no economicistas, pero que funcionen en la práctica y generen procesos institucionalizados de mejora educativa a fin de que la evaluación docente pueda ser parte de una gran conversación pedagógica sistémica, donde el objetivo sea la mejora para la justicia social, no la persecución o los incentivos económicos."

4. El rol de las Fuerzas Armadas en democracia

Todos los avances en derechos humanos que trabajosamente logró la Argentina desde 1983 no logran ocultar un debate ausente: el rol de las Fuerzas Armadas en democracia. ¿Defender la soberanía, como dicen algunos expertos? ¿O, como se ha venido haciendo en el país, dar apoyo logístico ante catástrofes naturales, construir caminos y hasta intervenir en la lucha contra el narcotráfico, algo prohibido por las leyes de seguridad interior y de defensa? "Es un tema que implica un costo político, es un costo difícil de pagar y prácticamente no tiene ningún beneficio frente a la sociedad y los votantes. Es un tema molesto que es mejor dejar mientras no ponga en riesgo la gobernabilidad", apunta Rut Diamint, profesora de la UTDT e investigadora del Conicet y una de las mayores expertas en temas de Fuerzas Armadas y seguridad de la Argentina y América latina, becaria del National Endowment for Democracy, en Washington.

Sin embargo, este silencio de oficialismos y oposiciones no sólo responde a una memoria de la dictadura que vuelve espinoso cualquier planteo. "Los políticos le tienen miedo al tema, no a las Fuerzas Armadas. Le tienen miedo a la generación de cierta inestabilidad. Pero sobre todo hay desconocimiento. No hay gente formada en el tema. Los gobiernos se han desentendido de crear un Ministerio de Defensa profesional. No hay personal capacitado estable en ese ministerio y con cada cambio de ministro han cambiado también las cúpulas, con lo cual los que se iban formando se fueron bastante rápido", comenta Diamint. "Así, los que más saben del tema siguen siendo los militares."

Esta ausencia tiene efectos concretos, que no parecen solucionarse con las inversiones en equipamiento como la que anunció esta semana la Presidenta. "Primero, es una deuda conceptual. No se puede concebir una democracia sin un efectivo control de las Fuerzas Armadas. Prácticamente no hemos discutido para qué las queremos. El Gobierno gasta en paliativos en función de urgencias, pero sin programa", dice Diamint. "No tenemos situaciones complicadas regionalmente, pero si las hubiera no sabemos si nuestras Fuerzas Armadas pueden dar respuestas, porque no sabemos qué están haciendo. En otras áreas hay prioridades. En Defensa, no."

5. La división política de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires carga con dos marcas quizá paradójicas: la de ser una pieza clave en la contienda electoral y, al mismo tiempo, la de su fama de territorio "ingobernable". En este sentido, un nuevo tipo de división político-administrativa podría ser beneficiosa para una provincia de gestión compleja, que ha sufrido tanto la transferencia de funciones desde el poder central como el recorte de recursos. Pero el debate hasta ahora no se ha podido instalar, presumiblemente porque ningún gobernador permitiría que dividan su territorio, con la consecuente disminución de poder e influencia.

Lucas González, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Unsam, considera que la dificultad para dar esta discusión se enmarca en la conflictiva articulación entre la capacidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires para dirigir su distrito y la capacidad del presidente para gobernar la Nación. "Todo candidato a presidente necesita tejer un armado político territorial en la provincia de Buenos Aires -dice-. Este distrito tiene el 37,3% del total de los electores del país (el siguiente, Córdoba, tiene 8,7% del total). Pero en la Argentina no es lo mismo el armado territorial de la coalición electoral y el armado de la coalición de gobierno. En esta última, la provincia de Buenos Aires ocupa un papel muy particular en relación al resto de las provincias."

El politólogo explica que históricamente, y sobre todo después de la transición a la democracia, los presidentes más fuertes han debilitado mucho a la provincia más poblada del país y se han aliado con las provincias más pobres y menos pobladas. Aunque las razones son varias, entre las más relevantes está el hecho de que esta provincia tiene "al gobernador más poderoso del país y, por ende, a uno de los competidores más importantes del presidente".

Asimismo, cuando en 1992 se descentralizaron los servicios de salud y educación, la medida, más allá de haber sido pensada como una política para reducir el déficit fiscal del gobierno central, tuvo un efecto funcional al poder presidencial: "Colocó al gobernador de la provincia de Buenos Aires en una situación de mayor dependencia fiscal del gobierno central", agrega González.

