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Déficit cero: el problema es el gasto
Por Roberto H. Cachanosky Para LA NACION
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A la luz de los nuevos incrementos de impuestos aprobados por la Cámara de Diputados (impuesto a la transferencia de combustibles, aportes patronales, transacciones financieras y postergación de la rebaja de ganancias para la cuarta categoría) es evidente que la dirigencia política ha interpretado en forma errónea el concepto de déficit cero. Es más, en rigor están leyendo equivocadamente el problema fiscal argentino.
En efecto, ir a déficit cero incrementando la carga tributaria puede implicar nuevos aumentos de impuestos futuros si la recaudación no reacciona y los números fiscales no cierran, situación que no es descartable considerando la evolución que viene teniendo la recaudación. El déficit cero tiene sentido si se baja el gasto público. Ir a déficit cero esquilmando al sector privado con más carga tributaria no es una solución; es firmar la partida de defunción del sector privado y de la economía en su conjunto.
A estas alturas de la crisis debería entenderse que el problema de la economía argentina no es solamente un problema de déficit fiscal, sino fundamentalmente de nivel y calidad de gasto público. La economía argentina está agonizando porque tiene un gasto público insostenible por el sector privado, que se traduce en un impuestazo tras otro que, además, soportan aquellos que están dentro del sistema, mientras que los que están en el mercado informal mejoran su posición relativa frente a los que pagan los impuestos.
Lo que debe entenderse es que la solución pasa por bajar el gasto y no por incrementar los impuestos. Este punto es clave para hacer crecer la economía y evitar el default .
Si quienes hoy están votando más impuestos, levantando la bandera del déficit cero, simplemente miraran la evolución de la recaudación, podrían advertir que lo que están impulsando difícilmente permita la recuperación de la economía. Al respecto los números son elocuentes. En el primer semestre de 2000 la recaudación sumó $ 24.721 millones (impuestazo de Machinea incluido) contra 23.991 millones en el primer semestre de 1999. Es decir, por recaudar solamente $ 730 millones más se profundizó la recesión y se incrementó la tasa de desocupación. Pero si se miran los números del primer semestre de 2001 el resultado es mucho más categórico. En el primer semestre de este año la recaudación sumó (incluidos los aumentos de impuestos de Cavallo) $ 24.123 millones, casi $ 600 millones menos que el primer semestre del año pasado. Es más, la recaudación del IVA bruto pasó de $ 9.462 millones en el primer semestre de 2000 a $ 8.592 millones en el primer semestre del año en curso.
¿Qué puede ocurrir si se busca el déficit cero con incremento de impuestos? Simplemente que el sector privado verá disminuida su capacidad de demanda para trasladársela al sector público, con lo cual el sector privado podrá comprar menos, profundizándose la recesión, y los empleados del sector público podrán seguir comprando lo mismo. La diferencia con lo que venía ocurriendo hasta ahora es que antes el sector público gastaba aumentando su endeudamiento y desplazando al sector privado del mercado crediticio. Ahora, si no aumenta su endeudamiento el sector público no desplazará al sector privado del mercado crediticio (en rigor eso está por verse), pero le bajará su poder de compra vía impuestos. Es decir, los dirigentes políticos cambian una recesión por otra en un último intento por sostener sus privilegios.
Incertidumbre fiscal
Lo que no se advierte es que si el gasto público no se baja en forma nominal y ordenada, la incertidumbre fiscal continuará hasta que el default deje de ser un pronóstico para transformarse en una realidad y el gasto baje por la fuerza.
La secuencia lógica sería la siguiente. Dado que el sector privado va a ser ahogado por más impuestos y la inversión difícilmente reaccione ante tanta inseguridad jurídica por los cambios impositivos, la economía no va a reaccionar y la recaudación no mejorará como para sostener el déficit cero. Es más, si la recaudación no reacciona en agosto o septiembre y, por el contrario, baja, ¿aceptarán los políticos una nueva propuesta de baja del gasto público para sostener el déficit cero u optarán por una nueva confiscación impositiva?
Considerando los vencimientos de deuda pública para el año próximo (US$ 16.584 millones luego del canje), los mercados están descontando que si la economía no crece, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de hacer frente a esos vencimientos. De ahí los pronósticos de default . Obviamente que por la dinámica de los hechos el default tendría como antesala una fuga de capitales con una eventual devaluación.
En este escenario de catástrofe el gasto se licuaría en términos reales. El empleado público que hoy gana 500 dólares pasaría a ganar, digamos, 250 dólares y el jubilado que hoy gana 300 dólares pasaría a ganar 150 dólares. En el medio la actividad caería otro 15% y la desocupación subiría. Es decir, el costo de no bajar ahora el gasto público tiene como escenario un costo social, político y económico mucho mayor en el mediano plazo, con la paradoja de que el gasto público igual bajaría. ¿Por qué someter a la población a una crisis de esa magnitud? ¿Acaso creen los dirigentes políticos que podrán preservar sus actuales privilegios ante semejante caos económico y social?
Mentalidad anticapitalista
Para recuperar la economía lo primero que hay que reconstruir es la confianza de los agentes económicos. Ni los argentinos ni los extranjeros confían en las instituciones argentinas. Y no confían porque nunca se cumple con los recortes de gastos prometidos. El blindaje, el megacanje y la propuesta de déficit cero son dos de los ejemplos más recientes que pueden citarse al respecto.
Además, los mismos dirigentes políticos que durante todos estos años aprobaron en el Congreso la ley de presupuesto aceptando el déficit fiscal y el incremento del endeudamiento, encuentran como "solución" aplicarles impuestos especiales a las pocas empresas que hoy tienen utilidades, generando mayor inseguridad jurídica, más freno de inversiones y más desocupación. Si el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, quienes tuvieron utilidades ya hicieron un aporte adicional que el resto dada la progresividad del impuesto. La realidad es que, escudándose en un discurso progresista y anticapitalista, más de un dirigente político hoy está luchando a brazo partido por tratar de preservar los ingresos que necesita para mantener su empresa política. Siendo que los políticos son profesionales de esa actividad, lo que están haciendo es defender su negocio que requiere de los gastos necesarios para mantener sus aparatos políticos y sus ingresos. Esto significa que los que deben sostener ese negocio son los contribuyentes.
Afuera y adentro de la Argentina se sabe que es imposible visualizar una salida si la mayoría de la dirigencia política no se encolumna sólidamente detrás de una plan económico consistente que deje de esquilmar al sector privado para que éste comience a desplegar la gran capacidad de innovación que tenemos anestesiada.
