El Gobierno, ante la presión para flexibilizar la cuarentena
Si bien las últimas encuestas han mostrado un muy elevado apoyo a la prolongación de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional hasta el 12 de abril, cerca de Alberto Fernández se admite que la presión, tanto de sectores empresariales como de muchos trabajadores que dependen de salir a la calle para garantizar sus ingresos, está creciendo aceleradamente. Y pese a que desde todos los sectores del oficialismo se repite la idea central de privilegiar la vida de las personas sobre la salud de la economía, fuentes cercanas al primer mandatario admiten que se está evaluando una "salida gradual" a las restricciones impuestas al desplazamiento de personas y al funcionamiento de las empresas.
Un indicador de la presión para flexibilizar las rígidas medidas tendientes a garantizar el aislamiento social se vio ayer en algunos trenes que, en horas de la mañana, circularon con muchos más pasajeros que los vistos en las últimas jornadas y que, en gran número, viajaban parados, sin respetar entre sí las distancias mínimas preventivas.
Entre no pocos analistas, hay coincidencia en que difícilmente dentro de diez días el Gobierno estará en condiciones políticas, económicas y sociales de plantear la prolongación de la cuarentena. Al menos, de una cuarentena total, como la que tenemos hoy.
En el Gobierno se insiste en que cualquier medida que se adopte estará en función de la evaluación de la curva de casos de coronavirus y de la necesidad de impedir un colapso sanitario por un aumento de los contagios, como los que tuvieron lugar en países como Italia, España y, más recientemente, Estados Unidos.
Los sentimientos encontrados se advierten entre hombres del Presidente cuando son consultados por los graves padecimientos económicos de algunos sectores. Hay entre ellos plena conciencia de que, si prácticamente no circulan vehículos, las estaciones de servicio acumularán pérdidas catastróficas, por ejemplo. O que algunas industrias alimenticias que están hoy habilitadas a proseguir su actividad se están encontrando con que comenzarán a padecer el desabastecimiento de insumos cuyas empresas proveedoras no están trabajando.
También registran la delicada situación de la inmensa mayoría de los comercios y de sectores como el de los locales gastronómicos y los centros de esparcimiento. Pero no ocultan su pesimismo sobre la capacidad de estas empresas para recuperarse: "Aun cuando permitamos que abran los restaurantes y los bares, imaginamos que por varios meses van a seguir vacíos por el temor de la gente a contagiarse el virus. Lo mismo ocurrirá con las discotecas y los espectáculos públicos. ¿Quiénes se van a animar a concurrir a esos lugares en los próximos meses?", dijo un allegado al presidente Fernández.
Pero si algo tiene claro el Gobierno es que con el nivel de gasto público actual, sumado a la lucha contra la pandemia, a las necesidades de sostener a los sectores más desprotegidos de la sociedad y a las medidas de alivio fiscal, un corte de la cadena de pagos y una persistente caída de la recaudación impositiva tornarán la situación insostenible por mucho tiempo.
Dentro del Poder Ejecutivo, hay una posición mayoritaria en favor de expandir la emisión monetaria, aunque aún hay diferencias sobre su magnitud. La idea que prevalece es que será preferible una fuerte inflación, que pueda ser corregida con el tiempo, a una destrucción de empleos masiva que provocará una mayúscula tensión social.
Además de la emisión monetaria, la herramienta a la que está recurriendo el Gobierno es a la presión sobre los bancos, tanto públicos como privados, para que salgan en auxilio del sector privado mediante créditos a tasas negativas en función de los niveles de inflación. Esa ayuda debería alcanzar incluso a compañías que carezcan de la solvencia indispensable, según funcionarios gubernamentales. Es este uno de los aspectos que más pueden llegar a irritar a los banqueros.
Independientemente de toda esta batería de medidas, en el Gobierno se admite que habrá que relajar las medidas de encierro de la sociedad y las restricciones de las empresas. La duda sigue pasando por cómo empezar a liberar las fuerzas económicas sin pasar a tener un incremento exagerado de los casos de Covid-19.
La vuelta a la normalidad, por eso, no llegará por muchísimo tiempo, aun cuando la cuarentena sea gradualmente abandonada. Lo más probable hoy es que las clases escolares presenciales sigan suspendidas, al igual que cualquier espectáculo público masivo. Y que el fin de las restricciones al sector comercial e industrial se produzca de forma progresiva y tomando recaudos especiales para prevenir contagios. Entre ellos, la posibilidad de que los adultos mayores y todas aquellas personas en situación de riesgo sean eximidos de concurrir a sus trabajos y sean invitados a permanecer en sus casas.
No es casual que el Gobierno haya empezado a tender puentes con no pocas empresas para incentivar, a toda velocidad, la fabricación de barbijos o mascarillas faciales, que si bien estaban dirigidas a pertrechar a los profesionales y trabajadores de la salud, que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, también podrían ir a parar al resto de la población. La empresa automotriz Ford comenzó a producir en su planta de General Pacheco protectores faciales que serán donados al personal sanitario a través de la Cruz Roja y de organismos públicos.
¿Se verán en ciudades como Buenos Aires imágenes como las que se repiten en Seúl, Taipei y otras metrópolis chinas, donde prácticamente no se ve a un solo transeúnte sin mascarillas protectoras? No sería improbable.
