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El crimen organizado hace que la Argentina sea ya un "sicariato"
El Estado, impasible frente a este avance
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¡Ni Dashiell Hammett podría haber imaginado un comienzo de novela así! En un desolado baldío de extramuros, un vecino descubre tres cadáveres acribillados. Corresponden a tres ciudadanos ejemplares. Buenos padres de familia que cuentan con sólidos ingresos y modernos autos. Viven en Pilar o en otros barrios de la clase media acomodada. El hallazgo tiene todos los ingredientes para convertirse en un "caso" que fascine a la opinión pública: truculencia, misterio y unas víctimas con las cuales la opinión pública biempensante puede sentirse identificada: los ejecutados no son unos ladroncitos cualquiera; el triple crimen no parece un ajuste de cuentas entre hampones, sino que salpica a "gente como nosotros". Después se sabrán otras cosas. Como en un thriller...
Pero esta novela argentina no sucede en el Poisonville de Cosecha roja. No hay un detective privado que resuelva el misterio. El investigador es el Estado. Por lo tanto, falla una de las reglas del género, la que prescribe que un crimen siempre debe ser resuelto.
Ojalá me equivoque, pero, ¿se resuelve algún crimen en la Argentina? El propio gobernador de la provincia pareció aliviado cuando dijo que el de General Rodríguez "es un crimen de la mafia", como diciendo: "No nos compete". O "nos supera". Por cierto que le compete, pues ¿hay algo más preocupante para la sociedad que la impunidad del crimen organizado?
Con el episodio de General Rodríguez nos desayunamos de que la narcomafia opera hace tiempo en el país. De que los barones del crimen internacional entran y salen como Pancho por su casa. Conforme lo han difundido profusamente en TV los opinadores "mafioespecialistas" que de inmediato proliferaron como hongos, la Argentina pasó de ser un país de tránsito para el narcotráfico a ser un país de cultivo. Como corresponde a nuestra nunca bien ponderada velocidad idiomática, se creó un neologismo: el "sicariato", país del sicario, es decir, paraíso del crimen por encargo. En eso se habría convertido la Argentina.
Estas y otras escalofriantes revelaciones no parecieron alarmar demasiado al ministro de Justicia, convencido como está de que el Estado ya ha asestado fuertes golpes a la mafia. ¿Qué golpes? De paso, mientras escuchábamos sus opiniones sobre tráfico ilegal de medicamentos y otros horrendos delitos, nos hemos desayunado con que, para el ministro, el "paco" no es una droga peligrosa. De hecho, el ministro de Justicia ni siquiera está seguro de que el "paco" exista ya que "no se sabe bien de qué sustancia está hecho".
Pero, entonces, ¿qué aspiran a la vista de cualquiera miles de chicos de la calle? ¿Una lavanda aftershave ?
Entre las actividades de Forza, uno de los tres asesinados en el baldío de General Rodríguez, estaba la gestión de un laboratorio que supuestamente falsificaba medicamentos, establecimiento que donó 200.000 pesos a la campaña electoral de la Presidenta. Una opinión pública ya sensibilizada por episodios como la valija de Antonini, sobre el que aún estamos esperando explicaciones, o por tantos otros casos de corrupción denunciados y nunca dilucidados, ha registrado, atónita, este nuevo eslabón de una turbia cadena ya muy larga.
Pero no es a las actividades de una de las víctimas del triple crimen a lo que quiero referirme, sino a la situación que el homicidio desnuda: el Estado está abdicando su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es cierto que el narcotráfico es una lacra mundial, y por lo tanto sería ingenuo despotricar por que este flagelo salpica nuestras costas. Es cierto que el narcopoder es un jinete del Apocalipsis que se pasea rampante por el universo mundo. Sin embargo, una cosa es admitir la magnitud de un problema y otra es consentir la inacción ante él.
El crecimiento de la criminalidad suma a demasiados connacionales en el terror. Por grave que sea el problema, aún peor es comprobar que no basta con lo que hace el Estado para afrontarlo.
