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El delito afecta más a los pobres
Por Diego Valenzuela Para LA NACION
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El aumento del delito le genera tremendos costos a la sociedad argentina: desde las vidas que se pierden hasta los efectos psicológicos, a veces irreparables, que sufren las víctimas, pasando por la pérdida en términos de bienes y el retraso en el crecimiento económico que genera el crimen, al desalentar la inversión. Pero hay algo más: el crecimiento del delito también ahonda las diferencias sociales y colabora en la reproducción de la pobreza.
La inequidad no es sólo económica: vastos sectores de la población tienen serias dificultades para contar con seguridad, justicia, educación y salud. En cuanto a la inseguridad, y contra lo que muchas veces se supone, los sectores sociales más victimizados suelen ser los relativamente más pobres.
El nivel de delito aumentó fuertemente durante los contradictorios años 90. ¿Quiénes fueron las principales víctimas de ese incremento de la delincuencia? En general, se piensa que los sectores más ricos resultan los más atractivos para los delincuentes. Puede que lo sean, pero en la realidad los que más sufren la violencia delictiva no son, precisamente, los sectores de mayores ingresos. El investigador Ernesto Schargrodsky, de la Universidad Di Tella, realizó un estudio que derriba varios mitos.
Una primera conclusión es que los sectores relativamente más pobres sufrieron en mayor medida el aumento del delito que los sectores más ricos. Schargrodsky trabajó sobre robos a hogares y robos en la calle y encontró que, en el primer caso, son los sectores de menores ingresos los que sufrieron más el aumento del crimen. En cambio, tanto los ricos como los pobres sufrieron en igual medida los delitos en la vía pública.
La razón es obvia: en la calle no hay protección privada que valga (salvando algunas excepciones de gente que anda con custodia o en autos blindados), pero en el hogar se hace más notoria la diferencia de recursos a la hora de defenderse. La contratación de seguridad privada y el uso de otros métodos de protección hacen que los sectores con más recursos puedan defender sus hogares de forma más efectiva. Lo que el Estado no provee, o provee defectuosamente, los más ricos lo compran en el mercado (igual que con otros bienes públicos, como la salud). La ausencia del Estado se hace notar mucho más en el caso de las familias que no pueden pagar por seguridad privada, una garita, alarmas, cámaras de circuito cerrado, puertas blindadas, rejas o perros guardianes.
Los pobres y los sectores medios empobrecidos quedan relativamente más desguarnecidos frente a la delincuencia, mientras que unos pocos recurren a algún tipo de protección privada. Y está demostrado que al auge de la seguridad obtenida por fuera del Estado termina desplazando al delito social y geográficamente: en lugar de reducir los niveles de delito, lo traslada a las zonas menos protegidas. Para colmo, los sectores más pudientes no sólo tienen capacidad de defenderse privadamente, sino que cuentan, además, con mayor capacidad de lobby para reclamar presencia policial. Así es cómo la inseguridad termina profundizando la inequidad.
Por otra parte, a estas alturas resulta bastante claro que no es posible escindir el aumento del delito de la situación económica y de la distribución del ingreso. Desde los años 70, hay estudios con evidencia empírica que demuestran la existencia de una correlación positiva entre la inequidad en la distribución del ingreso y el incremento del delito. A más inequidad o desigualdad, también más delincuencia. Esto no significa que los pobres sean necesariamente delincuentes, sino que en una sociedad fracturada, con marginalidad creciente, suele subir el delito.
Schargrodsky cita un amplio trabajo realizado en 45 países (desarrollados y subdesarrollados) de 1965 a 1995. La conclusión es contundente: la desigualdad de ingresos tiene "un efecto cierto, significativo y robusto sobre los delitos violentos". Lo mismo ocurre con la distribución del servicio policial y el acceso al sistema judicial. Y también está sostenido por evidencia empírica que la tasa de delito violento baja cuando hay crecimiento económico, si es que también mejora la igualdad. Si hay mucho crecimiento económico, pero también mucha desigualdad, el delito no baja.
Una similar asociación positiva encontramos entre desempleo, desigualdad de ingresos y tasa de delincuencia.
Es evidente que los debates sobre inseguridad, crimen y violencia delictiva tienen un componente ideológico quizás excesivo en la Argentina. Y, además, están repletos de simplificaciones: los sectores llamados "de derecha" reclaman una acción firme del Estado para, supuestamente, disuadir a los delincuentes, dando más poder a la policía y endureciendo las penas; los a veces mal llamados "progresistas", en tanto, denuncian el regreso del Estado represor en tiempos democráticos, ahora para combatir a delincuentes. Poco les falta para que propongan eliminar a la policía.
En el medio, parte de la prensa y, especialmente, los legisladores adoptan el discurso y los reclamos de las víctimas, un poco por ignorancia, otro poco por oportunismo y mucho por demagogia.
El diseño de la política pública de seguridad, como tema complejo que es, no puede pasar por los estereotipos ideológicos: sólo más penas o sólo demonización de la policía. Hay que resistir esa dañina tentación.
El Estado democrático, más que nunca, debe intervenir en varios sentidos: para actualizar la legislación penal, si corresponde, aunque sin recurrir a parches de corto plazo para calmar el mal humor social; para depurar a las fuerzas que utiliza para prevenir y reprimir el delito, pero también para dar más seguridad a los más pobres y, especialmente, para fomentar la igualdad de todos los sectores en términos de oportunidades, ingresos e instituciones.
En este sentido, quizá sea hora de que los sectores "progresistas" se tomen en serio el tema de la inseguridad, que se liberen de prejuicios y reconozcan que el aumento del delito no afecta sólo a los más ricos, aunque ellos tengan la voz más fuerte para hacer oír su miedo. Los sectores que piden mano dura y mayores penas deberían admitir, a su turno, que los retoques hechos en las leyes, a las apuradas, no alcanzarán a paliar el problema de fondo si no hay una reforma seria de las instituciones policiales y, fundamentalmente, una mayor equidad en la Argentina.
