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El estado del ambiente
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LA NACION
Nuevamente se ha presentado el informe anual sobre el estado del Ambiente del país. En este caso, reúne información clave sobre la situación de la Argentina durante 2017. Se trata de una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental nacional, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y un trabajo de análisis que representa la visión institucional de la máxima autoridad en la materia, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas, y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades productivas.
Establecida como una de las obligaciones del Estado nacional a través de la ley general del ambiente, este informe implica la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país a partir de 2002.
El informe 2017 tiene, en primer lugar, la virtud de conformar un hito institucional que se presenta por segunda vez desde el comienzo de esta gestión. Debe ser esto resaltado ya que, con anterioridad, se había puesto a disposición de la ciudadanía en una sola oportunidad, en 2012, y con diez años de mora después de la sanción de la norma.
No resulta ocioso insistir en que la información constituye un derecho elemental para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, que permite a los gobernados ejercer un efectivo control de los actos llevados a cabo por sus mandatarios. El principio 10 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, de 1992, establece además que "toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluidas la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones...". Es por eso que la presentación del Informe Ambiental Anual va en línea con la reciente firma, por parte de la Argentina, del primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo Escazú, que no es ni más ni menos que el primer tratado legalmente vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Un acuerdo que requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el mencionado Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río, de 1992.
La trascendencia del informe ambiental anual reside, además, en obtener una trazabilidad sobre los efectos que nuestras actividades productivas tienen sobre el ambiente. De este modo, constituye un indicador que permite adecuar el sector productivo a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas, que deberían constituir un parámetro de referencia para todos los ministerios de la Nación.
El informe, que puede ser descargado por completo en www.argentina.gob.ar/ambiente, contiene una compilación de datos y estadísticas sobre la situación de los glaciares, área donde se completó el Inventario Nacional de Glaciares del país; la lista de humedales de importancia internacional; la contabilización de 483 áreas naturales protegidas, lo que representa el 13,14 por ciento de la superficie del sector continental del país; la conservación de los bosques nativos; el estado de la biodiversidad de los suelos, en muchos casos afectados por erosión; el cambio climático; los residuos, los cambios en la matriz energética, el desarrollo de las energías renovables; las plantaciones forestales y la pesca, entre otros. Tener conocimiento de las condiciones ambientales en las que se encuentra nuestro patrimonio natural permite adoptar políticas públicas basadas en información confiable, algo imprescindible para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El informe del Ambiente 2017 es una herramienta de trabajo imprescindible. Elogiable por su continuidad y esencial no solo para conocer la situación del país, sino fundamentalmente para reflexionar sobre las actividades que deben incentivarse y aquellas que deben transformarse en sostenibles para que la Argentina pueda asegurar una calidad de vida a las futuras generaciones.
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