1
El Gobierno, tras el control de la información
La derogación parcial de la ley de medios está avanzando en el Senado. Sólo cinco años después, el mismo gobierno que promovió la ley de servicios de comunicación audiovisual como "la ley más importante de la democracia", la reforma en uno de sus aspectos centrales. A partir de la sanción de la ley Argentina digital, las grandes corporaciones multinacionales que manejan las telefónicas en nuestro país podrán operar radiodifusión.
Ése es el fin perseguido a través del proyecto que reemplaza íntegramente a la vieja ley de telecomunicaciones, pero no es el único. Del mismo modo que con la ley de medios, el oficialismo promueve esta norma para imponer la superioridad estatal en el manejo de todo el sector infocomunicacional, focalizando ahora en el control de las redes de telecomunicaciones.
Luego de las denuncias formuladas en la audiencia pública convocada por la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado, el Gobierno aceptó incorporar algunas modificaciones al texto de pésima factura legislativa, para enmendar lo grosero de algunos artículos que desregulaban la telefonía domiciliaria y dejaba a criterio de las empresas el costo del abono básico de telefonía fija, entre otras desprolijidades.
También se agregó una enmienda a fin de evitar que las telefónicas presten servicios de televisión satelital. Muchos nos preguntamos si esta corrección responde al reclamo de proteger a las empresas y pymes del interior del país que prestan TV por cable o si se incorpora sólo a los efectos de proteger los intereses de DirecTV, empresa monopólica recientemente ratificada por Afsca y elogiada públicamente por la Presidenta.
La derogación de la ley de medios kirchnerista muestra el permanente doble discurso. La nueva ley de telecomunicaciones favorece a los monopolios, no protege a la industria del cable ni a las pequeñas empresas que desarrollaron redes locales de fibra óptica, otorga enormes beneficios a las empresas extranjeras y destruye las oportunidades de inversión para el mercado local.
A través de la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, que al no estar definida en la ley podrá ser cualquier funcionario, se establece una regulación ambigua de carácter tan general que los plazos, condiciones de interconexión y consideración del "precio justo y razonable" de las tarifas quedarán sujetas a la reglamentación. El árbitro para resolver conflictos entre los prestadores tendrá concesiones tan amplias que podrá tomar decisiones en los acuerdos entre privados. Tampoco se describe en el dictamen del proyecto el régimen de penalidades y se deja la facultad de otorgamiento o caducidad de las licencias a la interpretación de una futura reglamentación o a la voluntad de la aún desconocida autoridad de aplicación.
Mientras tanto y paralelamente van creciendo las redes estatales. La fibra óptica que montó el ministerio de Julio De Vido, de 25.800 km, podrá ser alquilada, regalada, concesionada o negada según establece el Art. 41 del dictamen bajo las condiciones particulares de acceso e interconexión que establezca arbitrariamente el Gobierno. Más de 22.000 millones de pesos invirtió el Ministerio de Planificación durante 10 años para el desarrollo de estas redes. La Televisión Digital Terrestre con 83 antenas y 1.400.000 decodificadores distribuidos gratuitamente son la plataforma para introducir contenidos amigables a millones de hogares. Canal 7, Pakapaka y los canales privados ultraoficialistas tienen acceso privilegiado, mientras que los canales o señales independientes no pueden utilizarla. De la misma manera se operará la Red Federal de Fibra Óptica, beneficiando a los operadores que comulgan con el Gobierno y castigando a los que no se sometan a las exigencias del relato.
El impacto de esta regulación inconsistente y arbitraria generará un gran retraso en las telecomunicaciones. Se retraerá la inversión en tecnología y se generará un modelo de mayor concentración y de mayor predominancia estatal sobre redes y contenidos. La ley que se sanciona para blanquear un acuerdo preexistente, permitir que Telefónica conserve la licencia de Telefé, traerá consecuencias negativas para el sector, incluida la empresa española. Nunca en nuestro país se sancionó un marco regulatorio tan defectuoso. Las facultades de la nueva regulación serán tan amplias que ninguna empresa estará a salvo de la arbitrariedad ni de la exigencia de disciplinamiento total al modelo para seguir operando.
La autora es ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados
