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El pasado es prólogo
Por Carlos Escudé Para LA NACION
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El portal del edificio central de los Archivos Nacionales de Washington DC está flanqueado por dos mármoles con inscripciones talladas. Una reza “el pasado es prólogo” y la otra, “estudiemos el pasado”. Estas consignas sintetizan la filosofía que inspira a los norteamericanos frente a la investigación histórica.
El presente y el futuro se emparientan con el pasado, que es prólogo del porvenir. Por eso, el buen gobierno requiere historiografía. No sólo por afición erudita o por necesidad existencial se bucea en procesos políticos pretéritos. El procesamiento de todos los hechos, que sólo es posible cuando disponemos de los documentos más secretos, es esencial si se aspira a mejorar la calidad de las políticas públicas. Y ese conocimiento no debe limitarse a funcionarios, sino que debe ampliarse al público general, especialmente a académicos y periodistas.
Los recientes cortocircuitos en las relaciones bilaterales entre la Argentina y Estados Unidos remiten a la sabiduría de estas premisas. Para interpretar las noticias que desde el 13 de diciembre empañaron esos vínculos hay que conocer algunas complejidades crónicas del sistema de toma de decisiones del gobierno norteamericano. Estas sólo aparecen con claridad en papeles que fueron secretos y que se abrieron al público veinticinco o treinta años más tarde.
Es cierto que esos documentos del pasado no nos permiten desencriptar hechos enigmáticos del presente. No obstante, revelan qué mecanismos se reiteran en las decisiones secretas de los gobiernos norteamericanos. Así, nos permiten saber qué explicaciones acerca de acontecimientos del presente representan hipótesis razonables y cuáles son producto de una fantasía sin fundamento.
Repasemos los parámetros del problema actual. En agosto se confiscaron unos 800.000 dólares a un empresario norteamericano-venezolano que contrabandeaba dinero por Ezeiza. Tras una breve estancia en Buenos Aires, el empresario pasó a Uruguay con pasaporte estadounidense y luego regresó a su país de adopción. Ya en Estados Unidos, agentes venezolanos habrían extorsionado al portador de la maleta, delito que el FBI debe investigar. Así, el contrabandista se convirtió en testigo protegido por Estados Unidos. Conversaciones grabadas por el FBI revelan que uno de los extorsionadores le dijo recién entonces que esos fondos eran para la campaña de Cristina Kirchner. Cuando el fiscal hizo pública la información, estalló el escándalo.
Según La Nacion del 19 de diciembre, “ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca sabían lo que se venía. Por el contrario, los secretarios de Estado y de Comercio, Condoleezza Rice y Carlos Gutiérrez, respectivamente, al igual que el subsecretario de Estado para las Américas, Tom Shannon, apostaban a una relación más «fluida» con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. […] «Shannon está muy amargado. Al Departamento de Estado le avisaron muy poco antes de que se desencadenara todo» , dice una fuente”. Concluye el cronista que entre el Departamento de Estado y el de Justicia existe una tensión que lleva décadas.
Visto desde la historiografía, este tipo de episodio se reitera a lo largo del último siglo. Se trata, en la jerga de los especialistas, de un “conflicto burocrático”: una rama del Poder Ejecutivo (el Departamento de Estado) persigue un objetivo, mientras otra rama (el Departamento de Justicia y su FBI) persigue un fin diferente.
Si el pasado es prólogo, ¿qué antecedentes de este tipo de conflicto hay en las relaciones argentino-norteamericanas? Numerosos. Uno de los más cercanos se produjo cuando, siendo presidente de facto Jorge Rafael Videla, Jimmy Carter llegó a la Casa Blanca. Inmediatamente, el Departamento de Estado castigó a las dictaduras militares de la Argentina y Chile por violaciones de derechos humanos. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro, que confiaba en el ministro de Economía argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, disimuladamente instrumentó una política para favorecer con flujos financieros al gobierno militar. Las consecuencias de esta esquizofrenia, que documenté en un volumen compilado por Abraham Lowenthal (Exporting Democracy, 1991), fueron catastróficas. Contribuyeron a dividir un país ya dividido.
