Donda, un caso para el manual del patrimonialismo

El Dondagate se podría considerar un episodio de poca monta si se lo compara con los grandes hechos de corrupción del kirchnerismo, fuerza política a la que Victoria Donda antes se oponía con el mismo ímpetu con que ahora lo defiende. Pero, pese a la diferencia de escala, que debe mirar con olímpico desprecio un Julio De Vido, resulta sintomático de una forma de concebir el poder, el Estado, la función pública y el imperio de la ley.

Donda, que al frente del INADI lanza severas admoniciones y abre expedientes con formidable ligereza frente a nimios apartamientos verbales de la corrección política de la que se cree custodia -siempre, claro, que provengan de figuras que sean críticas del oficialismo-, es denunciada por pagarle parcialmente el sueldo a su empleada doméstica en negro, por no realizarle la totalidad de los aportes sociales y previsionales, y por intentar aprovechar su cargo para compensar esas omisiones con fondos públicos a través de la contratación de aquella en el organismo que conduce.

Las explicaciones que fue brindando solo confirmaron la veracidad sustancial de la denuncia en su contra. La documentación que aportó demuestra que Donda le abonó a su colaboradora el mismo sueldo durante 50 meses, lo que en una economía inflacionaria como la Argentina es lo mismo que decir que se lo fue disminuyendo cada mes y que ni siquiera se ajustó a los aumentos concedidos legalmente. Como la caída del salario real de su empleada en ese lapso fue tan enorme, es fácil inferir la verosimilitud de la denuncia del abogado de este respecto a que el ingreso se completaba con pagos en negro.

Donda debió haber renunciado inmediatamente. Que sea cierto que existen funcionarios que actúan con un similar modus operandi no exime de responsabilidad a quien es descubierto en la realización de conductas que son por lo menos incompatibles con la ética pública y que probablemente configuren delitos penales. Sobre todo si la persona descubierta ejerce un altísimo cargo desde el que debe velar por la no discriminación y que, además, utiliza como un instrumento para perseguir u hostilizar a opositores, como quedó en evidencia en la grotesca intervención del INADI de Donda en la usurpación del campo de la familia Etchevehere.

Es inadmisible que Donda use los recursos públicos como propios, disponiendo de contrataciones en el INADI al solo efecto de solucionar un tema personal. Esa confusión del patrimonio público con el privado se llama patrimonialismo, y es una de las lacras de los populismos autoritarios de América Latina que solo una ridícula alteración del sentido de las palabras hace que se denominen progresistas. Pero Donda no parece entender todavía la gravedad de sus actos. De otra forma, no insistiría en continuar con su raid de declaraciones en los medios, cada una de las cuales la embarra más. Así, por dar solo un ejemplo, describe a su exempleada como una persona de nula idoneidad y a renglón seguido admite que la quiso contratar en la función pública para hacerle un favor.

Esa confusión del patrimonio público con el privado se llama patrimonialismo, y es una de las lacras de los populismos autoritarios de América Latina que solo una ridícula alteración del sentido de las palabras hace que se denominen progresistas

Más grave todavía es la actitud del presidente Alberto Fernández, quien hace filtrar que se siente molesto por ese episodio pero que no le pedirá la renuncia. Parece claro, por si alguno todavía no se había enterado, de qué habla cuando dice que va a "meter mano" en la justicia. Sin dudas no será para que el Poder Judicial sea más eficaz, más ajustado a su misión de aplicar de buena fe el derecho vigente y más independiente, sino para que proteja a los corruptos, si son de su cofradía política.

Si algún resto de dignidad le queda, aunque no se lo pida el desdibujado presidente de la Nación, ¡Victoria Donda debe renunciar!

Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Juntos por el Cambio-PRO)