6. El ingreso en la universidad

Junto con la gratuidad, el "ingreso irrestricto" ha sido una de las banderas intocables de la universidad estatal en el país, aunque la realidad lo contradiga. No sólo ya hace años se contabilizaron más de una docena de sistemas de ingreso en las universidades del país -del ingreso abierto al examen y al cupo-, sino que, en la práctica, las instituciones han venido elaborando modalidades de ingreso diseñadas para remediar las falencias del secundario, o que sirven como filtro que desalienta a muchos, aunque en rigor no se les tome un examen eliminatorio.

El resto de la restricción al ingreso, que no se nombra pero existe, se produce con la cantidad de estudiantes que abandona el primer año, que llegó a un 50% según cifras oficiales recientes. "El ingreso en la institución se puede garantizar por decreto; el ingreso en el conocimiento, no. Las universidades se han visto obligadas a ofrecer con mucho esfuerzo otra oportunidad a los aspirantes, con cursos previos y exámenes. Pero los déficits en formación básica de 13 años de educación no se arreglan con un curso de seis meses", apunta Emilio Tenti Fanfani, uno de los expertos más destacados en sociología de la educación. "No soy partidario de una prueba final de secundario. Lo pensaría una vez que se hubiera hecho una reforma profunda de ese nivel. Hoy sólo tendría un efecto de estigmatización", dice.

7. Las reformas de la policía

De las iniciativas promovidas en la provincia de Buenos Aires a fines de los años 90 a las que lanzó Gustavo Beliz en 2003 o las que se anunciaron en 2010 tras la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación: desde el regreso de la democracia, los cuestionamientos a las fuerzas policiales se han venido reiterando tanto como los intentos fallidos de reforma, y las sucesivas denuncias de connivencia entre corrupción política y policial.

"La dificultad radica en que el término «política reformista» se volvió polisémico -explica Máximo Sozzo, profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral-: en su nombre se llevaron a cabo políticas y acciones muy diferentes entre sí." Desde este punto de vista, entonces, para dar un verdadero debate sobre este tema, habría que ponerse de acuerdo sobre qué se entiende por reforma policial. "¿Qué significa «modernizar» una policía cuestionada por sus prácticas desiguales y el ejercicio de la violencia? -se pregunta Sozzo-. ¿Sólo incorporar más equipamientos o recursos humanos? ¿Montar circuitos cerrados de TV?" Otros aspectos problemáticos tienen que ver con una clase política que suele apelar a las reformas como reacción ante un escándalo (por ejemplo, el caso Cabezas o los sucesos del Parque Indoamericano) y con cierta percepción de que las posiciones conservadoras "rinden" a nivel electoral. Desde el costado de la ciudadanía, lo que se observa es que hay "protestas por una policía ineficiente, violenta y corrupta y, al mismo tiempo, el reclamo de la presencia de esa misma policía -sintetiza Sozzo-. Cierto que piden alguien que garantice una protección mínima, pero en la práctica terminan pidiendo más presencia de la policía existente."

8. La inmigración

En la Argentina conviven el "para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino" del Preámbulo de la Constitución -que una ley nacional recoge desde 2004- con la idea dicha más o menos en voz baja de que "los bolivianos, paraguayos y peruanos vienen a sacarnos el trabajo y a atenderse en nuestro hospital público". "Los estudios sociológicos muestran que en Argentina hay sectores sociales racistas y xenófobos, pero el tabú vigente impide que adquieran una expresión política equiparable a la que existe en Francia o Estados Unidos", dice Alejandro Grimson, antropólogo e investigador del Idaes de la Universidad Nacional de San Martín. "Hay buenos tabúes. Que las hinchadas de fútbol no puedan cantar contra los bolivianos porque se para el partido está bien", dice.

Sobrevive, sin embargo, una discusión sobre lo que voces más moderadas piden: una política inmigratoria. "Sería genial discutirla, si se dieran dos condiciones. Primero, que sea una política realista. La idea del siglo XIX fracasó y tampoco sirve traer poblaciones sin una política de integración e inserción, como se hizo con gente de Europa del Este tras la caída del Muro -sigue Grimson-. Por otro lado, no tiene sentido discutirla sin una política territorial en un país como la Argentina, donde un tercio de la población vive en el área metropolitana. Una política de inmigración no es una política de restricción de lo que la ley habilita, ni más allá de las restricciones que contempla, sino de promoción de casos especiales. Sería bueno discutir políticas de promoción articuladas con otras."

