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El debate sobre religión y Estado
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LA NACION
Es un hecho que a lo largo de nuestra historia la religión ha ocupado un lugar de importancia en la vida pública y que en los últimos cinco años ese lugar ha crecido por el hecho extraordinario de que un argentino está sentado en la cátedra de Pedro en Roma.
También es un hecho que el ordenamiento jurídico argentino y la práctica continuada en nuestra historia dos veces centenaria han reflejado la importancia que el Estado le atribuye a la religión en la sociedad, por su contribución a la socialización en la formación de los niños y jóvenes, a la estabilidad de la institución familiar, a la difusión de valores coincidentes con los que informan la Constitución de la Nación y a la ejemplaridad de dirigentes laicos y religiosos en los más variados campos de la sociedad civil, a lo largo de toda la historia.
El alcance de la laicidad en la Argentina, que apareció en distintos momentos como un problema, supo ser resuelto cada vez. La vinculación entre la esfera estatal y la esfera religiosa se debe regir en un cuadro general de autonomía y cooperación entre ambas.
La más reciente manifestación de laicismo en nuestro medio tuvo su origen en la reacción suscitada a raíz del informe del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, con relación al mal llamado "sueldo de los obispos". Lo que existe en realidad es, desde 1978, un conjunto de asignaciones, entre las que una de ellas es para los obispos, que reemplazan al "presupuesto para el culto", que existió desde siempre y que anualmente alcanza menos de 200 millones de pesos, a todas luces desproporcionado por irrisorio con relación al cúmulo de actividades que desarrolla la Iglesia Católica en el país.
En todo caso, este episodio ha servido para poner sobre el tapete al menos cuatro dimensiones que la cuestión plantea:
Que subsiste una discriminación, toda vez que otros cultos no reciben apoyo directo por parte del Estado.
Que la disposición vigente tuvo su origen en una decisión de la dictadura militar y ha sobrevivido todos los gobiernos democráticos sucesivos.
Que la actual contribución del Estado no guarda proporción con las necesidades de la Iglesia Católica y mucho menos de los distintos cultos.
Que para dar lugar a una respuesta adecuada a esta cuestión el Estado tiene una responsabilidad primordial y particular, pero no exclusiva, ya que tanto los diferentes cultos como los partidos políticos y la sociedad civil pueden contribuir en la animación de un debate que aporte elementos de juicio y, eventualmente, un consenso que respalde las leyes y disposiciones administrativas que el Estado en su momento adopte.
Existe, por otra parte, la experiencia del camino recorrido en la materia por otros países culturalmente afines a la Argentina, como España e Italia. En el caso italiano, el Estado destina a los fines de culto de las religiones adheridas al sistema el aporte al culto de su adhesión que cada contribuyente elige.
En el contexto de la necesaria reforma del sistema impositivo argentino, sería posible y conveniente que estas experiencias fueran debidamente tenidas en cuenta, ya que ellas permitirían dar satisfacción a las cuatro dimensiones de la cuestión, actualmente pendientes.
Ex embajador ante la Santa Sede
Vicente Espeche Gil
LA NACION
