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El debate presidencial en riesgo: un retroceso para la democracia y el desarrollo
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Para LA NACIONGala Díaz Langou
Los proyectos de reforma política y electoral enviados por el gobierno al Congreso proponen una gran cantidad de modificaciones. Se busca eliminar las PASO, aumentar los requisitos para conformar partidos políticos (reformando la Ley Orgánica de los Partidos Políticos), modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (en la misma línea de lo que se había incluido en la primera Ley de Bases en enero de 2024, en un sentido muy preocupante), eliminar los espacios gratuitos de publicidad y los aportes públicos para campañas electorales, fortalecer el control y fiscalización electoral endureciendo las sanciones y habilitar los aportes extraordinarios discrecionales para gastos no electorales a partidos reconocidos, entre tantos otros puntos.
Son tantas cosas las que se incluyen, que algunas quedan perdidas sin recibir la luz que ameritarían en el debate público. Este es el caso de la propuesta de eliminar el debate presidencial.
En concreto, se propone eliminar la obligatoriedad del debate presidencial, regulada actualmente en el Capítulo IV bis del Código Electoral Nacional, dejando este aspecto sin regulación específica en el nuevo marco normativo. Para entender mejor qué implica, demos un paso hacia atrás y preguntémonos primero por qué tenemos un debate presidencial.
En 2015 ocurrió el primer debate presidencial en la Argentina, que fue organizado por Argentina Debate, una organización de la sociedad civil integrada por múltiples y diversos actores (incluyendo a Cippec). El debate fue un pedido de la ciudadanía para fortalecer la democracia al permitirle comparar mejor las ideas, propuestas y personalidades de candidatos/as. Más aún, en noviembre de 2016 se aprobó la Ley 27.377, que estableció la obligatoriedad de los debates presidenciales. Esto fue un enorme avance porque promueve la transparencia y la rendición de cuentas, fomenta la participación ciudadana (al estimular el interés y la discusión pública sobre las elecciones y las políticas propuestas), ayuda a reducir la desinformación y nivela condiciones (al permitir que todos los postulantes tengan acceso a un espacio igualitario para comunicar sus ideas, sin depender exclusivamente de los recursos de campaña).
El primer debate obligatorio ocurrió en 2019. Desde Cippec analizamos su impacto y las principales conclusiones de ese estudio fueron que tuvo un impacto en la decisión del voto (especialmente entre los indecisos). Fue un debate que atrajo una significativa atención pública (con más de 3 millones de espectadores en televisión y plataformas digitales), y permitió mayor conocimiento sobre propuestas y así, el escrutinio público. Pero también se identificaron algunos espacios de mejora (especialmente en lo referido al formato, la profundidad en los temas tratados y la necesidad de un intercambio más dinámico y menos rígido).
El debate, sin dudas, es perfectible. Podríamos pensar en un esquema más eficiente, menos costoso y también más ágil y profundo. En lugar de eliminarlo, lo razonable sería mejorarlo.
Plantear su eliminación representa un retroceso por dos grandes motivos. Por un lado, porque va en el sentido contrario de fortalecer nuestra democracia y contribuir a reducir la distancia entre representantes y representados. Por otro, porque necesitamos más y mejores espacios de encuentro entre candidatos/as, donde se puedan conversar sustantivamente las propuestas y acordar un proyecto de país que priorice la solución de los problemas medulares de la Argentina a futuro y nos aleje de los cambios de rumbo pendulares que marcaron nuestro pasado. El debate, en ese sentido, no solo contribuye a reforzar la discusión acerca de esa estrategia de desarrollo común, sino que además la transparenta. Desde Cippec reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de esta práctica y seguiremos impulsando debates, independientemente de su regulación normativa. Fortalecer los debates es fortalecer la democracia.
Directora ejecutiva de Cippec
