El caso Maia y las infancias que quedan fuera del sistema

Desde 2010 a esta parte, nunca tuvimos menos de un 40% de chicos en condiciones de pobreza monetaria, con una tendencia creciente desde 2017 y que en 2020 llegó a 64%. En el caso de la indigencia, que por largo tiempo se sostuvo en torno a un 10%, en el último año creció hasta un 15%. Es decir, seis de cada 10 chicas y chicos en la Argentina son pobres. Frente a este panorama, no soy muy optimista respecto del efecto que el caso Maia pueda tener en los sistemas de protección, como tampoco lo tuvieron las infancias más vulnerables que fueron protagonistas de la toma de Guernica o de las de Formosa, o las muertes de niños por desnutrición en Salta el año pasado.

No puede decirse que son problemáticas nuevas, pero sí que han crecido sistemáticamente a lo largo del tiempo, y si bien los gobiernos han tomado medidas paliativas, como la transferencia de ingresos o la Asignación Universal por Hijo (AUH), que de alguna manera también es una política reparadora en términos de cuidados del niño, claramente no logran erradicar la pobreza. De hecho, ni siquiera logran bajarla o mantenerla a un nivel constante. Sin la Tarjeta Alimentar o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la tasa de indigencia hubiese alcanzado casi un 40% y la pobreza hubiese trepado a más de 70%.

Dentro de estas disparidades al interior de la pobreza, tenemos situaciones de muchísima o extrema marginalidad, como la de Maia, es decir, la de niños y niñas que viven en la calle, que están fuera del sistema. Porque no solo viven en el umbral inferior de la indigencia, sino que no tienen un espacio de vida, de hábitat propio, de inserción en la escuela, ni una periodicidad en la atención de su salud. Probablemente, el único lugar al que acuden es a los comedores comunitarios y tampoco lo hacen de forma constante al mismo lugar, porque es población que por lo general tiene un alto nivel de rotación en las ciudades, muchas veces con la complicidad de la política pública que no puede atenderlos de manera sostenida.

Estimamos que esta condición afecta a cerca de un 2,4% de la población infantil, es decir, más de 300.000 niños y niñas de entre 0 y 17 años en todo el país, con una fuerte concentración en niñas y niños de entre 5 y 12 años. Son quienes tienen vulnerado hasta lo más mínimo. Además de tener problemas para alimentarse y carecer de vivienda, quedarse fuera del sistema implica estar privados de procesos de socialización. Son niños a la deriva. Ni siquiera son un número, porque no sabemos cuántos son ni cómo están distribuidos.

A la hora de pensar políticas públicas, no se tiene en cuenta que son poblaciones muy particulares, difíciles de asimilar a los sistemas de protección del Estado, como los albergues para población en situación de calle. Son muchos los motivos y es una problemática bien compleja, que requiere poner en el centro de la agenda a las políticas de niñez y adolescencia.

Hoy estamos en una situación muy crítica y tenemos recursos muy escasos, con una clase política que todavía tiene muchas dificultades para lograr acuerdos y mucho más para poder sostenerlos en el tiempo.

Más allá de la política de transferencias, que llegó para quedarse y es necesaria, es prioritario que se activen medidas de creación de trabajo. No solo es importante económicamente, también lo es para que esos niños empiecen a crecer en hogares donde vean trabajar a sus padres. Y, además, es urgente accionar fuertemente para garantizar los derechos que los Estados tienen que asegurar a las infancias: educación y salud pública de calidad y con más equidad.

Con la pandemia han quedado expuestas estas desigualdades de una manera bastante escalofriante. El caso de Maia es uno de sus lamentables reflejos.

∗La autora es investigadora responsable del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

Por Ianina Tuñón

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