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El narco crece donde el Estado se retira
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Para LA NACIONAraceli Ledesma
En nuestros barrios, la presencia del narcotráfico no es novedad: es una realidad cotidiana. Se cuela en las calles, en las casas y en la vida de nuestras familias. Lo hace porque, donde debería estar el Estado, hay un vacío que el narco ocupa con rapidez y violencia.
Cada vez que una familia no accede a un servicio básico, que la policía no responde a un llamado o que un chico no encuentra lugar en la escuela o en el trabajo, se abre la puerta para que las redes del narcotráfico entren y se instalen. No son solo los episodios de violencia que vemos repetirse -y que muchas veces terminamos naturalizando con miedo-, es la manera en que esas redes van tejiendo poder y control sobre la vida cotidiana.
Frente a ese vacío, somos las mujeres quienes sostenemos la vida comunitaria. En los comedores, merenderos, espacios de contención y acompañamiento para personas en situación de consumo. Y son también nuestras chicas más jóvenes las más expuestas a una realidad cada vez más adversa, con dificultades para trabajar, estudiar o construir un proyecto de vida propio.
El triple femicidio en Florencio Varela nos golpeó a todas, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque mostró con crudeza cómo la violencia de género y el narcotráfico se entrelazan en un mismo entramado de impunidad. El silencio del Estado frente a estos hechos profundiza la sensación de abandono: no hay protección para las mujeres, no hay políticas sostenidas de prevención de consumos problemáticos, no hay propuestas de acceso al primer empleo para las juventudes, no hay respuestas para madres que ven a sus hijos atrapados por la droga.
El narco no solo destruye cuerpos: destruye comunidades. Desarma la confianza entre vecinos, corroe los lazos que nos sostienen, instala miedo donde debería haber vida comunitaria. Y mientras tanto, seguimos escuchando discursos vacíos o promesas que nunca llegan a la esquina de nuestros barrios.
Pero sabemos que hay respuestas posibles. Las obras de integración socio-urbana son una parte concreta: calles pavimentadas, viviendas seguras, espacios públicos, acceso a servicios básicos. No son solo infraestructura: son herramientas para devolver dignidad, esperanza y trabajo. Invertir en la mejora de los barrios populares es también invertir en seguridad, porque donde hay presencia real del Estado y organización comunitaria, el narco pierde terreno.
Si el Estado no decide estar presente de verdad —con centros de salud, políticas de empleo, prevención de consumos y, sobre todo, con fuerzas de seguridad que no sean cómplices—, el narcotráfico seguirá creciendo como única referencia para quienes sienten que no tienen futuro. No alcanza con cambiar comisarios ni sumar patrulleros: necesitamos un compromiso integral que asuma que en nuestros barrios se juega el destino de generaciones enteras.
El narco avanza porque alguien lo permite y porque alguien no lo frena. La ausencia del Estado es el terreno fértil que explica su poder. La pregunta que queda es cuánto más vamos a esperar antes de que el Estado, en todos sus niveles, asuma que el abandono también mata.
Miembro de la Comisión Directiva de TECHO Argentina y vecina de barrio popular en Pilar
