El nuevo Oyarbide

Infelizmente para la Justicia como también para los judiciables, cada tanto tiempo aparecen nefastos personajes como el fallecido Norberto Oyarbide, un prototipo de juez que ha avergonzado a la institución. Esa clase de funcionarios, que eran impensados hasta hace no muchos años, se han convertido en este tiempo en un recurso altamente utilizado por los sectores más abyectos de la política y del hampa.

Casi sin darnos cuenta, lo que era calificado como repudiable se ha transformado en una marca reconocible en la vida pública argentina. A tal punto que hoy es plausible pensar que hay más de un “nuevo Oyarbide”.

Uno de ellos ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Se trata del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien quizás haya sobrepasado todos los límites de su inspirador, al cruzar fronteras que ni el propio y atormentado Oyarbide se había atrevido a trasponer.

Este magistrado llegó a su sillón de la mano de un sector de la entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE). Desde su despacho contribuyó –y contribuye– a ejecutar tareas claramente reñidas con el alto magisterio que ejerce gracias a la protección y las promesas que recibe del poder político.

Hace unos meses, Martínez de Giorgi arremetió contra LA NACION y uno de sus periodistas, Diego Cabot. Hasta ese momento, nunca se había visto la osadía de impulsar investigaciones para afectar el sagrado derecho de reserva de la fuente periodística, un derecho que cuenta con protección constitucional. Primero, pidió al municipio de Vicente López, donde se asienta la redacción del diario, los registros de las cámaras instaladas en las cercanías, en un claro intento de deslegitimar una extraordinaria labor periodística de investigación, que devino en uno de los procesos por corrupción pública y privada más grandes que nuestra historia recuerde: la causa de los cuadernos de las coimas.

Tal deleznable proceder no fue producto de la búsqueda de la verdad, sino, por el contrario, de una inestimable colaboración con un grupo de defensores interesados en la demolición de esa causa judicial. Solo las reacciones airadas de la comunidad, de organizaciones de la vida pública y de entidades periodísticas argentinas e internacionales lograron que este juez desista de su proceder. No obstante, el agravio a la libertad de prensa estaba consumado. Finalmente, la Cámara de Apelaciones zanjó el asunto con una fuerte advertencia al magistrado. “Las pruebas propuestas se orientan a obtener de Cabot una información que el nombrado ha decidido amparar en el secreto de las fuentes de información periodística. Avanzar en el terreno propuesto sería burlar las limitaciones que el testigo ha invocado, atacando con ello uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho”, se escribió en la resolución.

No son pocos los que recuerdan en los pasillos de Comodoro Py cierta vez en que habría terciado ante otro juez del fuero, para que un abogado, operador y posteriormente detenido, corriera en auxilio del extinto Daniel Muñoz. La intención era mejorar su situación en un caso donde se juzgaba el multimillonario lavado de dinero del exsecretario presidencial de los Kirchner.

Tanto el falso influyente, señalado por varios declarantes en la causa cuadernos, como varios de sus familiares terminaron detenidos y elevados a juicio oral por sus tropelías. Son numerosas las personas que ilustran sobre su amistad y sobre su presencia casi diaria en el despacho del “nuevo Oyarbide”.

Persistente en su interés por la causa cuadernos, y siempre permeable a prácticas poco claras, su osadía procesal lo llevó a intentar otra embestida, esta vez de la mano del generoso empresario Armando Loson y de su abogado Carlos Vela, también conocido por amistades y complicidades con un próspero fiscal.

Así las cosas, el magistrado accedió a abrir una causa paralela, para intentar nuevamente deslegitimar la investigación de los cuadernos, en otro claro abuso de autoridad. Su actuación exhibe un flagrante desconocimiento de los deberes de los jueces y del Ministerio Público, ya que intenta producir prueba de manera ilegítima. Todo en auxilio o salvataje del mencionado empresario.

Encadenando una osadía sin límite, nuevamente se metió con la libertad de prensa, en otro claro ataque a Jorge Bacigalupo, una de las fuentes de la investigación del periodista Cabot y testigo que optó por develar su identidad para contribuir al éxito de la investigación.

Hace pocos días fue allanado su domicilio con la pueril excusa de que, por haber entregado los cuadernos de las coimas al periodista, podría ser cómplice de algún delito.

En la búsqueda supuesta de escrituras autógrafas indubitables, que muy difícilmente puedan obtenerse con ese avasallamiento a su domicilio y a su intimidad, se secuestraron los teléfonos y computadoras de este valiente testigo. Vale preguntarse qué prueba indubitable podría obtener de esos dispositivos. Obviamente la artera medida vino acompañada de estrépito mediático, agitado por las oficinas oficiales de propaganda, y ejecutada por la hoy tenebrosa Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), brazo armado de la mazorca kirchnerista y de estrechos lazos con el alcantarillado de la república.

Este magistrado atacó una vez más a la prensa libre y a sus fuentes, apareciendo frente a la sociedad no como lo que debiera ser. De hecho, en muchos de sus movimientos se deja ver la intención de ascender y llegar a la Cámara Federal porteña.

Nunca fue requerido acerca de los motivos por los que visitaba en la cárcel a determinados presos, por sí o por enviados, con la consigna de arrancarles algún relato falaz, que sirviese a sus ruines intereses.

El nuevo Oyarbide ha confesado en otros expedientes su amistad con el abogado Raúl Plo y su familia, motivo que significó su inhibición y apartamiento en una causa que lo involucraba. Resulta altamente llamativo y sugestivo, en la más benévola de las interpretaciones, que no se haya excusado en las causas que directamente afectan o podrían afectar a su entrañable amigo y queridos familiares de este, procesados en la causa cuadernos. Plo y algunos de sus familiares ya tienen su expediente elevado a juicio oral y público. Gran parte de su accionar ha pretendido socavar lo comprobado y ha realizado arteras medidas de prueba a todas luces ilegales, violatorias de las garantías constitucionales para cualquier ciudadano. Todo, en auxilio de sus amigos y de poderosos y generosos empresarios. En varios de sus expedientes hay una sospechosa coincidencia: el cuestionado fiscal es Gerardo Pollicita.

Podemos afirmar que lamentablemente desde hace un buen tiempo hay un nuevo Oyarbide en la Justicia Federal.

Es de esperar que la sociedad y los órganos competentes no toleren más la generación de estos siniestros personajes que deshonran su juramento y mucho contribuyen a la alicaída opinión que tiene la sociedad sobre el Poder Judicial.

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