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El derecho a la educación superior y la creación de nuevas universidades
Pocos días atrás, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció en una entrevista la creación de cinco nuevas universidades con el argumento de que la educación superior es un derecho. El ministro enfatizó la gratuidad, la libertad de cátedra y los estándares académicos, incluyendo la educación internacional, como rasgos salientes de nuestras universidades. La apertura de cinco universidades es una buena noticia. Pero examinemos más de cerca el problema.
En primer lugar, como todos sabemos, la educación no es gratis: alguien paga el costo de las universidades. El Estado tiene un presupuesto que no ha variado. Con la apertura de nuevas universidades, los mismos recursos deben repartirse entre más jurisdicciones, en detrimento de la calidad de infraestructura de todo el sistema universitario. Para comprobarlo basta examinar las bibliotecas, laboratorios o el equipamiento informático de las universidades, sobre todo de las grandes. Esto sin hablar de los salarios.
En cuando a libertad de cátedra y estándares académicos, son necesarias algunas precisiones. Hace ya bastante que los concursos públicos son una rareza en las universidades nacionales. En mi infancia los domingos se publicaban en los diarios anuncios de concursos para cargos docentes, algo que cesó sin que a nadie le sorprenda. Al crearse nuevas universidades, el Ministerio de Educación designa un rector que a su vez convoca a los profesores para que la universidad comience a funcionar. Esos docentes, cuando la universidad se normaliza y hay elecciones, suelen votar al rector organizador que los convocó. Luego esos mismos profesores validarán sus cargos en concursos que, cuando se sustancian y son públicos (suelen no serlo), resulta casi imposible ganar a un candidato externo debido a “la antigüedad en el cargo”. La libertad de cátedra y los estándares son erosionados por el clientelismo de quienes ocupan puestos en la educación superior no por méritos académicos sino por afinidad política, amistad o parentesco.
Uno de los problemas más graves del sistema universitario argentino y que el ministro no menciona, es el exceso de cargos con dedicación simple, que no amparan la investigación. Argentina tiene uno de los salarios docentes universitarios más bajos del mundo (unos 3000 mil dólares anuales para un profesor titular). Pero lo más serio es la ausencia de cargos de dedicación exclusiva. Más del 90 % de los cargos en las universidades públicas son de dedicación simple. Por eso crear nuevas universidades resulta barato. Las cinco nuevas universidades mencionadas por Perczyk no son las únicas. Como se sabe, se creó en Buenos Aires, en un gobierno que se jacta de racionalizar el gasto público, la Universidad de la Ciudad, aunque ya exista la Universidad Pedagógica Nacional, exactamente con los mismos propósitos y en la misma jurisdicción.
Si examinamos la trayectoria de Perczyk, profesor y licenciado en Educación Física por la Universidad de Luján y con dos maestrías incompletas en las Universidades de Luján y Quilmes, vemos que carece de experiencia internacional, aunque enfatice su importancia. El ministro también fue rector de la Universidad de Hurlingham, donde, a poco de creada, se regularizaron en un solo día más de 300 cargos en “concursos”. Toda su trayectoria es en universidades del conurbano, de creación reciente y oscuro funcionamiento. Algo semejante ocurre con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, que propone cerrar 29 Institutos Superiores de Formación Docente y reemplazarlos por una universidad. La ciudad de Buenos Aires tiene uno de los gastos educativos más bajos del país, apenas el 18 % vs. el 33 % del presupuesto que invierte Catamarca (Krüger et al 2022), pero la ministra quiere seguir cortando. Acuña es licenciada en Ciencias Políticas (UBA) y Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés), dos áreas de poca relación con la educación. Como Jaime Perczyk, también posee corta experiencia en el aula. Sus políticas sin embargo revelan un uso de las universidades para hacer política educativa aunque tendrán un impacto poco auspicioso y de baja calidad académica sobre el derecho a la educación superior.
Investigador independiente Conicet; profesor invitado, Universidad de San Andrés; profesor interino, Instituto Joaquín V. González e Instituto Superior en Lenguas Vivas Juan R. Fernández
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