Detrás del imperio Yabrán

TRAS el asesinato de José Luis Cabezas, una de las primeras cosas que hizo Eduardo Duhalde fue llamar al FBI. Los agentes llegaron a la semana. Tenían varias misiones para cumplir: el atentado a la AMIA, el caso IBM-Banco Nación y la triple frontera con Brasil y Paraguay. Pero el asesinato de Cabezas los habilitó para dar un informe con lo hecho en Buenos Aires, que a la vez señalaría el crecimiento del lavado de dinero en la Argentina.

Cuando todavía no se había dispuesto ningún pedido de captura contra Yabrán comenzó a circular el informe del FBI, que contenía, en gran parte, los mismos datos que se conocían sobre Yabrán desde 1991, cuando los Estados Unidos empezaron a preocuparse por el poder del empresario postal y su control sobre la mercadería que entra y sale del país. Fuentes del oficialismo dijeron que en este informe se señala a Yabrán como parte de una organización mayor, conectada con el lavado de dinero y con el traficante de armas Monzer Al Kassar. Además se menciona el vínculo que habría desarrollado con el prófugo Ibrahim Al Ibrahim.

La gente de Yabrán estaba ajena a la misión del FBI. No se imaginaban que el tema explotaría por el lado judicial. En los primeros días de abril habían recibido un rumor que los conmocionó: la ex mujer del supuesto autor material del crimen de Cabezas, Silvia Belawsky, iba a romper el silencio. Ante este rumor, los abogados Pablo Argibay Molina y Guillermo Ledesma lanzaron una catarata de escritos apostando sacarle la causa a Macchi para enviarla al fuero federal, donde suponían tener más incidencia. Yabrán buscó apoyos políticos. Alguien le aconsejó:"Vayan a Bernasconi y lleguen a la Corte".

El martes 12 de mayo, Argibay Molina presentó un hábeas corpus para Yabrán en el despacho de Bernasconi. (...) Bernasconi, a pesar de haberse excusado luego en la causa, logró enviar el hábeas corpus a la Corte.

El viernes siguiente, cuando la misión del FBI ya había concluido, Yabrán estaba en su estancia de Entre Ríos. Luego se conoció la declaración de Belawsky, quien lo involucró como se esperaba y salió la orden de captura.

Este último año comenzó a circular una versión en la cual se manifestaba que Alfredo Yabrán había recibido amenazas telefónicas y sobres cerrados, con notas donde le decían que era hombre muerto. Eran anónimos, pero de todas maneras algo no andaba bien. A su vez, vinculada con esta circunstancia, comenzó a tomar más fuerza la hipótesis de que Yabrán era jefe intermedio de una organización inmensa y que habría sido obligado a matarse para salvar el "negocio" del cual era sólo un eslabón. No es un secreto que estas organizaciones, así como recompensan fuertemente el éxito, adopten sanciones terminales para remover ineficiencias y "lastres" del grupo.

El domingo 17 alguien les avisó a los abogados de Yabrán que lo de la Corte Suprema no iba por buen camino y que distintas fuentes del Gobierno decían que el empresario debía entregarse.

En la Corte había dos jueces del grupo más cercano al menemismo de vacaciones. De los otros siete, había cuatro (los que suelen votar contra los intereses del Ejecutivo) que seguramente iban a fallar en su contra.

Ni lerdo ni perezoso, el lunes a primera hora, Argibay Molina intentó retirar el recurso de la Corte. Alfredo pensaba que debía esperar. Que la Corte tenía muy encima el fallo por la "re-reelección" de Menem.

Pero no se trataba de una cuestión de tiempos. La visita del jefe del FBI, la sensación de la opinión pública, todo junto desembocó en la señal que partió desde el oficialismo.

Según una información exclusiva de Clarín, el martes los siete ministros que estaban en Buenos Aires ya tenían preparado un borrador para fallar en contra de Yabrán. Hasta los más afines al Gobierno le estaban cerrando la última puerta.

Ese mismo día, Yabrán llamó a su mujer. Luego llamó a Héctor Colella y le pidió que cuidara a su familia. Por la noche, escribió una carta política y otra para su secretaria Esther Rinaldi -a quien le dejó los 40.000 dólares que ya no usaría-, donde también anotó las iniciales de su sucesor.

Un día antes el dato de que Yabrán estaba en la estancia San Ignacio comenzó a circular. En la mañana del miércoles, el refugio era un secreto a voces. Hasta que la jueza Graciela Pross Laporte decidió ordenar el operativo para capturar al empresario.

"Yabrán va a ventilar el expediente Bujía", dijo uno de los amigos del empresario postal ante un funcionario de la jefatura de gabinete. No quería ir preso y sabía que tenía información de sobra para presionar al Gobierno. A Emir Yoma le recordó que habían quedado demasiados hilos sueltos en la investigación del narcogate que involucró a la cuñada presidencial: Amira Yoma.

¿Qué es el expediente Bujía con el que quiso presionar Alfredo Yabrán? Es una larga historia que sintetizaremos a continuación.

El día 11 de marzo de 1991 se hizo público el primer eslabón del célebre Yomagate, basado en una denuncia realizada por la revista española Cambio 16.

