El éxito de la única reforma laboral de Macri

Muchos de los empresarios que escucharon al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, hablar de la necesidad de insistir en una reforma laboral en el último coloquio de IDEA desearían que los vientos de cambio en la región, impulsados por la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, ayudaran a la sanción de un conjunto de normas flexibilizadoras del mercado de trabajo, semejantes a las aprobadas por los brasileños el año último. Sin embargo, desde el propio Gobierno se admite que las circunstancias políticas presentes tornan impensable una reforma de ese tipo.

Durante la gestión de Michel Temer , Brasil dio a luz un nuevo ordenamiento jurídico laboral que aumentó los niveles de libertad de contratación; hizo que los acuerdos entre un trabajador y su empleador y los convenios por empresa prevalecieran sobre los convenios colectivos por actividad; generó la posibilidad de que un trabajador autónomo pueda prestar servicios para un único empleador sin estar atado a una relación de dependencia laboral, y redujo en un 30% el costo de la indemnización por despido.

En el mismo período, el gobierno de Mauricio Macri impulsó varios cambios en la legislación laboral, pero hasta el momento ni siquiera pudo avanzar en un blanqueo de trabajadores que parecía contar con amplio consenso entre empleadores y sindicalistas. Y no pocos observadores entienden que el mejor momento político para avanzar en más reformas laborales ya ha pasado.

El propio Sica reconoció que la única reforma laboral generada por consenso de todas las partes ha sido la reforma de la ley de riesgos del trabajo, que data de febrero de 2017. Los primeros resultados positivos de esta nueva legislación ya están a la vista: mientras que en 2017 los nuevos juicios por accidentes de trabajo sumaron más de 130.000, para 2018 se proyecta una cifra de aproximadamente 83.400, lo cual implicaría una reducción del 37%, según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Lo más destacable de esto es que, por primera vez en la historia, la litigiosidad de un año será inferior a la del año anterior.

Desde 2003 hasta 2017, no hubo año en que los juicios promovidos por accidentes y enfermedades laborales no registraran un incremento. Los 3012 juicios registrados en 2003 treparon a 17.232 en 2007, a 57.646 en 2011 y a 106.021 en 2015. Durante la gestión de Macri, siguieron subiendo, a 127.503 en 2016; pero en 2017, cuando entró en vigor la nueva ley de riesgos del trabajo, el aumento sólo fue del 2%, hasta llegar a 130.684 nuevos juicios. En lo que va de 2018, hasta septiembre, se han registrado 61.803, con una proyección hasta fines de año de poco más de 80.000.

En septiembre de este año se notificaron a las ART 6396 juicios, lo cual representa una caída del 47,3% respecto de igual mes del año pasado.

Hasta el momento, suman 14 las provincias adheridas a la nueva legislación. Entre las que no adhirieron se encuentra Santa Fe, que hasta el año último acumulaba el 12% de todos los juicios y hoy concentra nada menos que el 22,5%. Se trata de un dato que da cuenta del éxito del flamante sistema, por cuanto la siniestralidad ha disminuido en los distritos que se acoplaron a él, mientras que no cayó en las provincias que permanecieron fuera de él.

La ley nacional de riesgos del trabajo introdujo una instancia obligatoria y previa a un eventual juicio: las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar si se está ante una enfermedad laboral, el grado de discapacidad y el monto de la indemnización, en un plazo perentorio de 60 días. Si el trabajador no está de acuerdo con el veredicto de esta comisión, podrá recurrir a una comisión médica central y, finalmente, a la Justicia. La norma también estableció mejoras en los coeficientes para el cálculo de las indemnizaciones.

Si bien la aplicación de la norma ha bajado sensiblemente la litigiosidad, desde las ART se reclama por la demora en la conformación de los cuerpos médicos forenses (CMF) en el ámbito de la justicia laboral en cada una de las 14 provincias que adhirieron a la ley.

De acuerdo con fuentes de la UART, la no conformación de estos cuerpos provoca que el pasivo judicial se multiplique y puede generar un desvío de hasta 188 mil millones de pesos por los excesos en pericias judiciales que no se atienen al Baremo si son tomadas en las sentencias judiciales. La entidad que agrupa a las aseguradoras también advirtió sobre abusos en la aplicación del concepto de "incapacidades psicológicas" en causas judiciales de lesiones aparentemente menores, tales como esguinces y torceduras. Y señalan que un claro incentivo para aumentar los daños periciados puede relacionarse con el hecho de que los honorarios de los peritos aún siguen siendo un porcentaje derivado del monto de la sentencia.