El show debe continuar

El show debe continuar. Si la inflación devora el poder adquisitivo, si no se crean empleos genuinos, si arrecia la inseguridad, nada mejor que buscar chivos expiatorios. El Presidente dijo que había debido afrontar la pandemia y la guerra. No sabíamos hasta ahora que Rusia había atacado también a la Argentina. Quizás Alberto Fernández nos lo ocultó para no causar preocupación y pudo repeler la invasión al mando del Vatayón Militante.

Si se refiere a los efectos de la guerra, que afectaron la economía de muchos países por el aumento, por ejemplo, del costo de la energía, o a la recesión y posterior aumento de la inflación provocados por la pandemia, no se entiende por qué en otros países la inflación subió al 8 o 10% anual y en el nuestro al 100. Fernández exhibe, de un modo ya caricaturesco, un mal que padecen muchos políticos argentinos: la victimización. En lugar de enfrentar los problemas, se buscan culpables, casi siempre imaginarios.

En este contexto se inscribe el grotesco juicio político que el peronismo impulsa contra todos los jueces de la Corte Suprema. Saben que no va a prosperar, porque carecen de las mayorías necesarias en el Congreso, pero avanzan igual. Tienen una leve mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y la van a usar para mantener la puesta en escena el mayor tiempo posible. Un escenario de cotidianos fuegos artificiales que distraiga a la sociedad de sus problemas y construya un enemigo al que se le pueda pasar la factura de todos los padecimientos del pueblo argentino. ¿Es alta la inflación? La culpa es de la Corte.

La vocación del peronismo por tener una Justicia adicta se remonta a sus orígenes. Una de las primeras iniciativas de Juan Domingo Perón una vez que asumió de manera constitucional la presidencia, luego de ser la figura protagónica de la dictadura militar iniciada el 4 de junio de 1943, fue promover el juicio político a 4 de los 5 jueces de la Corte (el quinto, Tomás Casares, quedó excluido porque había sido designado por el gobierno de facto que Perón integraba). Por el sistema electoral vigente, el peronismo disponía de amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Además tenía la unanimidad en el Senado. Por eso no tuvo dificultad en remover a los jueces y sustituirlos por otros completamente subordinados al presidente. Ese fue el huevo de la serpiente que generó, como lo expresó el constitucionalista Diego Botana en un seminario sobre este nuevo juicio político, una cadena de acciones y reacciones que nunca cesó del todo. Porque los desplazados un día serán los verdugos de sus reemplazantes cuando la marea política cambie.

Como también expuso Botana, hay en juego dos concepciones de la democracia: la republicana y la plebiscitaria o populista. Para esta, el que gana se lleva todo. La idea de límites institucionales, de controles, de frenos y contrapesos, le resulta antidemocrática. Y no se trata de izquierda o derecha. El peronismo puede asumir cualquiera de esas posturas. Menem no contaba con las mayorías de Perón en el Congreso, por lo que apeló a un recurso indirecto (que había intentado sin éxito Franklin Roosevelt): la ampliación del número de miembros de la Corte. Eso le permitió designar una mayoría afín a las políticas de su gobierno, que le valió el mote de “mayoría automática” y el descrédito que, cuando el menemismo colapsó, fue fundamento de los juicios políticos contra algunos jueces de esa mayoría que impulsó Néstor Kirchner.

No hace falta entrar a analizar cada uno de los cargos que se imputan ahora a los jueces. Baste decir que la pretensión de removerlos por el contenido de algunos fallos es escandalosa. Si lograran su cometido, el Congreso se transformaría en una suerte de tribunal de alzada de las decisiones judiciales. No solo sancionaría las leyes: las interpretaría y aplicaría en los casos concretos en que se discutieran en sede judicial. Determinaría si sus propias leyes son constitucionales o no. El controlante y el controlado serían el mismo órgano.

Tomemos uno de los fallos que sustentan la acusación: “Muiña”, el del 2 x 1, en el que la Corte, por mayoría, determinó que este beneficio se debía aplicar también a los procesados por delitos cometidos en la represión de la subversión. Considero que la mayoría tenía razón. Sin embargo, se pueden leer artículos de constitucionalistas y penalistas de primer nivel que sobre ese tema tienen posiciones encontradas. Si la decisión hubiera sido en sentido contrario, no se me ocurriría pedir el juicio político de los jueces que hubieran votado en ese sentido, por más que creyera que tales votos fueran equivocados. Solo excepcionalmente, cuando mediante el análisis de muchos fallos fuera evidente que un juez incurre en un desconocimiento inexcusable del derecho, podría admitirse una excepción a esa regla general. Pero no es este el caso.

De otro modo, la independencia judicial sería una mera frase retórica. La remoción de un juez por el contenido de sus sentencias no operaría solo como un castigo personal, sino como un acto de disciplinamiento para todos los demás. Otros juicios, estos de carácter penal, han ganado la atención pública en estos días, en forma infinitamente superior a la que lo hace el juicio político. Es normal, por el carácter aberrante de los delitos cometidos, que conmovieron a la sociedad. Se suele decir, para minimizar el impacto de esta arremetida política del kirchnerismo, que a la gente no le preocupa lo que pase en el Congreso. Es comprensible, pero nuestro deber es alertarla para que le preocupe más: sin jueces independientes no habrá república ni progreso. La calidad de vida de los argentinos se juega en esas instancias institucionales mucho más de lo que parece.

Exdiputado nacional; presidente de la asociación civil Justa Causa