En abril de ese mismo año, Ibrahim Al Ibrahim (nombrado asesor en la Administración Nacional de Aduanas sin hablar una palabra de castellano) prestaba declaración ante la jueza María R. Servini de Cubría. En una parte de la declaración confesó:"Cuando fui designado, yo le agradecí personalmente a Duhalde, y él mismo me solicitó que cuando fueran los señores (Héctor) Lence y (Alberto) Bujía, los atendiera personalmente (...). Varias veces Bujía y Lence me llamaron desde el hotel Sasso para que recibiera a algunos pasajeros". A los pocos días, y al ver que su declaración no había tenido demasiada repercusión, Al Ibrahim insistió en que "se le reciba declaración a los señores Lence y Bujía, ambos secretarios privados del vicepresidente (Duhalde)". La jueza nunca llegó a tomar declaración a ninguno de los dos.

Corría el año 1974 y Alberto "el Negro" Bujía era secretario privado de Victorio Calabró, un hombre que había sido tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica y logró llegar a ser gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires ese mismo año.

En una época signada por la violencia, es surtida la referencia bibliográfica donde se señala que Bujía participó en enfrentamientos, emboscadas, aprietes, etc. Hasta que el 24 de marzo de 1976 irrumpió el gobierno militar y terminó preso bajo los cargos de "asesinato, asaltos varios y distribución de drogas en el sur del conurbano". Los militares detuvieron por un par de meses al Negro, hasta que en julio de 1977 lo liberaron y, ante la negativa de ayuda por parte de Calabró, Bujía pidió amparo a Duhalde. Ese sería el comienzo de una relación estrecha y duradera.

Se señalaba, además, que enrostrarían a Bujía haber logrado conquistar la confianza de poderosos clanes peronistas del noroeste del país, para quienes habría realizado trabajos que crecieron en importancia: pasó de organizar grupos de choque y pegatinas a intercambiar con las familias Saadi o Romero misteriosos paquetes. Entre los años 1983 y 1990, se lo solía ver en un Chevy rojo transportando extrañas encomiendas de las zonas de Yacuiba (Bolivia) o Salvador Mazza (Salta), ciudades en las que se administraba el tráfico de la cocaína boliviana. Se dice que Bujía afirmaba que esos paquetes eran "cajas de cigarrillos importados y perfumes franceses" para importantes caciques del peronismo.

El 16 de marzo de 1991, el destino quiso que muriera cuando su moto hizo colisión contra una camioneta, a metros de la intendencia de Lomas de Zamora. Según algunos amigos del Negro, éste estaba desbordado por el alcohol y enfiló en contramano por la citada calle. Según testigos del hecho, fue la camioneta la que se abalanzó sobre él.

Al día siguiente de su muerte, el 17 de marzo de 1991, en el marco del Yomagate, se iba a quebrar uno de los máximos imputados. Mario Caserta prestó declaración ante Servini de Cubría y, sin saber que iba a quedar como único procesado en la causa, manifestó que Duhalde era un poderoso narcotraficante de la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, analizaremos el odio que Yabrán profesaba por Duhalde, que era público y manifiesto. Tenía sus motivos.

En su primera etapa, la investigación del asesinato de José Luis Cabezas estuvo exclusivamente a cargo de la policía bonaerense que, bajo el control judicial del juez Macchi, pareció rápidamente encontrar a los culpables, adjudicando tal responsabilidad a la "banda de los pepitos", unos personajes del submundo marplatense con antecedentes de haber cometido delitos de escasa entidad, no obstante lo cual se fabricaron en forma grosera pruebas en su contra y de esa manera fueron convertidos en chivos expiatorios, para "resolver" y poner punto final sobre el crimen.

Duhalde, acorralado por la gente que peticionaba justicia y el gobierno nacional que lo hacía único responsable de la falta de resultado de la investigación, no tuvo alternativa. Adoptó un papel muy activo en la investigación, ofreció recompensa a quienes aportaran datos directos sobre el homicidio y, sobre todo, activó la hipótesis de la "pista Yabrán", que era sistemáticamente resistida por un sector importante del menemismo y no tenida en cuenta por las autoridades judiciales.

Esto no sólo le valió un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional (que insistía en que su "amigo" era totalmente ajeno al hecho) sino que además generó un nuevo escenario donde las disputas entre duhaldistas y yabranistas se convirtieron en un duelo cotidiano que sólo encontró su punto de cierre con la "muerte" de Yabrán.

(...) Alfredo Yabrán sabía que otro de los puntos fuertes para presionar al Gobierno estaba relacionado con el narcotráfico, para lo cual hay que retroceder en el tiempo y ubicarnos en 1988: año en el que Carlos Menem compitió en las internas presidenciales contra Antonio Cafiero por la conducción del Partido Justicialista.

Según voces en estricto off the record , los fondos que financiaron la campaña de Carlos Menem ese año estarían vinculados con el tráfico de droga:carteles de Colombia, personajes como Alfredo Stroessner, Muammar Khadafy, Manuel Noriega, Hafez El Assad y Alfredo Yabrán, entre otros.

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