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El eslabón más débil
Por Mabel Bianco Para LA NACION
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ENTRE hoy y el viernes se desarrollará en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, la Sesión Especial por los Niños. En 1990, cuando se realizó la Cumbre Mundial de la Infancia, muchos jefes de Estado o sus representantes asumieron el compromiso de la defensa de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto generó una gran esperanza. Lamentablemente, doce años después debemos reconocer que es poco lo que se logró, y la deuda social que hoy tienen los gobiernos con los niños se ha acrecentado en la mayoría de los países.
En la Argentina, la situación de niños y adolescentes se ha deteriorado francamente. Son el eslabón más débil en la cadena de la crisis. Recientemente, el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro) informó que el número de menores que viven en hogares pobres alcanzó el récord de 7.082.200, es decir, la mitad de los menores de dieciocho años. Y aumentó el número de adolescentes que no estudian ni trabajan. Esto se ve agravado por el aumento de la violencia en todas sus formas, particularmente la sexual, que sufren los adolescentes, varones y mujeres. Casi todos los días hay noticias de adolescentes violadas y asesinadas en el país. La pobreza extrema está empujando a miles de niñas, niños y adolescentes a prostituirse o a delinquir, como estrategia de supervivencia familiar.
Servicios públicos
El rango constitucional dado en la Argentina en 1994 a la Convención sobre los Derechos del Niño nos obliga garantizar derechos básicos, como el derecho a la educación y la salud. La sesión especial es una oportunidad de reforzar ese compromiso. La Argentina, igual que los otros países latinoamericanos del Grupo de Río, debe insistir en los puntos acordados en conferencias mundiales anteriores, que impulsan a los países a adoptar políticas públicas especiales para que los más pobres también puedan ejercer estos derechos.
Los servicios públicos de salud deben garantizar el derecho a la salud, incluida la sexual y reproductiva, principales problemas de salud de los adolescentes. Estos servicios son hoy inalcanzables para las familias pobres: por eso el Estado debe proveerlos gratuitamente en los hospitales y centros de salud. Las familias que viven bajo la línea de pobreza, que hoy son en el país el 40 por ciento, no pueden pagar esta atención. El ejercicio de este derecho humano básico no puede quedar librado al mercado; el Estado debe asegurar la igualdad de posibilidades y acceso.
Más que nunca es necesario resguardar el acceso a la escuela de miles de niños y adolescentes. Para eso, las becas escolares y los comedores deben ser una prioridad para los chicos de familias por debajo de la línea de pobreza. En esta materia hay que concentrar y fusionar programas.
Escuela y familia
Los fondos hoy destinados a institutos de menores serían mejor empleados en apoyar a las familias propias o adoptivas en la crianza y contención de esas niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, las voces que oímos recomiendan bajar la edad y endurecer la penalización, para gastar, en una política de reclusión, lo que no gastamos en una de inclusión. Irónicamente, nuestra sociedad no les permite a los adolescentes, por ejemplo, atenderse en servicios de salud sexual y reproductiva, pero sí pretende penalizarlos y encerrarlos. Mientras declamamos que los niños son prioridad, los desconocemos como personas y los castigamos a la ignorancia, el abuso sexual, la delincuencia, el maltrato y el sometimiento, sólo por su edad. Por ser niños y adolescentes son además sospechosos.
Hoy más que nunca tenemos que asegurar los derechos de los niños. Para eso nuestro compromiso dentro y fuera del país tiene que ser coherente. Esperamos que la posición Argentina en las Naciones Unidas consolide la trayectoria evidenciada en las sesiones preparatorias, y que sea acompañada por la pronta sanción en el Senado de la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes, aprobada por gran mayoría en la Cámara de Diputados el año pasado.
