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Democracias con adjetivos
Por Natalio R. Botana Para La Nación
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EN 1983, el historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze publicó en la revista Vuelta , de Octavio Paz, un artículo en el cual reclamaba para su país una "democracia sin adjetivos". Tal pedido expresaba el espíritu de aquellos años, cuando en muchos países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, la democracia renacía como una convocante idea nueva.
Parecía posible, en aquel momento, instaurar una forma de gobierno que se desprendiera de los adjetivos que la habían ensombrecido durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Abundaban entonces las "democracias populares", las "democracias dirigidas" y las "democracias orgánicas": piruetas semánticas, todas ellas, para disfrazar dictaduras en la Europa comunista, en la Indonesia de Sukarno o en la España de Franco.
Revancha del autoritarismo
En 1983, el año en que pusimos en marcha nuestro régimen representativo, la democracia teñía el horizonte de los ideales. Al entusiasmo político de los años 80, duramente condicionado en América Latina por la explosiva crisis de la deuda externa, sucedió, en la década siguiente, un clima más crítico, en el que se mezclaba, en no pocos observadores, la desilusión con el desconcierto. Algo, en la delicada maquinaria de la democracia, funcionaba con dificultad, como si los legados del pasado autoritario pretendiesen tomar una pronta revancha.
Se forjaron de este modo otros conceptos que tenían la peculiaridad de adobar de nuevo la palabra democracia con una variada receta de adjetivos. Hoy es moneda corriente hablar de que en América Latina existen "democracias de baja intensidad", "democracias electorales poco gobernables", "democracias delegativas", "democracias no liberales o iliberales", "democracias imperfectas" y "democracias inmaduras" (la lista no es exhaustiva).
El rasgo común de estos enfoques tiene que ver, sin duda, con el doble reto que proponen a la democracia tanto la desigualdad social como las dificultades inherentes a nuestros sistemas económicos (endeudamiento creciente, indigencia fiscal, aumento dificultoso de la productividad y de la competitividad). Pero además esas perspectivas subrayan un generalizado estado de insuficiencia institucional o, si se quiere, una incapacidad para responder a exigencias urgentes. Estas demandas se sintetizan en el básico anhelo, compartido por el pueblo entero, de disponer de un conjunto de bienes públicos, que van desde la seguridad física hasta la educación y desde la salud hasta el control de la corrupción.
No faltarán opiniones que sostengan que este repertorio de carencias es poco original. El punto tiene mucho de cierto salvo en un aspecto. Porque esas fallas se inscriben en un escenario de participación democrática antaño desconocido, donde la acción mediática, la publicidad y las encuestas siguen el curso de intensas -y continuas- movilizaciones electorales.
Toque de atención
Este contraste entre una libertad política al fin adquirida y un conjunto de derechos civiles mal aplicados y defendidos marca los límites y posibilidades de nuestras democracias. Se trata de asumir el desafío de refundar el aparato del Estado a partir de la condición que impone el ejercicio de la libertad política. Es una encrucijada difícil que no cuenta necesariamente en su favor con la ventaja de la duración.
Siempre se adujo, con atendibles razones, que la batalla política más importante que debía librar la democracia en nuestro país era la de la duración y la alternancia: un régimen democrático que se prolongue, presidentes que alternen en el gobierno porque se respeta la Constitución. He aquí una plataforma que hace las veces de condición necesaria para darle a la democracia el suplemento que le falta. Si la insuficiencia institucional persiste, la corrupción avanza, la disciplina fiscal se relaja y el sistema representativo se esclerosa carente de ejemplaridad y de capacidad de gobierno, entonces la duración puede también jugar en contra.
La crisis que hoy afronta la democracia venezolana (en trance de cambiar no sabemos si hacia una nueva república o hacia un populismo autoritario de corte militar) muestra cómo una larga experiencia se puede desplomar al influjo de la desigualdad y el descontento popular.
No bastaron cuarenta años de democracia para impedir el desprestigio de una clase política proveniente básicamente de dos grandes partidos. Durante cuatro décadas hubo en Venezuela alternancia entre presidentes. Sin embargo, esa rotación no fue suficiente. En una democracia, la calidad de las instituciones depende de la calidad de los partidos. No hay otro camino.
Estos hechos están mucho más cerca de nosotros que las democracias de los Estados Unidos o de Europa, y colorean nuestro futuro con un toque de atención. Los argentinos hemos superado la trampa de la hegemonía y nos encaminamos hacia la alternancia. No llegamos aún a navegar con la firmeza necesaria por la ruta de una "democracia sin adjetivos".