Por otra parte, aunque la Casa Blanca no fue responsable de aquel conflicto interministerial, engendró un segundo doble estándar en aquella política de derechos humanos. Según Cyrus Vance, secretario de Estado de Carter, Corea del Sur e Irán (entonces bajo el amistoso gobierno del sha) hubieran merecido las mismas sanciones que la Argentina y Chile. Pero el funcionario explicó que se abstendría de aplicarlas debido a la importancia estratégica que atribuía a aquellos países.
Moraleja: cuando el país sancionado es percibido como de escasa relevancia para los intereses vitales de Estados Unidos, éste tienen más libertad de maniobra y las cosas a veces se salen de cauce.
Muchos otros casos lo atestiguan. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Argentina fue duramente sancionada por su sospechosa neutralidad. Pero otros neutrales, como España y Suiza, no corrieron la misma suerte: el riesgo de que países enclavados en Europa se pasaran al Eje resultaba aterrador. España fue sancionada después de la guerra. Suiza no lo fue nunca.
Otras dimensiones del actual conflicto interministerial se vislumbran claramente en documentos otrora secretos. ¿Sorprende que el embajador Earl Anthony Wayne no supiera de la investigación del FBI? Para nada. Un antecedente es lo ocurrido el 6 de agosto de 1948, cuando el entonces embajador James Bruce despertó azorado ante las noticias de que dos funcionarios de escaso rango habían declarado ante la prensa que “pondrían a la Argentina de rodillas”. Las sanciones por nuestra neutralidad se habían levantado oficialmente en junio de 1947. Pero la Administración para la Cooperación Económica (ECA), un superministerio creado para administrar los fondos del Plan Marshall, se había propuesto impedir que los europeos compraran con dólares en nuestro país.
El embajador en Buenos Aires nada sabía. Pero los archivos revelaron que quienes sí conocían esa política eran los británicos. Estos habían violado el tratado Eady-Miranda, de 1946, que los obligaba a que las libras esterlinas facturadas por la Argentina fueran convertibles a dólares. Para quitarnos capacidad negociadora, preferían que nadie nos suministrara esa divisa.
Los documentos desclasificados son una fuente inagotable de sorpresas. Aunque durante la guerra y la inmediata posguerra la Argentina sufrió graves sanciones, no todos en el gobierno norteamericano estaban de acuerdo. Durante toda la conflagración hubo pragmáticos que sostenían que con nuestro país había que limitarse a hacer negocios.
¿Qué argüían los cruzados que impusieron las sanciones? Hay numerosos ejemplos. El 1º de octubre de 1944, el embajador norteamericano en Londres, John Winant, comunicaba al gobierno británico la convicción de Washington de que el gobierno argentino “tiene planes concretos para la dominación de América del Sur […] y trabaja afiebradamente para construir una maquinaria militar, con la esperada asistencia de técnicos nazis refugiados”. En junio de 1945 el embajador Spruille Braden lanzaba acusaciones del mismo tenor, aun más exageradas, frente a su par británico sir David Kelly.
Y mientras tanto, ¿que decía el pragmático Nelson Rockefeller, que estuvo brevemente a cargo de asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado? En enero de 1945 musitaba: “No tenemos un buen caso contra la Argentina y nos desprestigiaríamos si nos viéramos forzados a presentar pruebas. No podemos decir esto puertas afuera, porque todos creen que tenemos pruebas tremendas”. Ni más ni menos terrorífico que la cuestión reciente de las armas de destrucción masiva en Irak e Irán…
Si en nuestras relaciones con Estados Unidos el pasado es prólogo, lo ocurrido en el caso de la valija es alarmante en grado sumo.
