De la revolución a una pensión de por vida

Los tiempos cambian y los ideales, parece, también: si en los años 70 buscaban la liberación nacional y la revolución socialista, ahora los llamados ex presos políticos levantan la bandera de una pensión mensual de 6000 pesos, acaudillados por los diputados ultrakirchneristas Carlos Kunkel, Gloria Bidegain y José Mongeló, entre otros.

La lista de beneficiados podría estar poblada de kirchneristas ilustres como Kunkel; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini; el legislador porteño Juan Carlos "Canca" Gullo; el ex canciller Jorge Taiana; el empresario Gerardo Ferreyra, y el periodista Eduardo Anguita.

Son los nombres más conocidos de los miles de ex "presos políticos" que estarán en condiciones de cobrar una pensión mensual "igual a la remuneración asignada a la categoría D del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional", según el artículo 5° de un proyecto de ley que podría ser aprobado el miércoles próximo por la Cámara de Diputados. En la actualidad, es más que el doble de la jubilación mínima (2477 pesos).

Zannini militaba en la Vanguardia Comunista, un grupo maoísta, y fue detenido en Córdoba luego del golpe militar, mientras que su gran amigo Ferreyra, dueño de un holding que incluye medios de comunicación como Radio del Plata, pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fue apresado luego de un ataque contra cuatro dependencias de la Policía de Córdoba el 20 de agosto de 1975, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón, como explico en mi último libro, ¡Viva la sangre!

Kunkel era "oficial" de Montoneros y también fue detenido por la policía durante el gobierno de Isabelita, en Corrientes, un mes antes del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, en los suburbios de la ciudad de Formosa. Gullo fue apresado el 17 de abril de 1975 cuando, junto con otros compañeros, iba a cobrar una parte (7 millones de dólares) del rescate por el secuestro de los hermanos Born. Anguita, director de Miradas al Sur, fue capturado durante el ataque del ERP al Comando de Sanidad de Ejército, el 6 de septiembre de 1973, 17 días antes de la elección que consagró presidente a Juan Perón por tercera vez con casi el 62% de los votos.

En realidad, no todos los presos políticos eran partidarios de la lucha armada; todos ellos ya cobraron una indemnización, durante el menemismo. Ese dinero dependió de la cantidad de días de detención, de acuerdo con la ley 24.043, de 1991: "El beneficio será igual a la treintava parte de la remuneración mensual asignada a la categoría superior del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional por cada día que duró la medida mencionada".

Ahora, el proyecto de ley indica que podrán cobrar esta pensión graciable todas las personas que fueron puestas "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" desde el 6 de noviembre de 1974, cuando la viuda de Perón decretó el estado de sitio, que luego fue ratificado por el Congreso, hasta que terminó la última dictadura, el 10 de diciembre de 1983.

El pragmatismo alcanza también a los medios para lograr esta pensión de por vida: la jubilación especial de Zannini, Kunkel y compañía depende de que también sea sancionado otro proyecto de ley que beneficia a los parientes de una decena de soldados muertos en el ataque de Montoneros al cuartel en Formosa, el 5 de octubre de 1975.

Es que la lucha armada de los 70 dio paso a un toma y daca entre los legisladores ultra-K y la oposición por el cual ambos proyectos quedaron vinculados o "atados".

Algunos ex presos políticos no están contentos con esa negociación; sostienen que reedita la "teoría de los dos demonios" y que las víctimas de las guerrillas no merecen ningún tipo de reparación económica ni simbólica. Pero la mayoría la respalda con el argumento de que buena parte de los entre 8000 y 10.000 potenciales beneficiarios (no hay acuerdo sobre esta cifra ni siquiera entre quienes impulsan la ley) se encuentra "en situaciones muy duras de sobrevivencia".

La pensión de por vida era un viejo reclamo de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos. Su última versión dormía en el Congreso cuando a los diputados más sensibles a las demandas de esa asociación se les ocurrió negociar su aprobación con los legisladores de la oposición que impulsaban otra "reparación", en este caso a los familiares de los soldados formoseños.

En aquel ataque -llamado Operación Primicia porque fue el "bautismo de fuego" del Ejército Montonero, con sus uniformes color azul- murieron 24 personas: 12 guerrilleros y 12 defensores del cuartel, entre ellos 10 jóvenes que a los 21 años cumplían con la obligación legal del servicio militar, un sargento primero (32 años, casado, dos hijos) y un subteniente, de 21 años. En el copamiento del aeropuerto local, por donde escaparon los atacantes que sobrevivieron, los montoneros mataron a un agente de policía de 27 años, casado, una hija.

Los herederos de la mayoría de los guerrilleros muertos en la tarde de aquel domingo tropical ya fueron indemnizados como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado. A partir de la publicación de mi libro Operación Primicia , en 2010, los parientes de los 13 uniformados fallecidos comenzaron a reclamar el pago de una indemnización similar; todos ellos eran peronistas y en su gran mayoría muy pobres, pero sólo la senadora Adriana Bortolozzi se atrevió a respaldarlos en el Congreso, ya que el hecho en sí contrariaba el relato angelical de los Kirchner sobre los jóvenes de los 70. Lo prueba la propia Bortolozzi: terminó su mandato y ahora vive políticamente aislada en Formosa a pesar de que es la esposa del vicegobernador, Floro Bogado.

Los 10 soldados murieron mientras cumplían con su deber; no se habían podido tomar el franco porque no tenían dinero para viajar a sus casas, en el interior de la provincia. Este proyecto de ley, presentado por Ricardo Buryaile, diputado radical por Fomosa, fue ganando el consenso de casi toda la oposición, incluido el peronismo no kirchnerista, y de parte del oficialismo.

Ambos proyectos fueron aprobados la semana pasada por los senadores, pero todavía no quedaron convertidos en leyes porque el Senado introdujo algunos cambios menores y volvieron a la Cámara de Diputados.

Al final, es probable que los 10 soldados muertos en Formosa terminen beneficiando a los ex "presos políticos" con una pensión de por vida. Desde un punto de vista afín a la teoría de la lucha de clases que movilizó a tantos jóvenes, no será la primera vez ni seguramente la última en que los pobres subsidien a las clases medias y altas.

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