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El irrenunciable derecho a saber
El acceso a la información pública es indispensable para generar confianza en el Estado, evitar asimetrías en la información, aumentar la racionalidad en la toma de decisiones y contribuir a la prevención de la corrupción. Conscientes de ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil reunido en Sofía, Bulgaria, impulsó en 2002 que el 28 de septiembre de cada año se celebre el Día Internacional del Derecho a Saber, como modo de impulsar el efectivo ejercicio de este derecho. En 2015 la Unesco se sumó oficialmente a esta celebración.
Pero además esta semana se cumple un año de la vigencia de la ley 27.275, de acceso a la información pública, coincidente con la puesta en funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). La ley aprobada en 2016 saldó una deuda pendiente en materia de transparencia en nuestro país: antes el acceso a la información pública estaba regido por un decreto que solo permitía solicitudes al PEN. Hoy muchos más están obligados a dar información pública, como las empresas y sociedades del Estado; concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; sindicatos, universidades y partidos políticos, entre otros.
La AAIP -sin perjuicio de que también sea la autoridad nacional de protección de datos personales- es la encargada de resolver los reclamos que se presenten ante el incumplimiento de la entrega de información por parte de algún organismo del PEN. Sus resoluciones son de carácter vinculante y se informa quiénes no cumplen con aquellas a partir del registro de incumplidores, que se actualiza periódicamente y que puede ser consultado en nuestro sitio en internet.
Realizar una solicitud es muy sencillo: no hace falta indicar el motivo, citar la ley ni pagar. Incluso se puede solicitar información pública a través de internet, lo cual facilita el trámite en un país con una gran extensión territorial como el nuestro. Durante los primeros 10 meses de vigencia de la ley se realizaron 2417 solicitudes de acceso a la información pública, duplicando la cantidad de solicitudes mensuales recibidas en los 10 meses anteriores. Durante este año se tramitaron ante la AAIP más de 150 reclamos iniciados por solicitantes de información que no obtuvieron respuesta o la consideraron insuficiente. Gracias a la intervención de la agencia, los organismos entregaron en buena medida la información pedida.
Además, la ley incluye dos novedades: la primera es que instaura el concepto de la "transparencia activa", que es la publicación en los sitios web por parte de los sujetos obligados de información de manera clara, estructurada y accesible, que permita la reutilización por parte de terceros. Desde el 1° de junio todos los ministerios cuentan con esta solapa en sus páginas, y estamos avanzando con el resto de los organismos para que la incorporen en los próximos meses. Los resultados nos permiten ser optimistas a pesar de que no todos tengan completa en un 100% la información que obligatoriamente deben brindar sin que nadie la pida.
La segunda novedad es la creación del Consejo Federal para la Transparencia, compuesto por un representante de cada provincia y que tiene por objeto la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. El Consejo, cuya presidencia ejerce la AAIP, ya celebró su primera reunión y hubo acuerdo en impulsar principios básicos de transparencia en todo el territorio de nuestro país, independientemente de la jurisdicción que corresponda.
Mientras se celebra esta semana el Día Internacional del Derecho a Saber y el primer año de la puesta en marcha de la AAIP, el desafío por delante será profundizar la implementación de la ley, trabajando en pos de un cambio cultural en el interior de las organizaciones para que sus integrantes siempre actúen bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública. Pero ello es un trabajo en conjunto y su éxito traerá una ciudadanía empoderada que demande información pública y un Estado que responda adecuadamente.
Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública
