El lado oscuro del negocio textil

Cuando el 29 de marzo de 2006 seis ciudadanos bolivianos (una mujer, un adolescente y cuatro niños) murieron en el incendio de un taller de costura clandestino ubicado en el barrio de Caballito, comenzaron a multiplicarse las historias de explotación que involucraban en forma escandalosa a reconocidas marcas de la industria textil.

La tragedia de la calle Luis Viale dejó en evidencia que los casos de violación a los derechos humanos que hasta ese momento nos llegaban desde Asia sucedían también aquí, en miles de talleres que funcionaban en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, camuflados en casas y galpones.

Dos años después del siniestro, poco parece haber cambiado. Pero aunque las estrategias gubernamentales para erradicar esta perversa maquinaria de producción textil no logran todavía la efectividad necesaria, hoy se conoce con mayor claridad el funcionamiento de algunos de sus engranajes fundamentales.

Hoy se sabe, por ejemplo, que, contra lo que se creía inicialmente, los dueños de estos talleres no producen en forma exclusiva para falsificadores de marcas o ferias clandestinas, sino que reconocidas empresas textiles se cuentan entre sus clientes. En los últimos tres años, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunció ante la Justicia a unas ochenta marcas, entre ellas algunas ampliamente reconocidas en los rubros infantil y juvenil.

También, que lejos de reconvertirse o regularizarse, numerosos talleristas simplemente barajaron y dieron de nuevo. El gobierno de la Ciudad calcula que todavía unos 25.000 trabajadores continúan ligados a alrededor de 2000 talleres informales, aunque en la Unión de Trabajadores Costureros de Buenos Aires (Utcba) creen que de los 5000 que funcionaban antes del incendio aún sobreviven algo más de 4000.

"Entre 700 y 900 fueron clausurados; otros mil se mudaron a la provincia de Buenos Aires, y de los 3000 que quedan en la Ciudad, la mitad se trasladó a las villas miseria donde, obviamente, quedan al margen de cualquier tipo de inspección", contabiliza Gustavo Vera, vocero de la organización (ver recuadro).

Lo concreto es que nadie puede asegurar que la tragedia de Luis Viale no volverá a repetirse.

En los próximos días, el gobierno porteño lanzará un programa de regularización que abarca, entre otros puntos, cuestiones vinculadas con la seguridad de las instalaciones, aunque la potencial eficacia suele ser puesta en duda.

"Para el tallerista es inviable la regularización que pretende el gobierno de la Ciudad mientras no se modifique la cadena de valor que distribuye los costos y ganancias por la confección de una prenda en forma muy desigual", explica Alicia Pierini, defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y una de las principales batalladoras desde el Estado para la erradicación de estos talleres.

Todos contra la cadena

De acuerdo con estimaciones de la Utcba, por una prenda que sale a la venta a cien pesos, el tallerista recibe 3,25, el costurero, 1,87 y la marca 38 pesos o más. Con tal distribución de costos, es comprensible que sean medidas las expectativas del subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, Jorge Luis Ginzo, acerca de los alcances o la efectividad del plan de regularización que se propone lanzar en los próximos días.

Orientado hacia los talleres informales que tengan hasta veinte obreros, el plan ofrece algunas facilidades para su habilitación y regularización y promete acuerdos con las cámaras de indumentaria y calzado para que las empresas afiliadas contraten en forma exclusiva a los que formen parte de esta iniciativa.

"De todas maneras, sabemos que las exiguas tarifas que reciben los talleristas son insuficientes para que puedan trabajar con apego a la normativa, pero ahí carecemos de facultades para intervenir porque eso depende del Ministerio de Trabajo", se excusa el funcionario.

Desde que comenzó esta gestión, el gobierno porteño ha realizado unas mil inspecciones, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Protección del Trabajo. Ginzo espera que el plan de regularización contribuya para hacer visible lo que hasta ahora es invisible. "Estas unidades de producción están ubicadas, en su gran mayoría, en domicilios particulares. A menos que llegue una denuncia de algún vecino, pasan inadvertidas ante los ojos de los inspectores. Por eso esperamos que esta estrategia sirva también para su identificación."

Por tratarse de una actividad que funciona al resguardo de la ilegalidad, nadie sabe a ciencia cierta cuántos de estos talleres son informales y cuántos, clandestinos. Un detalle nada menor si se piensa que esta distinción semántica puede marcar notables diferencias.

Mientras que los talleres informales se caracterizan por su falta de habilitación o por su modalidad de contratar trabajadores en negro, en los talleres considerados como "clandestinos" es usual la utilización de mano de obra indocumentada, en su mayoría procedente de países limítrofes (sobre todo bolivianos), que es retenida y explotada mediante la amenaza de la denuncia a las autoridades.

