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El espionaje, algo en común entre Cristina y Macri
La crisis abierta en el oficialismo por la necesidad de ajustar el gasto público habilita nuevas interpretaciones sobre el alcance de "los funcionarios que no funcionan", la metáfora más inquietante de la carta que Cristina Kirchner dio a conocer hace un mes. Lo que está en discusión es si la lista merece ser ampliada a exceptuados de ella por no pertenecer al círculo de Alberto Fernández, destinatario tácito de la misiva. Una corrección que permitiría establecer hasta dónde es una especulación interesada la supuesta irritación que le provocó a la vicepresidenta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que derivó en su viaje a El Calafate. Hay algo que es cierto. Para Cristina no tiene el nivel de prioridad que le asigna a que la influencia de su liderazgo electoral se refleje en el Poder Judicial.
El fallo de la Corte en el
Las causas que enfrenta son atribuidas a esa deficiencia de su gestión presidencial que pretende rectificar. El fallo de la Corte en el per saltum de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli conspira contra el proyecto de desplazar a los dos primeros de la Cámara Federal para completar así cuatro vacantes sobre un total de seis miembros. Bruglia y Bertuzzi fueron confirmados en la Sala I hasta que sus lugares sean cubiertos por un concurso del que podrán ser parte. Si prospera el pedido de Eduardo Farah para volver a la Sala II desde los tribunales de San Martín, limitará las vacantes disponibles a una sola. Entre quienes aspiran a ocuparla, el que cuenta con más posibilidades es Roberto Boico, defensor de Cristina en la causa por el memorándum con Irán.
Hay otro detalle que incidiría en el ánimo de Cristina. La inclusión de Castelli en lugar de Federico Villena entre los primeros casos de traslados que revisó el Senado a pedido del Consejo de la Magistratura. Castelli es el titular del Tribunal Oral Federal 7, que la juzgará por la causa de los cuadernos. Esa urgencia no disminuye su interés por lo que ocurre en el Juzgado Federal N° 1 que subroga Juan Pablo Augé.
Allí se tramita la causa por supuesto espionaje ilegal a ella y otros dirigentes políticos en el gobierno de Mauricio Macri. Villena la tuvo a cargo hasta que fue apartado por la Cámara Federal de La Plata. Las indagatorias dispuestas por Augé desde el 20 de noviembre para 25 imputados, entre los que figuran Arribas y Majdalani, exdirectores de la AFI, dan relieve al asunto.
Villena fue recusado por Jorge Saiz, Leandro Areque y Facundo Melo, los exespías que denunciaron a la Cámara que el magistrado los investigaba por las tareas de inteligencia que les había autorizado en el marco de la Cumbre del G-20 y la XI Conferencia Ministerial de la OMC. Antes de ser desplazado, Villena había reclamado a la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora la causa por supuesta asociación ilícita entre Pablo Moyano y barras del club Independiente de Avellaneda. También había declarado la incompetencia de la jueza de Garantías Laura Ninni en otra por un homicidio concretado por una banda narco que le solicitó con anterioridad.
La intervención de Melo es el único nexo entre ambas. En la de Independiente, a favor del barra Damián Lagaronne, que en noviembre de 2019 se convirtió en colaborador arrepentido en esa causa. Lagaronne denunció el 13 de diciembre que fue presionado por Melo y Daniel Llermanos, defensor de Moyano, para que desista del acuerdo alcanzado con la Justicia y acepte al exdirector del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel como nuevo abogado.
A cargo de la Unidad de Delitos Complejos de Lomas de Zamora, el fiscal Sebastián Scalera imputó a Llermanos y Hortel el delito de coacción. En el pedido que realizó para dejar sin efecto su llamado a indagatoria, Llermanos admitió conocer a Melo desde septiembre de 2018: un mes antes de que el juez de Garantías de Avellaneda, Silvio Carzoglio, denegase a Scalera el pedido de detención contra Moyano. Carzoglio y Llermanos tienen en común a los hermanos Raidán. Javier defiende a Llermanos y Diego a Carzoglio, suspendido hasta que sea sometido a juicio político por la Legislatura bonaerense. Los Raidán tienen vínculos estrechos con Julián Álvarez. El exministro de Justicia se especializa en defender barrabravas.
Llermanos podría ser un eslabón inesperado entre las causas de Independiente y la de supuesto espionaje ilegal, si se confirma la existencia de escuchas telefónicas desprendidas de la que investigan Augé y la fiscal Cecilia Incardona. En ellas, conversaría animadamente con Saiz, Areque y Melo. Los exespías que lograron recusar a Villena. ¿Intercambiaron información? Habladurías de pasillo en los tribunales de Lomas de Zamora.
Uno de los tramos con mayor interés para el kirchnerismo es el de las aparentes escuchas ilegales a exfuncionarios de Cristina detenidos en el penal de Ezeiza. El llamado a indagatoria de Elisa Carrió pedido a Augé por Graciana Peñafort y Alejandro Rúa avanza en la hipótesis que intenta ser demostrada en el expediente. Los lazos de la AFI y la denominada mesa judicial que habría asistido a Macri en su gobierno.
Los abogados de Boudou sostienen que el área jurídica de la AFI, a cargo de Juan Destéfano, filtró las escuchas con las que Carrió denunció un complot para apartar al fiscal Stornelli de la causa de los cuadernos. En su declaración testimonial, el barra Lagaronne señaló que, además de Hortel, Melo le propuso otro letrado, de apellido "Peñaflor", para ejercer su defensa. A Destéfano se lo sindica como integrante de esa mesa judicial.
Carrió no es parte del llamado a indagatoria de Augé que incluye a Destéfano y a Emiliano Blanco, extitular del Servicio Penitenciario Federal, pero no a quien era su superior. Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Justicia y delegado del Ejecutivo –es decir, de Macri– en el Consejo de la Magistratura. Juan Bautista es un buen amigo de Wado de Pedro. Igual que su padre, Carlos, trasladado a la Cámara Federal de Casación desde el fuero ordinario con el aval del Senado. ¿Bastará para que su cargo no sea concursado después del per saltum de Castelli, Bruglia y Bertuzzi? Todos tienen a Mercedes como origen de una línea judicial que logró pocos avances en Lomas de Zamora.
¿Será esa demora lo que irrita a Cristina? Hay un dato que alimenta esa suspicacia. Juan Bautista es el procurador general de la ciudad. De Pedro es uno de los funcionarios más ponderados por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del gobierno porteño. El fin de semana, la Cámara de Casación Penal reclamó que ese tramo de la causa pase como el resto a los tribunales de Comodoro Py. Los testimonios que deberán prestar Majdalani y Arribas el 9 y el 10 de diciembre podrían servirle a Incardona para avanzar con la acusación en su contra: falsificar documentos públicos. Para eso debería probar que la autorización de Villena a los espías fue posterior a sus acciones. Existe un problema. El 5 de febrero de 2019, la fiscal se notificó de la decisión adoptada por el juez un día antes. Hacer que ese permiso expire.
La defensa de los imputados tiene otra tarea. Demostrar que Incardona no objetó las acciones de Villena en una causa compleja que ventila en la Justicia las aristas más opacas de una disputa política entre Cristina y Macri con el centro de la escena ocupado por el espionaje. Algo que los expresidentes tendrían en común.