¿Ha creado el Estado cuerpos especiales de seguridad para enfrentar nuevas formas de delito? ¿Qué refuerzos presupuestarios destina el Estado a ese combate? ¿Ha inaugurado nuevas cárceles a tono con los avances mundiales en seguridad penitenciaria? ¿Utiliza -y cómo, si lo hace- los avances de la tecnología virtual para proteger a la población? ¿Se han abierto y/o diseñado escuelas y universidades que estudien estas cuestiones? En tal caso, ¿ cuándo esos profesionales estarán en actividad? ¿Es cierto que para el Estado es más importante perseguir el tránsito de narcóticos (o sus sustancias preparatorias) que su acopio o su fabricación?
Mientras redacto este artículo, un título en los diarios me llama la atención. Informa que se nombrarán magistrados especializados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se prepararán cuerpos de seguridad dotados de tecnología ultrasofisticada y que está a la firma un acuerdo nacional que suscribirán jueces, gobernadores, alcaldes, funcionarios, políticos y organizaciones sociales para hacer frente, todos juntos, a la lacra criminal. Pero esto sucede... ¡en México!
Hace ya un cuarto de siglo que la Argentina dejó atrás la pesadilla de la dictadura. Los policías que hoy combaten el delito en las calles del país estaban en el vientre de la madre o jugando con sonajeros cuando Bignone le puso la banda a Alfonsín. Hemos tenido tiempo de sobra no sólo para depurar las fuerzas de seguridad, sino para crear otras, desde cero. Unas fuerzas de seguridad democráticas, que batallen con eficacia contra el crimen.
Nada parece haberse hecho. En cambio, proliferan torvas memorias que a cada momento interfieren en el que debería ser un objetivo prioritario del Estado: proteger a la población. Hubo, en los albores de la democracia, un comisario llamado Juan Pirker, jefe de la Federal, que se puso a la tarea. Un policía ejemplar. Concitó el apoyo de la sociedad, que lo acompañó en lo que parecía una cruzada. Lamentablemente, aquel hombre se inmoló. Su salud no soportó la magnitud del reto. Un infarto masivo lo abatió sobre su despacho.
El Gran Buenos Aires es hoy una llaga que causa vergüenza a cualquier argentino bien nacido, porque allí pobreza y crimen se entrelazan. Mientras que la cantidad de villas miseria del segundo cordón ha crecido cuatro veces desde 2003, en uno de sus partidos emblemáticos, San Martín, se produce un robo cada cuarenta segundos.
Todo Estado de Derecho tiene dos deberes convergentes e irrenunciables: investigar y castigar los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad en el pasado y controlar cualquier extralimitación en la represión actual del crimen. Pero incentivar climas de sospecha y hostilidad hacia los cuerpos de seguridad de un Estado de Derecho, basándose en el pasado, es un suicidio. No comprender la demanda de seguridad que hoy formula la población, sea cual fuere su condición social, es un error político garrafal. La protección ante el crimen no es de derecha ni de izquierda. Es un anhelo de cualquier comunidad. Tan legítimo y acuciante como la protesta contra la inequidad del ingreso o la ofensa de la pobreza.
El triple homicidio de General. Rodríguez y sus detalles macabros serán leídos por los medios de comunicación como un relato espeluznante. Es inevitable, porque la realidad, como siempre, es más imaginativa que cualquier ficción. Pero detrás del lívido rostro de esta novela policial de la realidad, existe un asunto de Estado. La mafia le dejó al asesinado Forza, en la puerta de su farmacia, una silla de ruedas, como tétrica advertencia de que le iban a tirar a las piernas. Le tiraron a la cabeza.
Francis Ford Coppola estuvo varios meses en Buenos Aires, caminando por sus calles, metiéndose en todos los rincones de la ciudad mientras preparaba y luego filmaba una película que aún nadie ha visto, pero que él tituló Tetro . El país del desolado baldío de General Rodríguez es un tétrico escenario criminoso. Ford Coppola, como gran artista de este tiempo, descifra la realidad mejor que cualquier funcionario o sociólogo de época. El leyó una Argentina que es tétrica.
