El acceso a derechos, una política de Estado

Santiago Otamendi
Santiago Otamendi PARA LA NACION
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28 de enero de 2019  • 14:58

El acceso igualitario a derechos es esencial para el desarrollo social y económico de un país. Por ello, es fundamental impulsar políticas de Estado que nos acerquen cada vez más a una justicia presente, pensada para las personas y que responda a los problemas de la comunidad de manera efectiva y oportuna.

Con esta idea como norte, desde el comienzo de la gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hemos avanzamos en políticas públicas que promuevan y fortalezcan el acceso a justicia de todos los habitantes del país, impulsando iniciativas para derribar los obstáculos que impidan a la población gozar plenamente de sus derechos.

Con el plan de reforma integral Justicia 2020 comenzamos a saldar una vieja deuda y asumimos su modernización y mejora como una política de Estado. Estamos avanzando hacia una Justicia más cercana, transparente y orientada a las necesidades de los ciudadanos.

A través de los más de 200 centros de atención, que incluyen 90 Centros de Acceso a Justicia (CAJ), 100 puntos de itinerancia, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) y nuestra participación en el Estado en tu Barrio, estamos ofreciendo con una visión federal atención legal primaria y dando respuesta a los problemas de la vida cotidiana de los argentinos en cada una de las provincias.

A partir de estos dispositivos ofrecemos asesoramiento y asistencia a víctimas de delitos, en casos de violencia de género y de violencia doméstica; para obtener el certificado de convivencia, gestionar un divorcio o una cobertura médica en casos de discapacidad u obtener certificados o para tramitar documentación personal, entre otro tipos de trámites legales esenciales para la vida diaria en sociedad.

Ya atendimos más 360 mil consultas en todo el país y creamos nuevos puntos de atención en zonas postergadas. En 2018 inauguramos los primeros puntos del Corredor Legal y Sanitario, un programa enmarcado dentro del Plan Belgrano destinado a brindar asesoramiento jurídico y atención sanitaria a los habitantes de comunidades rurales e indígenas del norte de nuestro país. Asimismo, para profundizar nuestro compromiso, inauguramos el primer Hospital de Derechos, un modelo de atención único en la región para brindar asesoramiento legal integral.

Este espacio ubicado en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires, que centraliza trámites que antes se hacían en 10 sitios distintos, permitiendo hacer gestiones sobre documentación, asginaciones y jubilaciones, fue diseñado con el objetivo de facilitar y agilizar el papeleo y evitar así que la gente tenga que perder su tiempo yendo de una oficina pública a la otra.

Además, ofrece un "Chequeo de Salud Legal", esto es un diagnóstico preventivo, a partir del cual se pueden identificar problemas de manera temprana y tomar medidas para resolverlos evitando mayores perjuicios.

Son muchas las acciones que estamos llevando a cabo para garantizar una justicia que esté cada vez más cerca de la gente. Un ejemplo y consecuencia de ello, es la campaña "Mi primer documento, el acceso a mis derechos" donde logramos que 2000 personas obtengan su identidad jurídica y garantizarles así todos sus derechos y beneficios, que van desde la obtención de un título o certificado escolar, hasta la posibilidad de acceder a un trabajo registrado.

También, estamos construyendo una política de Estado que les quede a los próximos gobiernos, "Justicia 2030", que alineará los objetivos planteados de Justicia 2020 con la agenda de Naciones Unidas, prevista para dentro de diez años, que promueve el acceso a la justicia y la solución de controversias como eje central para sociedades más justas y pacíficas.

Secretario de Justicia de la Nación

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