"Lamentablemente, vemos a diario que las condiciones laborales en las que trabaja buena parte de nuestra colectividad lindan con la violación de los derechos elementales de las personas. Pero me parece que las medidas que se implementan siguen haciendo énfasis en la parte más débil de la cadena productiva textil, es decir, en los propietarios de los talleres, en su mayoría de tipo familiar, y, por efecto rebote, en los costureros", denuncia José Alberto Gonzales, cónsul general de Bolivia en Buenos Aires.

Claroscuros

En el momento de analizar los avances registrados en estos dos años, la mayor parte de las fuentes consultadas menciona a la actual política migratoria nacional, vigente desde principios de 2004, que allanó el proceso que los ciudadanos nacidos en países del Mercosur y en naciones asociadas deben cumplimentar para radicarse en la Argentina.

Después de la tragedia de Caballito, mediante el programa llamado Patria Grande, la nueva ley comenzó a regir también en forma retroactiva, es decir, para quienes ya vivían en nuestro país con anterioridad al cambio de ley. Esto permitió que más de 450.000 ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación.

Al ser consultado sobre las políticas del organismo para evitar que continúen las maniobras que facilitan los ingresos ilegales, el responsable del área de Admisión a Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones, Fernando Manzanares, responde con realismo: "Nuestra frontera es porosa por naturaleza. No se pueden tener fuerzas de seguridad cada cien metros. Con los recursos que tenemos hacemos las cosas lo mejor que podemos. Pero hoy es claro que el control de la migración no se hace mediante controles fronterizos; de lo contrario, Europa o los Estados Unidos no tendrían inmigrantes indocumentados."

Algunas evidencias también destacan que, en los últimos años, algunas empresas textiles comenzaron a regularizar la situación de su personal. "El sindicato que nuclea a los trabajadores, el Soiva, pasó de recaudar en 2006 unos cinco millones de pesos en concepto de aportes a nueve millones en 2007. Por otra parte, la diferencia de sueldo entre un costurero en blanco y otro en negro no es tan significativa, y en lugar de tercerizar en La Matanza, pagar coimas y arriesgarse a que les roben, algunas empresas comenzaron a optar por el blanqueo", ejemplifica Gustavo Vera.

Pero la situación no es tan simple en los eslabones más endebles de la cadena. "Que el gobierno porteño ponga voluntad en tratar de legalizar talleres no es suficiente mientras persista la actual cadena de valor. Para el tallerista se torna más difícil sostener los costos de esa legalización que trasladarse a la provincia si le clausuran el taller", enfatiza Pierini.

"Aquí, el problema es esta lógica de producción, que no sólo funciona en consonancia con el capitalismo globalizado sino que además se adecua a una conveniencia gubernamental, interesada en mantener bajos los precios de la ropa por cuestiones inflacionarias", agrega la funcionaria.

Con ella concuerda el cónsul Gonzales, quien se muestra plenamente convencido de que es otro el camino que debe seguirse para salir del actual laberinto: "Está demostrado que no es clausurando talleres y persiguiendo talleristas bolivianos como se solucionará este problema. ¿Y si probáramos poniendo en una misma mesa de negociación a autoridades, a talleristas, a costureros y a fabricantes o dueños de grandes marcas?", propone.

Mientras tanto, a poco más de dos años de la tragedia de Caballito, el hilo todavía se corta por lo más fino. Y el flagelo de la clandestinidad, con sus potenciales peligros, continúa siendo una pieza clave dentro de la industria textil.

De maestro a denunciante

Los ojos celestes de Gustavo Vera se agrandan al contar cómo se adentró en los problemas de las personas explotadas en talleres clandestinos: "De casualidad. En las ollas populares de 2001, aquí la mayoría eran costureros bolivianos. Son muy cerrados, pero después de compartir navidades, fines de año y fiestas de la colectividad, recién a fines de 2003 empezaron a contar lo que vivían en los talleres. No denunciaban por miedo a ser despedidos o deportados".

Titular de la flamante Fundación Alameda contra el Trabajo Esclavo, este maestro de escuela es también vocero de la Unión de Trabajadores Costureros, que representa a 200 trabajadores de talleres clandestinos y a 400 de talleres registrados. Entre ambas organizaciones ya lleva realizadas más de 200 denuncias.

Cuando tuvo lugar la tragedia de Caballito, Vera ya era considerado un referente ineludible en la lucha contra el trabajo esclavo. Después del incendio, más de 3000 talleristas se manifestaron contra el cierre de sus negocios. Muchos costureros integraban esas filas, temerosos por sus fuentes de trabajo. "Me quisieron linchar", recuerda.

Por Lorena Oliva

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