El Gobierno ante el FMI: entre la necesidad y el estilo bravucón

No son pocos los analistas políticos y económicos que descuentan que, más tarde o más temprano, se concretará el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI por la renegociación de la deuda del Estado con el organismo internacional. Pero son muchos más los que dudan de que la Argentina pueda cumplir con los compromisos que adquiera como parte de ese hipotético entendimiento.

Entre los principales líderes de la coalición gobernante, no hay uno solo que no esté persuadido de que alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario es imprescindible, más allá de lo doloroso, y de que no hacerlo solo comprometería el deseado camino hacia el crecimiento económico. Hablamos del presidente de la Nación, de Sergio Massa e incluso de Cristina Kirchner.

La propia vicepresidenta, más allá de la habitual dureza de los dirigentes de su sector hacia el organismo financiero internacional, sabe que el acuerdo con el FMI será el menor de los males. Eso sí, está convencida de que la manera de llevarlo a cabo es persuadiendo a todo el mundo de que el único responsable del gigantesco endeudamiento del Estado argentino es Mauricio Macri.

Pero el hecho de que los mencionados referentes políticos del Frente de Todos estén dispuestos a pactar –incluso a regañadientes– con el organismo financiero no es garantía de que tengan la absoluta voluntad de cumplirlo. Solo dudas puede generar un gobierno que reconoce la necesidad de acordar para llegar a fines de 2023 con un mínimo orden en sus cuentas, pero que no está dispuesto a abandonar su estilo bravucón mientras se extienda la negociación.

Pese a que Cristina Kirchner no dejó de tomar distancia de Alberto Fernández en relación con el FMI en su más reciente carta pública, la vicepresidenta sigue machacando con la idea de que los gobiernos kirchneristas siempre han honrado las deudas públicas y se han hecho cargo de los problemas que, supuestamente, les han dejado sus antecesores.

La evolución en el discurso del kirchnerismo de cara a la negociación con el Fondo se advierte también en que sus dirigentes ya no hablan de renegociar la deuda de unos 44 mil millones de dólares a un plazo de veinte años, algo que ni siquiera los estatutos del FMI contemplan. Aceptan que, con suerte, la refinanciación llegue a los diez años, tal como lo permiten los acuerdos de facilidades extendidas.

No son pocos los interrogantes que Cristina Kirchner tiene frente al futuro inmediato, y que le transmitió a Martín Guzmán durante un encuentro que mantuvieron en el Senado la semana última. La sangría de reservas del Banco Central, el retiro de depósitos en dólares de los bancos por parte de ahorristas temerosos y el aumento de la inflación, que es el impuesto más regresivo y el que en mayor medida afecta a los sectores más pobres de la población, son inquietudes que la vicepresidenta le transmitió al titular del Palacio de Hacienda. No menos preocupación le generan algunas de las concesiones que tendría que hacerle el Gobierno al Fondo Monetario para reducir el déficit fiscal.

Aun así, la líder del kirchnerismo sabe que el eventual fracaso de las negociaciones y un consecuente default acentuarían todos los problemas y agravarían el humor social. Y no solo eso. También tirarían por la borda la relativa bonanza que, según el discurso oficial, ha traído este 2021 para la economía en general, después de la debacle de 2020, profundizada por la pandemia de coronavirus.

En el Gobierno se intenta destacar que el PBI ha experimentado este año un crecimiento de 10 puntos, tras la caída similar sufrida el año anterior. También se busca subrayar que se ha producido una recuperación parcial de los puestos de trabajo perdidos durante el peor momento de la pandemia y la cuarentena. Y, finalmente, se pretende hacer gala de un aumento del consumo masivo, aunque no se reconozca oficialmente que vino de la mano de una fuerte inflación, que lleva al público a desprenderse cuanto antes de los pesos, antes de que estos le quemen las manos. Por si esto fuera poco, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, destacó ayer que esta entidad oficial se ha convertido en la empresa que más dinero ganó en la Argentina en el último año: más de 60 mil millones de pesos.

Pese a que la coalición oficialista parece lentamente comenzar a digerir la necesidad del acuerdo con el FMI, no son pocos los dirigentes que intentan un delicado equilibrio entre la responsabilidad que implica llevar a cabo una negociación indispensable y un discurso populista que niegue cualquier clase de ajuste fiscal, que difícilmente no se verifique de hecho si se llega a un entendimiento.

La marcha a la Plaza de Mayo contra el FMI, convocada para este sábado 11 por agrupaciones que integran el Frente de Izquierda-Unidad supone también un desafío a dirigentes del oficialismo, que exhiben inquietud ante la posibilidad de perder votantes seducidos por las tradiciones consignas “antiimperialistas” de la izquierda.

El protagonismo de la oposición, y en particular de Juntos por el Cambio, no será menor, cuando el programa plurianual en el que trabaja Martín Guzmán aterrice en el renovado Congreso de la Nación. Hasta ahora, y mientras esta iniciativa no sea hecha pública, no asistiremos a pronunciamientos concretos de los dirigentes de la coalición que obtuvo el mayor porcentaje de votos en las últimas elecciones legislativas. La reciente división de la bancada de diputados del radicalismo, con la anunciada creación del bloque Evolución, que se referencia en Martín Lousteau y tendrá entre sus integrantes al cordobés Rodrigo de Loredo y a los porteños Emiliano Yacobitti y Martín Tetaz, así como la posibilidad de que Juntos por el Cambio quede fraccionado en siete distintos bloques, no parece el mejor ejemplo.