El patriotismo y los “buenos negocios”

El país asiste, entre azorado e incrédulo, a la escalada de operaciones de enriquecimiento delictivo de funcionarios del kirchnerismo, que hicieron de cada oportunidad una ocasión de negocios ilícitos. Sin embargo, aún no se ha proyectado la suficiente luz sobre el cohecho de mayor magnitud y el que probablemente haya producido el mayor daño a la economía argentina en toda su historia. Se trata de la adquisición del 25% de las acciones de YPF. Aunque el acuerdo fue firmado por Petersen Energía SA, existe una fuerte probabilidad de que Néstor Kirchner haya sido el verdadero adquirente del paquete accionario.

Petersen Energía firmó cláusulas con Repsol atribuyéndose, de hecho, facultades propias del gobierno argentino. Repsol hizo concesiones excepcionales a una compañía insignificante como si estuviera negociando con el gobierno. Y el gobierno cumplió escrupulosamente con los puntos acordados como si hubiese sido parte del contrato. Salvo que se admita que el expresidente Kirchner y Repsol se pusieron de acuerdo para hacer un colosal acto de beneficencia, no hay forma de explicar la transferencia de acciones por valor de 3750 millones de dólares a una compañía de 60.000 euros de capital.

Esas acciones fueron compradas sin poner un solo centavo, a pagar con las ganancias producidas por las mismas acciones. Es sospechoso que un comprador minoritario, sin antecedentes en la actividad, acceda al control operativo de la empresa. Es inexplicable que Repsol, en el contrato de venta, someta decisiones que le son propias a la conformidad del comprador. Solamente adquieren sentido cuando se parte del supuesto de que las contraprestaciones reales eran las que correspondían al Estado argentino.

Esas contraprestaciones consistían en eliminar los obstáculos existentes para la libre remisión de las ganancias de YPF a Repsol, la autorización para distribuir el 90% de las utilidades en efectivo, la liquidación de parte de sus activos en el exterior y la autorización para colocar en la Bolsa otro 20% del capital en manos de Repsol. La operación consumada a fines de 2007 fue entre esa compañía y Petersen Energía SA, actualmente en quiebra. Petersen Energía era una sociedad española, constituida el 23 de julio de ese año. La totalidad de su capital pertenecía a Petersen Energy PTY Ltd., constituida en Melbourne, Australia. Los accionistas: el grupo Eskenazi, sin antecedentes en el negocio petrolero.

Los compradores pagaron la suma inicial de US$2231 millones, con un crédito otorgado por la misma Repsol y el préstamo de un grupo de bancos encabezados por el Suisse Bank. Las mismas acciones compradas eran la garantía, aunque el Suisse pudo tener una adicional: los depósitos del Banco de Santa Cruz. Faltaban US$200 millones para completar la cifra convenida. Se incorporaron en una forma insólita: con la comisión cobrada por "realizar los actos necesarios para que la compañía distribuya, en forma efectiva, el dividendo del año 2006". Las normas que se referían al pago de los dividendos pasados y futuros están en el convenio de accionistas que forman el anexo del contrato de venta accionaria. "Las partes acuerdan distribuir en forma de dividendos el 90% de las ganancias de la compañía en dos pagos anuales".

Por las dudas de que los beneficios no fueran suficientes, Repsol otorgó una garantía suplementaria, sobre hipotéticas ganancias futuras. "Las partes votarán a favor de un dividendo extraordinario de 850 millones de dólares pagaderos el 50% en el ejercicio 2008 y 50% en 2009". En los tres ejercicios, se repartieron alrededor de 5000 millones de dólares de utilidades, a los que deben sumarse US$1300 millones del ejercicio 2006. Este monto es superior al 100% de las utilidades contables y del máximo legal autorizado. Solamente en el ejercicio 2008 se repartió el 135% de las ganancias de YPF.

En la fundamentación del DNU de expropiación de YPF, Cristina Fernández hace ascender a US$16.450 millones las ganancias obtenidas entre 1999 y 2011 y a US$13.246 millones el dividendo pagado a los accionistas, o sea, el 80% del total. Omitió decir que la suma a liquidar se duplicó a partir de 2006 y que el representante del Estado se alineó invariablemente con el voto de la mayoría, hasta que votó en disidencia en el ejercicio 2011. Desempeñaba ese estratégico cargo Roberto Baratta, exchofer de taxi que adquirió notoriedad cuando primero fue imputado por las causas de Río Turbio y venta de gas licuado, y hoy permanece detenido por el escándalo de los cuadernos, acusado por su propio chofer, Oscar Centeno, de transportar bolsos con dinero. En el Memorándum de Entendimiento se establece que "…las partes han acordado que Repsol YPF puede realizar una oferta pública de venta de aproximadamente el 20% del capital social de YPF".

Esta operación fue realizada en 2010. Se vendió el 17% de las acciones de YPF, lo que significó un ingreso para Repsol de unos 2500 millones de dólares. Dos años después las acciones se desplomaron de 42 a 11 dólares cuando, además de la baja en el precio del barril, trascendieron detalles sobre la situación real de la empresa, en especial la caída de las reservas de gas y petróleo y en la fase final las versiones sobre la expropiación. Anticipándose a lo que iba a ocurrir, ya en el balance de Repsol de 2011, la valuación de los activos de YPF se habían reducido a US$4337 millones. La segunda de las disposiciones suponía la autorización para que YPF vendiera activos en el exterior. "Las partes comparten la voluntad de disponer a favor de terceros de activos no estratégicos en determinadas áreas. La generación de caja deberá producir recursos estratégicos que permitan acometer los planes de inversión sin disminuir los dividendos de sus accionistas".

Esta operación de liquidación de activos se implementó, según denuncia judicial ante el juez Ariel Lijo, vendiendo los yacimientos más lucrativos mediante triangulaciones con empresas ubicadas en paraísos fiscales. El proceso de vaciamiento de YPF se terminó cuando sus consecuencias en el abastecimiento energético causaron estragos en la economía del país, en el segundo período de Cristina, con US$17.000 millones en importaciones de crudo y gas. Al reducirse las ganancias, el 17 de mayo del 2012, Petersen Energía SA dejó de pagar a los acreedores y poco después se decretó su quiebra. Es inevitable relacionar este hecho con la expropiación.

El default no afectó el patrimonio de Petersen, Thiele y Cruz ni a sus empresas en la Argentina. En 2015, el fondo Burford Capital compró la quiebra e inició acciones judiciales en Nueva York por US$3000 millones. En el conjunto de actos de corrupción en la década de Néstor y Cristina, ninguno puede compararse en magnitud con el de YPF, tomando en cuenta el daño causado al país por su desguace, su desinversión, la obligada importación de petróleo y gas, ahora también investigados por groseros actos de sobrefacturación, y los riesgos que implican esta nueva acción judicial. Esto no impidió que la nacionalización de YPF fuera celebrada fervorosamente como un acto patriótico, por parte del gobierno de las mismas personas cuyos negocios habían contribuido, con gran éxito, a su saqueo sistemático y consensual.

Periodista y abogado. Exdirector del diario Río Negro