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El combate al narcotráfico y la policía bonaerense
Ya sea por mirar para otro lado o por haber sido cómplice con fines de recaudación, sectores policiales han sido corresponsables de la crisis
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LA NACION
El gobierno nacional, acompañado por varios de los gobiernos provinciales, ha decidido dar batalla al crimen organizado, con especial foco en el narcotráfico. Así lo revelan los récords de decomiso de estupefacientes y las detenciones de las cabezas de numerosas organizaciones narcocriminales. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los gobiernos es tener que reducir el avance de esta actividad violenta e ilegal con fuerzas de seguridad muchas veces permeadas y corrompidas por las redes criminales. Esto se hace especialmente evidente y crítico en la provincia de Buenos Aires, donde el involucramiento de fuerzas de la policía bonaerense en la actividad criminal es ya un problema estructural que se ha hecho más notorio a partir de la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de terminar con todas las formas de corrupción que vinculen a policías del distrito. Está comprobado que la actividad ilícita se realiza en connivencia con la bonaerense, que participa de ese vil negocio.
Esta decisión política resultó en un accionar sin precedentes que terminó con 13.771 policías sumariados, 5359 apartados, 1317 suspendidos y 436 uniformados detenidos. La medida es clave y constituye un mensaje claro y contundente de que ciertas prácticas, no sólo no serán toleradas, sino que serán investigadas y que quienes delincan o sean cómplices del poder narco terminarán en prisión. La firmeza en la decisión es vital, ya que el ciudadano requiere saber, para tener confianza en las instituciones, que aquel que debe protegerlo no forma parte, como en el pasado reciente, del accionar criminal. Existe una clara línea divisoria entre lo legal y lo ilegal, el accionar justo y la complicidad con la criminalidad. Cuando se traspasa esa barrera no sólo se quiebra la confianza pública, sino que se traiciona al resto de los compañeros de una fuerza. Esta decidida actitud de la gobernadora le ha valido una serie de amenazas en su domicilio, en Morón, y el ingreso indebido de policías a su despacho en la gobernación, lo cual ha obligado a que se mude a una base militar para asegurar su seguridad física y la de su familia.
La gravísima degradación de la policía bonaerense se ve acompañada, con frecuencia, de la complicidad de otros actores del sistema penal: fiscales, jueces y miembros del servicio penitenciario provincial que también aparecen involucrados como paraguas protector de las redes de narcotráfico. También, como se ha visto en el reciente caso de la Salada o, antes, con la fuga de los hermanos Lanatta, a menudo resultan socios de las cabezas de las mismas redes. Tampoco se puede soslayar que el avance de estas asociaciones criminales violentas, que utilizan su poderosa estructura logística para desarrollar otras actividades criminales como la trata de personas, el tráfico y alquiler de armas ilegales, los desarmaderos de autos o el juego legal e ilegal, no pudo haber crecido a este nivel sin connivencia de políticos que dominan el territorio, en algunos casos, desde hace décadas. Ya sea por mirar hacia otro lado o por haber sido cómplices con fines de recaudación, hay sectores de la dirigencia política que son corresponsables de esta crisis institucional que marca abiertamente a la policía bonaerense, pero que también afecta a todo el sistema penal distrital.
La crisis es de larga data y se profundizó en los últimos años de la gestión de Daniel Scioli como gobernador, con decisiones equivocadas que privilegiaron la cantidad de personal por sobre su calidad y capacidad de control. Así, se elevó, en pocos años, el número de policías de algo más de cincuenta mil uniformados a noventa mil, mediante un esquema de capacitación tan breve como pobre y de un notorio deterioro del proceso de selección y control, situación que se agravó aún más con la creación de las policías locales dependientes de la provincial. Los 18 mil jóvenes seleccionados y capacitados por los municipios tuvieron, en promedio, tres meses de formación y la elección respondió mucho más a criterios políticos y de amiguismo que a una verdadera selección vocacional. Los problemas de estas últimas camadas de policías provinciales y locales llevaron al gobierno distrital a reentrenar a una enorme cantidad de estos policías y a tener que dar de baja a varios cientos de ellos que no alcanzaron los estándares psicofísicos más básicos. Los bajos niveles de estas últimas camadas se verifican, luego, en las calles donde, armados, deben aplicar la ley ante una realidad compleja y violenta.
Esta situación de penetración de la actividad criminal en la policía bonaerense nos lleva a algunas preguntas ineludibles que seguramente deben estar rondando la cabeza de la gobernadora y de su equipo de conducción en estas temáticas. ¿Hay que revertir la desfederalización que le dio jurisdicción a la policía y a la justicia provincial sobre el microtráfico y el narcomenudeo? ¿Cómo lograr una mejor respuesta de la policía de la provincia en términos de prevención del delito e investigación de causas complejas mientras se produce un fuerte combate contra la corrupción interna? ¿Se debe profundizar la descentralización y transferir las policías locales a los municipios o reordenar y centralizar el esquema de 90.000 policías demasiado divididos y sin conducción clara ni incentivos definidos?
La gobernadora Vidal ha demostrado agallas para combatir a las mafias y a los policías cómplices de éstas. Deberá ahora tomar medidas estratégicas que definan cómo el Estado provincial acompañará al nacional en el combate al narcotráfico sin ser parte esencial del problema que se quiere revertir. La sociedad le ha reiterado la confianza en este enorme desafío que debería comprometer el respaldo de todos los argentinos sin distinción de banderías políticas.
