El alto costo de Vaca Muerta
La aprobación del acuerdo Chevron-YPF deja profundas lesiones en la soberanía de nuestro país, tanto desde la perspectiva económica como desde lo ambiental y lo social. Se trata, sin lugar a dudas, del peor negocio para los argentinos.
El déficit energético no surge de la noche a la mañana: es la lógica consecuencia de la falta de políticas de Estado en la materia. En lo que va de este año, este déficit se ubica por encima de los 7000 millones de dólares y es una consecuencia directa de la complicidad del Gobierno con el vaciamiento que llevó adelante Repsol en YPF y de la falta de inversión de otras petroleras sobre concesiones tomadas en las diferentes provincias.
Recordemos que mientras el Gobierno se jactaba de la recuperación energética a través de la nacionalización de YPF (menudo regalo al empresario y amigo Enrique Eskenazi), Repsol retiraba utilidades extraordinarias sin reinvertir un peso. Y con el silencio del representante del Gobierno sentado en el directorio de la empresa.
La nueva apuesta oficial es recuperar la energía mediante soluciones mágicas. El problema no se resuelve con la intervención de Chevron en Vaca Muerta, que traerá un altísimo costo económico, político, social e institucional.
En primer lugar, Chevron, la socia de nuestra "recuperación", es la misma que debe pagarle a Ecuador 19.000 millones de dólares en concepto de indemnización por contaminar 500.000 hectáreas de su territorio durante un lapso de treinta años, lo que diezmó a poblaciones originarias y los bienes comunes de la región. Ante esta situación, en vez de colaborar para que se realice el pago, el gobierno argentino buscó levantarle el embargo a Chevron (véase si no el dictamen de Gils Carbó ante la Corte Suprema) a cambio de las supuestas ventajas que traería la multinacional.
El Gobierno, a su vez, debió incluir mediante la vía de un decreto inconstitucional, que le quita al Congreso de la Nación sus facultades, una serie de ventajas que posibiliten el acuerdo: exenciones impositivas y financieras, plazos extraordinarios con respecto a las licencias, prórroga de jurisdicción en caso de litigio y libre disponibilidad de divisas.
El acuerdo con Chevron infringe también la ley general del ambiente (25.675), que establece el "principio precautorio" en materia de gestión de tecnologías o productos con riesgo contaminante. El fracking trae aparejados riesgos de contaminación que han llevado a que diferentes estados de Estados Unidos y varios países de Europa, como Bulgaria, Irlanda del Norte y Francia, hayan decidido directamente prohibir esta técnica por el impacto ambiental y social inherente a la actividad.
Esto no es todo: también se encuentra el agravante de la existencia de cláusulas del acuerdo a las que ningún argentino parece poder acceder, dado que el Poder Ejecutivo Nacional le garantizó a la empresa que el trato no fuera público. Es decir, todo en estricto secreto y lejos del conocimiento de la ciudadanía .
Tan celosas han sido las partes en mantener el secreto de lo firmado que los diputados neuquinos que votaron la concesión desconocían el acuerdo que estaban tratando en el recinto. En este contexto, en el que el ímpetu de la fe de los diputados oficialistas logró la aprobación de una concesión que no conocen, las comunidades de los pueblos originarios, que verán sus territorios afectados, no pudieron acceder, evaluar ni emitir opinión acerca del proyecto en discusión, pese a que así lo ordena la Organización Internacional del Trabajo, y la ciudadanía neuquina, dueña de los recursos hidrocarburíferos, fue reprimida ferozmente para garantizar la celeridad y el secreto de lo pactado.
La construcción de la soberanía energética es un objetivo fundamental para el desarrollo de nuestro país, pero los términos del acuerdo de Vaca Muerta demostraron que los costos sociales, institucionales, ambientales y económicos serán desproporcionados.
Nuevamente nos encontramos con un gobierno cortoplacista que carece de una planificación energética seria y que es capaz de pagar altos costos por este manotazo de ahogado que no resolverá ningún problema. Mientras tanto, somos todos los argentinos quienes padecemos su continua e irresponsable improvisación.
© LA NACION
Fernanda Reyes