De la restauración populista a la restauración privatista

No fue un hecho menor lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el martes pasado: las caras de satisfacción de los funcionarios del Gobierno, en especial las de Guillermo Francos y Karina Milei, hablan por sí solas. El propio Javier Milei enfatizó en declaraciones radiales la importancia que la media sanción de la Ley Bases tiene para el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no deja de ser eso: una media sanción. En términos futbolísticos, falta todo el segundo tiempo con un Senado en el que la influencia del bloque de LLA es aún más acotada que en la Cámara baja. Los operadores políticos del Presidente se sienten confiados, pero Luis Juez ya advirtió que deben trabajar mucho si pretenden que se apruebe sin modificaciones. “Suben Ganancias, bajan Bienes Personales… no les va a resultar nada fácil juntar voluntades”, dijo otro senador.

Aun en el caso de que este proyecto se convierta finalmente en ley y de que se concrete el Pacto de Mayo (¿o será en junio?, ¿julio?), lo que sería fundamental para dar previsibilidad y señales más claras de estabilidad y certidumbre para quienes quieran tomar decisiones de negocios, se habrá dado un paso necesario pero no suficiente para realmente mejorar el clima de inversión. Quedan dos aspectos críticos por resolver. Por un lado, la secuencia de nuevos proyectos que tiene el Gobierno en carpeta. “Tengo tres mil reformas más”, afirma Milei, con el ya tópico uso de la exageración como recurso narrativo. En claro contraste con la flexibilidad exhibida para avanzar en Diputados, el Presidente ratifica cada vez que puede su convicción transformacional y se enoja, como ocurrió en el animado discurso que dio en la cena de la Fundación Libertad, cuando se ponen en duda sus credenciales liberales y su confianza en los mercados a partir de lo que puede interpretarse como contradicciones en la ejecución de las políticas de shock, sobre todo en relación con los aumentos de las prepagas, la liberación ad hoc de importaciones de alimentos y la postergación de algunos ajustes de precios para apuntalar la tendencia a la baja en el índice de inflación.

¿Qué otras iniciativas enviará el Gobierno al Congreso luego de la Ley Bases? ¿Tratará de convertir en ley el Pacto de Mayo? ¿Buscará aprovechar el eventual momentum que ese acuerdo podría generar para enhebrar una “coalición reformista” plural y representativa de diversas expresiones políticas y sociales? Esto le permitiría capitalizar al máximo el tiempo disponible y evitarse esperar hasta las próximas elecciones para, en caso de que se produzca un resultado auspicioso, aumentar su influencia institucional y retomar la agenda de cambios estructurales. Recordemos que con la renovación parcial de ambas cámaras y en un contexto de creciente fragmentación, podría aspirar a aumentar su peso específico actual, aunque no obtendría mayorías. Por eso, a diferencia del año pasado, Milei quiere ampliar su poder territorial para no depender tanto de acuerdos y negociaciones. Pero una importante especialista en fusiones y adquisiciones se preguntaba si no convenía esperar para entender qué tenía el Gobierno en carpeta. “Tal vez mejoren aún más las condiciones iniciales si la respuesta no es la esperada”. Por eso es tan relevante que el Gobierno aclare qué más pretende reformar y cuándo supone que podría contar con el apoyo del Congreso.

El otro aspecto es quizás igual o aun más importante y tiene que ver con la calidad de la gestión del Gobierno. Más allá de los instrumentos legales, la clave consiste en la capacidad de implementación y seguimiento del impacto de las distintas políticas públicas que la Ley Bases impulsa. El oficialismo sigue mostrando un déficit en esa materia y no queda claro si cuenta con el capital humano (los equipos) para que en la práctica la ley pueda entrar en vigor con todo su potencial. Algunos gobernadores no ocultan su frustración frente a expedientes que llevan meses trabados a pesar de las promesas. “Es parte de la estrategia de congelar los gastos”, argumentan en la Casa Rosada. “No siempre es una cuestión de plata”, afirma con fastidio un líder norteño. Al margen de los qués, de los instrumentos que tanto cuesta conseguir, también es fundamental resolver la lógica de la implementación (los cómos) y los equipos a cargo (los quiénes). Desde este punto de vista, aparecen preocupantes nubarrones en el horizonte.

Por un lado, porque Milei apunta a transformar un modelo de Estado al que considera, y lo dice en sus apariciones públicas, un aparato funesto que debe ser idealmente eliminado. ¿Está en condiciones de liderar semejante metamorfosis manteniendo e incluso reforzando, cuando resulte necesario, la capacidad de regulación y sanción por parte del Estado? Ahora que vuelve la agenda privatista, ¿dotará el Gobierno a las respectivas agencias regulatorias de los recursos financieros, humanos, tecnológicos e institucionales que aseguren una propicia calidad de los bienes y servicios que deberán prestar las empresas ahora privatizadas o concesionadas? Más temprano que tarde, el Presidente advertirá que para que su programa promercado se implemente de forma exitosa y contribuya a mejorar la calidad de vida de la atormentada ciudadanía argentina, se requiere un Estado inteligente, firme, transparente y eficaz que cumpla con las responsabilidades que le atribuyen la Constitución y el acervo legal vigente.

Este fue uno de los grandes problemas que sufrieron las reformas económicas implementadas durante la década de 1990: la cancha quedó inclinada en contra del Estado y muchas empresas privatizadas no estuvieron a la altura de las circunstancias en términos de autorregulación, calidad de los servicios, cumplimiento con las pautas de inversión y hasta en algún caso el canon que correspondía. Hubo de todo, incluidas actitudes depredadoras y lisos vaciamientos de empresas sin que el Estado interviniera a tiempo para evitar las situaciones críticas que eventualmente habrían de precipitarse, como ocurrió por ejemplo con Aerolíneas Argentinas. Sería inapropiado mezclar justos con pecadores. Incluso algunos escándalos ocurrieron no ex post sino ex ante, como en el caso del “diputrucho” en la privatización del gas, que curiosamente había sido planificada de forma muy profesional y contaba con un respaldo técnico impecable.

Sería un enorme error idealizar lo sucedido durante la administración de Carlos Menem y suponer que constituye un paradigma que debe ser reivindicado en esta etapa en que la Argentina busca encontrar un camino sensato hacia un país moderno, democrático e integrado al mundo. No solo porque la agenda de transformaciones quedó inconclusa (en gran medida por la ambición personal del propio Menem, que buscó una nueva reelección). Además, nunca alcanzamos la solidez fiscal para evitar los desequilibrios que siempre explicaron nuestros sistemáticos desbarranques. Pero deben enfatizarse los enormes problemas de corrupción, desidia en asegurar los bienes públicos esenciales y falta de calidad institucional, incluyendo la politización del Poder Judicial y la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia.

Es natural que los enormes desatinos que caracterizaron la restauración populista impulsada por los Kirchner, con una acumulación de errores y horrores de política que costará muchísimo revertir, pueda relajar nuestra capacidad crítica cuando evaluamos otras experiencias del pasado, incluyendo el menemismo. Pero sería una imperdonable equivocación ignorar la historia y repetir lugares comunes y prejuicios que fueron alimentando el recorrido que llevó a que un porcentaje importante de la población confundiera la mala praxis con un capitalismo dinámico, eficiente y competitivo, que es lo que necesitamos edificar.