El riesgo de un pacto de impunidad

Por Roberto Gargarella, Maristella Svampa y Rubén Lo Vuolo

La historia de la Argentina ha alternado siempre entre grandes expectativas y grandes frustraciones. Sus abundantes bienes naturales y la calidad de sus recursos humanos siempre fueron presentados como elementos capaces de facilitar la construcción de una sociedad con potencia para combinar prosperidad y buen vivir. Sin embargo, la reiterada sucesión de fracasos colectivos y crisis recurrentes la transforma en una sociedad que se aleja cada vez más de su potencial histórico. Así, hoy estamos inmersos en otro episodio de frustración colectiva y crisis, en el contexto de un nuevo período electoral.

Frente a este escenario, aquí buscamos reflexionar sobre uno de los elementos que explican estas frustraciones y crisis recurrentes y que se vuelve particularmente relevante en este período electoral: la reiteración de pactos de impunidad entre los miembros de las élites que controlan las distintas instancias de poder en el país. Estos pactos reiterados y no siempre formalizados en la práctica política argentina, explican no sólo las decepciones económicas reiteradas, sino también la persistencia de una matriz de desigualdad que alimenta la riqueza y el poder de un grupo minoritario.

Hay múltiples ejemplos de estos pactos, que habitualmente no se producen a la luz del día, no se expresan en un solo acto, ni se limitan a la clase política. El que mantiene en libertad al ex Presidente Menem bajo el amparo de sus fueros legislativos es uno de los más notables, aunque sólo ilustre de modo visible la impunidad de funcionarios y empresarios que lucraron con privatizaciones y otras políticas de su gobierno, y que nunca fueron siquiera citados por la justicia. El propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha reconocido la participación de su padre en "actos delictivos", que lo muestran como protagonista activo de esos pactos (en particular, a través de la"patria contratista," que definió los destinos económicos del país durante décadas). Los ejemplos se multiplican a nivel de provincias y municipios, como así en el engorroso entramado normativo que otorga beneficios especiales y normas de excepción en diversos rubros de la relación entre el sector público y el privado (incluyendo los cuantiosos negocios vinculados a la deuda pública).

La llamada"causa de los cuadernos" puede ser el ejemplo más notorio del acuerdo por la impunidad al que nos referimos. La causa en cuestión ha dejado a la luz las cloacas de una entente político-económica estratégica que, con distintos nombres y distintas retóricas, ha controlado y esquilmado a la Argentina en las últimas décadas. En una ofensiva que busca limitar o poner término a las gravísimas derivaciones de esta causa, se observa que gran parte de la élite dirigente del país denuncia que "todo el proceso está lleno de irregularidades y mentiras", mientras opera para contaminarlo y ponerle precio a la impunidad de empresarios y políticos que hoy se encuentran en estado de pánico. Buena parte de nuestro personal judicial, también protagonista de pactos de impunidad pasados y presentes, parece dispuesta a trabajar al servicio de ello. Por ejemplo, la insólita decisión de la Corte Suprema de requerir al Tribunal Oral Federal número 2 el expediente del juicio que se iniciaba el martes próximo contra la ex presidenta Cristina Kirchner, no define ni constituye ese pacto, pero sin dudas tampoco hace nada para desmentirlo.

Así, detrás de nuevos "pactos de gobernabilidad", la sociedad argentina enfrenta hoy el riesgo de nuevos "pactos de impunidad". Con el argumento de la innegable necesidad de lograr paz social junto con estabilidad política y económica, sectores del poder político, sindical, empresarial y eclesiástico -más allá de las controversias, odios y escándalos del momento- auspician un nuevo compromiso de impunidad para los culpables de desfalcos públicos y enriquecimientos privados.

Esto no quiere decir que estemos rechazando la necesidad de generar nuevos consensos para mejorar la economía, cambiar las condiciones institucionales en el país, o dotar de mayor justicia a prácticas carentes de ella. Por el contrario,coincidimos en buscar puntos de acuerdo entre diversas fuerzas políticas. Pero lo que nos interesa recordar es que la historia argentina ofrece buenos ejemplos de lo contrario, donde la búsqueda de pactos de gobernabilidad ha abierto la puerta a la consolidación de pactos de impunidad. Como consecuencia de estos acuerdos de cúpula, el país no sólo sigue inmerso en una matriz de corrupción público-privada, sino que también sufre las consecuencias de una matriz económica rentista, improductiva e insustentable, incapaz de ofrecer empleo, bienestar a la población y garantizar la protección de la vida y de los territorios. No debe extrañar que, pese a los cambios de gobierno, las actividades económicas más rentables en el país continúen siendo las vinculadas a la extracción y depredación de los bienes naturales; a mercados cautivos; a la especulación financiera, cambiaria e inmobiliaria; a los contratos privilegiados con el Estado.

Así, la persistente matriz de desigualdad económica y social en el país es el resultado directo de estos pactos de impunidad de las élites que pueden incluir mayor o menor cantidad de programas asistenciales, más o menos deuda pública, incremento o disminución de la obra pública, pero que siempre favorecen el enriquecimiento y la concentración del poder en unos pocos. Los habituales protagonistas de estos pactos de enriquecimiento personal y ejercicio de poder concentrado se encuentran tanto entre los ocupantes circunstanciales de los tres poderes del Estado, como en los medios de comunicación afines y las agrupaciones intermedias al servicio de intereses particulares (incluyendo asociaciones civiles y los llamados think thanks que operan como apéndices de estos poderes).

Los problemas del país no pueden ni merecen resolverse con consensos que, apelando a la "política real" o "pragmática", concluyan en un nuevo pacto de impunidad entre las élites, suprimiendo todo proceso de justicia y esclarecimiento de lo ocurrido en estos años. Proponemos resistir esos acuerdos, tanto en sus contenidos, como en sus formas. Pues, para poder convertirse en acuerdos democráticos, ellos deben incluir a ciudadanos y movimientos sociales, y no sólo a las cúpulas de los tradicionales factores de poder locales. Necesitamos evitar que se repitan políticas que en la coyuntura aparentan mejorar la situación económica y social pero que, por los modos en que se construyen, y por los objetivos a los que apuntan, prometen reforzar la matriz de desigualdad, exclusiones y privilegios persistentes.

Sabemos que no resulta fácil construir alternativas políticas sólidas en la coyuntura actual y entendemos la desesperación de muchos ante la escalada de la crisis presente. Pero pensar la sociedad y la política del país desde un horizonte de igualdad, de mayor democracia, de justicia social y ambiental, exige desmantelar el vínculo estructural que hoy todavía se advierte, entre corrupción, injusticia y desigualdad. La autocrítica política; la justicia que garantice el fin de la impunidad; y el cambio drástico en la orientación de la política económica y social, deben ir necesariamente de la mano.