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El gobierno argentino viola sus compromisos de derechos humanos
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PARA LA NACIONJulio Montero
El 24 de enero, invitados por el gobierno argentino, planeaban llegar al país Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega para participar de la cumbre de la Celac. Se trata de tres dictadores abominables que gobiernan en base a la represión y el terror. Sus regímenes intimidan, asesinan y torturan como en las épocas más oscuras. No son solo violadores de derechos humanos; también son criminales de lesa humanidad: el régimen de Maduro está siendo investigado por la Corte de La Haya.
A último momento, Maduro desistió de viajar, cercado por denuncias judiciales presentadas por defensores de los derechos humanos. De haber arribado, los tribunales argentinos hubieran tenido que resolver si la inmunidad de los jefes de Estado, reconocida por la Corte Internacional de Justicia, goza realmente de prioridad sobre los principios de derechos humanos sancionados en la Declaración Universal y la Carta de Naciones Unidas. Ortega también se quedará en su feudo del terror, para eludir cualquier atisbo de justicia.
Más allá de la gratificación cívica que genera que los asesinos no puedan moverse impunemente por el mundo, es importante señalar que con su invitación el gobierno argentino incumplió sus propios compromisos morales y legales de la manera más obscena. Mediante la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los sucesivos pactos, los Estados parte asumieron dos compromisos fundamentales ante la comunidad internacional: honrar los derechos humanos de sus propios residentes con políticas de respeto, protección y satisfacción; y cooperar activamente para lograr su realización a través de las fronteras.
El principio de cooperación internacional por los derechos humanos expresa un mandato relativamente vago y, por eso mismo, abierto a la interpretación. Pero sin duda excluye la complicidad con gobiernos criminales y la acogida de sus líderes en cumbres internacionales, además de obligar a los Estados a denunciar, exponer y sancionar a los abusadores. Recibir a Maduro, Díaz-Canel y Ortega era como abrazarse con Stroessner, Videla o Pinochet. Sus víctimas no son menos humanas que las nuestras ni tienen menos derecho a la verdad, la justicia y la solidaridad internacional.
Frente a semejante desprecio por la dignidad de las personas, sorprende el silencio de los “intelectuales” y las “organizaciones”, no solamente de las que se convirtieron poco a poco en pymes paraoficiales sino también de otras más tradicionales, muy preocupadas en su momento por la detención de Milagro Sala, la desaparición imaginaria de Santiago Maldonado y la suerte de la democracia argentina tras el atentado contra CFK. Los que realmente creen en los derechos humanos seguirán luchando por su observancia universal. Los otros harán de ellos un negocio, un recurso de marketing o una cómoda manera de ganarse la vida. Sentarse a la mesa de los criminales es el precio de su cinismo.
Filósofo, exmilitante de derechos humanos y miembro del Consejo Académico de Cadal (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina)
