El desprecio hacia la prensa

El presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, visitó nuestro país el 9 del mes actual y mantuvo una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos durante 45 minutos. Luego del encuentro, y ante el requerimiento periodístico, el vocero presidencial se limitó a contestar: "Se reunieron para tratar cosas normales entre presidentes".

Que la sorpresiva visita del presidente uruguayo, enmarcada en un contexto de conflictividad internacional debido a las restricciones impuestas por nuestro país al comercio exterior, se intente minimizar como una visita rutinaria es parte de la estrategia de negación de los problemas a la que el gobierno nacional nos tiene acostumbrados desde hace nueve años. Pero la respuesta del vocero Alfredo Scocimarro se vuelve un estilete más clavado en la sangrante herida que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner le inflige, cada vez que puede, al derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos.

Los actos de los presidentes siempre son de interés público y sus decisiones, inherentes a los ciudadanos. La respuesta del vocero oficial altera ese principio para ajustarse a la estrategia comunicacional del "relato oficial" benevolente construido para justificar los excesos del poder y las arbitrariedades del "modelo".

La convocatoria a una "conferencia de prensa" -sin admisión de preguntas- en la soledad del senado el Jueves Santo demuestra que la crisis política que atraviesa el Gobierno es más fuerte de lo que se advierte

La explicación sobre la visita del presidente Mujica llegó en medio del silencio presidencial sobre la situación judicial del vicepresidente, Amado Boudou, por el caso Ciccone, extendiendo el manto protector del hermetismo presidencial como un velo de complacencia o complicidad. ¿Cómo podría explicar el vocero los hechos de los que fuimos testigos millones de argentinos durante la Semana Santa de 2012?

La convocatoria a una "conferencia de prensa" -sin admisión de preguntas- en la soledad del senado el Jueves Santo demuestra que la crisis política que atraviesa el Gobierno es más fuerte de lo que se advierte, pero también expresa el desprecio que desde el poder se tiene por la verdad y el derecho a saber de todos los ciudadanos.

La imposibilidad de formular preguntas acabó abruptamente con el insólito paso de comedia que desplegó el vicepresidente para acusar a otros y desligar su responsabilidad en infinidad de acusaciones y denuncias de confabulaciones en su contra. También terminó con el respeto por la libertad de expresión, la libertad de prensa y la valoración de la labor de los periodistas como pilar del sistema democrático.

En un país donde el ataque a medios y periodistas es moneda frecuente, muchos no se horrorizaron al escuchar las acusaciones del vicepresidente a los periodistas. Esbirros, esclavos, empleados de mafiosos fueron palabras repetidas en la letanía de su exposición. Esos adjetivos ofenden a sus destinatarios, pero mucho más ofende a la sociedad la actitud de un gobierno que naturaliza el ataque a los periodistas, coarta la libertad de prensa promoviendo normas en contra de los principios constitucionales, no brinda conferencias de prensa ni acepta preguntas y, con todo esmero, obstruye la sanción de leyes fundamentales como la de acceso a la información pública o la de regulación transparente de la publicidad oficial en el Congreso Nacional.

En un país donde el ataque a medios y periodistas es moneda frecuente, muchos no se horrorizaron al escuchar las acusaciones del vicepresidente a los periodistas

La defensa de la libertad de expresión no es un debate ajeno ni un conflicto de intereses entre un gobierno y determinados medios, sino un derecho de cada uno de los habitantes de nuestro país. Brindar información pública y, por sobre todas, las cosas rendir cuentas es obligación de los gobernantes. Nadie está exento del ojo escrutador de la ciudadanía ni fuera del alcance de la Justicia en una democracia sana, y eso justamente es lo que hoy se pone en debate. Ya señalaba el juez Black hace más de cuatro décadas en un fallo de la Corte Suprema norteamericana sobre la filtración de "los Papeles del Pentágono" y la guerra de Vietnam en The New York Times: "Sólo una prensa libre y sin cortapisas puede expresar eficazmente su decepción por la actuación del gobierno".

Un periodista que se anime a expresar hoy en la Argentina algo que no sea adulación hacia el Gobierno se convierte en esbirro, esclavo o enemigo de la patria. Ante esta formidable presión cabe preguntarse: ¿hasta cuándo resistirán los que se siguen animando?

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