Defensa por mano propia

LA opinión pública ha vuelto a ser conmovida por un trágico episodio de defensa por mano propia. La rotunda convicción de que el monopolio de la fuerza debe ser patrimonio exclusivo e indelegable del Estado no es óbice, en esta circunstancia -tal como ha ocurrido en otras similares- para reflexionar acerca de hasta qué punto ha crecido el sentimiento público de indefensión ante el embate de la delincuencia para que se llegue al estallido de esas conductas extremas.

El ingeniero Horacio Feijó conducía su automóvil a hora temprana por la localidad bonaerense de Caseros, donde está afincado, cuando fue interceptado por otro vehículo en el que viajaban dos sujetos, uno de los cuales descendió y lo amenazó con un arma de fuego, conminándolo a entregarle el automotor. Aquel profesional, quien hace tres años había sido víctima de una salidera bancaria, llevaba consigo una pistola -tenía licencia para poseerla y portarla- y la utilizó: hirió gravemente al asaltante y mató al compañero.

Ahora, la investigación pertinente deberá determinar a ciencia cierta si hubo intercambio de disparos o si el asaltado abrió fuego por causa de la amenaza que se cernía sobre él. De cualquier forma, no sólo socorrió con presteza al herido sino que la Justicia lo liberó casi de inmediato porque consideró que había actuado en defensa propia.

¿Cuáles son los mecanismos de contención que se paralizan en la mente y el espíritu de un ser humano pacífico para impulsarlo, en una ínfima porción de tiempo y de manera insensible, a quebrantar las pautas éticas y morales que seguramente ha acatado desde que tenía uso de razón? ¿Cuáles serán, asimismo, las consecuencias físicas y espirituales que acaso empezará a padecer al tomar conciencia del acto en que ha incurrido?

Día tras día, la población recibe un sinfín de informaciones sobre episodios delictivos de toda laya. También se entera de que en muchos de ellos, los malhechores han actuado con feroz agresividad y perverso ensañamiento, cosechando un doloroso saldo de bajas que incluye a policías, a víctimas de esas correrías e incluso a terceros ajenos al hecho criminal desencadenante. En muchos casos, el temor y la impotencia llevan a sectores de la población a asumir una actitud de rebeldía o de autodefensa y a adquirir un arma -en forma legal, demuestran las estadísticas, es vendida una cada diez minutos- sin medir, en muchos casos, el alcance y los riesgos implícitos en esa determinación.

No hay duda de que la convivencia, la justicia y la existencia misma de la sociedad dependen de que el uso de la fuerza, entendida como legítimo recurso para defender las vidas y los bienes de la comunidad, sea indelegable potestad del Estado. Admitir lo contrario sería aceptar pasivamente el crecimiento de una situación anárquica y de una espiral de violencia que, a la postre, negarían la esencia misma del Estado de Derecho y conduciría inexorablemente a la disgregación social. Por lo tanto, el episodio aquí relatado constituye otra luz roja que alerta sobre la existencia de ese riesgo, que se torna más y más inminente en medida proporcional al crecimiento de la inseguridad.

Nadie, ni las autoridades, ni tampoco el conjunto de la población, puede desentenderse de la imperiosa necesidad de mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad reinantes -lo admitió el propio ministro del Interior, Federico Storani-, de modo que ningún particular, sea por el motivo que fuere, considere necesario defenderse por mano propia.