9. La separación entre Iglesia y Estado

Si bien la Argentina privilegia y promueve el respeto por la libertad de cultos, a nivel institucional persiste una serie de privilegios en favor del catolicismo que relativizan cualquier interpretación en favor de la laicidad del Estado argentino. Este vínculo privilegiado -que se evidencia de múltiples maneras, desde el sostenimiento del culto católico hasta la persistencia del Registro de Cultos - data de muchísimo antes de que un argentino fuera investido como Papa. Hay quienes aseguran, incluso, que puede rastrearse hasta los inicios de nuestra nación.

"En la Argentina, lo religioso -sus instituciones, sus actores, sus lenguajes y sus símbolos- ha estado históricamente presente en la sociedad política. Recordemos la participación de clérigos en la Revolución de Mayo, en la declaración de la independencia de 1816 y en la sanción de la Constitución Nacional de 1853, o la consagración del ejército a la Virgen por Manuel Belgrano", reflexiona Juan Cruz Esquivel, doctor en Sociología e investigador del Conicet. "La Iglesia Católica, en tanto institución religiosa predominante, se fue constituyendo como una de las principales fuentes de legitimidad de los procesos políticos -continúa el especialista-. Sea por la cultura católica en que buena parte de la dirigencia política ha sido socializada, o por la firme percepción del rédito extra-político que los propios actores suponen que el vínculo con las autoridades religiosas proporciona, lo cierto que la separación Estado-Iglesia no forma parte de la agenda política de nuestros tiempos."

La inexistencia de una cultura política laica -en términos de autonomía del poder civil ante lo religioso como vínculo institucional en el largo plazo- condiciona no sólo la aprobación de normativas que se presentan distantes de los valores de las religiones preponderantes, sino también los márgenes de su implementación, en los casos que tales legislaciones resultaron sancionadas, según analiza Esquivel. "Puntualmente, en temas de familia, sexualidad y reproducción, es dable advertir procesos de yuxtaposición político-religiosa que se traducen en la dilación de las discusiones parlamentarias o en la no aplicación de una ley vigente", finaliza.

10. La coparticipación federal

El sistema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias tiene una particularidad sobre otros temas tabú: es una deuda constitucional. En efecto, en la reforma de 1994 se dispuso que debía sancionarse una nueva ley en 1996. Nada se ha avanzado política o legislativamente desde entonces, aunque sí se han profundizado las consecuencias negativas de ese reparto tan complejo que algunos expertos llaman "el laberinto de la coparticipación".

Hoy, la diferencia entre la provincia que recibe más transferencias federales de recursos por habitante (automáticas y discrecionales), que es Tierra del Fuego, y la que menos recibe, que es Buenos Aires, es de entre 6 y 8 veces. "El régimen fiscal federal argentino y la coparticipación de impuestos favorece a las provincias de poca población, en general en el Sur y el Norte, y perjudica a las de mayor tamaño. En general, cualquier intento de modificar el régimen federal necesita una mayoría especial en el Congreso. Allí, las provincias más pequeñas, sobre todo en el Senado, actúan como un factor de veto. Ningún presidente va a querer arriesgarse a enfrentar esa oposición", dice Lucio Castro, director del área de Desarrollo económico de Cippec.

En los últimos años, el Gobierno, sin embargo, sí hizo algo al respecto: creó fondos nacionales que llegan directamente a las provincias, de manera discrecional y, puede pensarse, políticamente inspirada, para hacer un "bypass" al sistema federal fiscal vigente. "En los últimos diez años aumentó el margen de discrecionalidad del gobierno federal, con las leyes de emergencia económica, los superpoderes y los decretos de necesidad y urgencia", apunta Castro.

Más aún, el Gobierno ha creado otras formas paralelas de gestionar la relación con las provincias, que tienen grandes dificultades para acceder a fuentes de financiamiento alternativas. "El Estado reestructuró las deudas provinciales, de manera que más de la mitad de esas deudas quedó en manos del Estado nacional", señala Castro. Y, según datos de Cippec, mientras entre 2003 y 2010, las transferencias automáticas a las provincias aumentaron cinco veces, las que se realizaron a los municipio crecieron 52 veces.

Los efectos de esta discusión que nadie plantea son estructurales. "Nuestro sistema federal agudiza las inequidades que existen en las provincias. Hay que poner el tema dentro de la discusión más general de la distribución fiscal nacional. El presupuesto hoy es una ficción y no una herramienta de política económica. Hay que limitar el manejo discrecional del Poder Ejecutivo", dice. Y agrega un matiz. "Es un delgado equilibrio. El gobierno federal sigue siendo el instrumento más importante para mitigar las inequidades, por su capacidad masiva de inversión. Pero, a la vez, la extrema concentración en el Poder Ejecutivo genera desequilibrio".

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