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El respeto por el abogado
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Nadie puede dudar de la importancia que reviste en la consolidación del Estado de Derecho garantizar el debido ejercicio de toda prerrogativa de los habitantes del país, con independencia de la raza, religión, sexo o nacionalidad de su titular. Para el cabal cumplimiento de ese objetivo, resulta esencial el respeto, sea por parte del poder público o por cualquiera de los estamentos de la sociedad, hacia quien asiste profesionalmente brindando su asesoramiento letrado a individuos o a empresas.
En un contexto de creciente intolerancia hacia aquellos que no comparten los puntos de vista de las actuales autoridades, observamos con preocupación diversas acciones destinadas a amedrentar, hostigar y afectar el buen nombre y honor de quienes, ejerciendo su profesión de abogados, representan a clientes extranjeros que sostienen posiciones no compartidas por las actuales autoridades en procesos arbitrales en los que el Estado es parte. Similares presiones y actitudes se han observado respecto de quienes participan en dichas causas como árbitros, testigos o expertos de parte. Esas prácticas de intolerancia ya les fueron aplicadas a los economistas que no compartían el criterio del Gobierno respecto de diversos aspectos del canje de la deuda.
En nuestro país ya hemos conocido "escraches" a abogados de empresas extranjeras, para no hablar de las famosas "listas negras", que existieron en un pasado no tan lejano, reflejo de actitudes macartistas que son penosas por anacrónicas en un mundo globalizado.
Actitudes como la expuesta han merecido el rechazo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en una declaración pública, ya que no sólo afectan indebidamente el derecho de defensa de los litigantes sino, particularmente, la imagen de la Nación. El pueblo no les ha conferido a los gobernantes poderes para que lesionen los derechos de los ciudadanos, sino para que los protejan. En ese orden de ideas, se compartan o no las posiciones sostenidas por las partes, debería esperarse que las presiones señaladas cesen de inmediato y prime la cordura, a fin de evitar que situaciones como las descriptas le provoquen un daño irreparable a la seguridad jurídica, a la credibilidad y a la ya deteriorada imagen de nuestro país.
La acción del Estado se presume conforme a derecho, pero eso no quiere decir que en la práctica siempre lo sea. De allí que debe cuidarse especialmente de no influir ni presionar a quien representa los intereses de un particular o empresa que litiga contra él, ya fuere su cliente nacional o extranjero, pues ambos gozan de iguales prerrogativas y derechos en nuestro suelo patrio, garantizados por la Constitución Nacional.
Tampoco deben incidir en la consideración hacia los abogados las simpatías de la causa en litigio, porque así como nadie pretende que se comulgue, por ejemplo, con los causantes de casi 200 muertos en un local bailable, eso no quiere decir que sus letrados no sean dignos del máximo respeto.
Los abogados no están ni tienen por qué estar personalmente consustanciados con los intereses de sus clientes, pero se les debe legalmente el mismo respeto que a los jueces, ya que ambos sirven a la dama de los ojos vendados.
