El silencio de los intelectuales kirchneristas

Muchos de quienes transitamos comprometidamente el espacio entre la academia y la política entendemos el emprendimiento en el que estamos involucrados como una tarea cooperativa, que consiste en contribuir a la realización colectiva de ciertos ideales de justicia compartidos. Desde esa perspectiva, uno no puede sino considerarse defraudado por el papel asumido por tantos colegas (intelectuales, académicos, funcionarios públicos) durante el decenio anterior. Porque conocíamos a muchos de ellos y sabíamos de su trayectoria, esperábamos de ellos lo mejor que tenían para darnos. Una y otra vez, sin embargo, se empeñaron en decepcionarnos.

Dado el nivel de información privilegiada que manejaban muchos colegas, ellos pudieron ayudarnos decisivamente revelando casos de fallas o corruptelas profundas, que hoy conocemos como de gravedad extraordinaria. Muchos de ellos, nos consta, contaban con información relevante que les hubiera permitido denunciar esas faltas que la mayoría de nosotros –por torpeza, falta de recursos o carencia de contactos de alto nivel– ignorábamos en sus detalles. Ellos optaron, sin embargo, por el camino de silenciar lo que sabían. De ese modo, en lugar de contribuir con su comunidad, se convirtieron en pieza indispensable en la concreción de delitos que en su momento hubieran sido evitables. (Recordemos, por caso, el enorme servicio que muchos de ellos brindaron durante la década menemista, denunciando día tras día un nuevo acto de corrupción: sabían lo importante que era, para todos nosotros, la tarea a la que estaban contribuyendo).

Dados los conocimientos y los criterios que forjaron durante años, muchos de ellos pudieron ayudarnos a reconocer que los problemas del gobierno no eran los que denunciaba parte de la oposición, sino otros vinculados con rumbos o decisiones cuestionables que obviamente merecían ser corregidas (desde los pactos con Chevron o las mineras contaminantes hasta las alianzas con grupos de comunicación que hoy sabemos mercenarios, o los acuerdos con lo más vil de la “patria empresaria” que terminaron provocando decenas de muertos en la tragedia de Once). Nos dirán que esta aspiración es imposible o cándida, ya que nadie critica a su aliado. Pero sabemos que esto no es así: hoy mismo tenemos buenos ejemplos de aliados del Gobierno que lo defienden tanto como lo castigan. Esto evidencia lo obvio: existe un espacio enorme y bien transitable de apoyo crítico al gobierno de turno. La defensa de ciertas políticas no requiere renunciar a la tarea cooperativa que un intelectual les debe (nos debe) a todos los demás.

Dada la autoridad que muchos colegas supieron ganarse en áreas en las que destacaron y dado el poder de influencia que llegaron a tener sobre sectores significativos de la opinión pública, ellos pudieron haber jugado un papel decisivo en la superación de “errores” a todas luces inaceptables. Por ejemplo, nuestras “autoridades” en materia de derechos humanos pudieron fulminar en segundos el nombramiento de Milani al frente del Ejército; así como nuestras “autoridades” en materia de reforma legal pudieron hacer trizas en instantes las propuestas de reforma de la Justicia que, de modo chapucero o burdo, sólo apuntaban a colonizarla. Pero no, otra vez, utilizaron su autoridad e influencia para los fines contrarios, es decir, para dotar de legitimidad aquello que deberían haber demolido.

Dadas las posiciones de poder que algunos ocuparon en la política o en la Justicia, muchos colegas estuvieron en condiciones de poner pronto y definitivo freno a actos desde todo punto de vista insostenibles. Sin embargo, una mayoría de esos funcionarios actuó del modo contrario al debido: la AFIP se puso al servicio de las más abusivas evasiones impositivas; la Procuración General utilizó sus facultades persecutorias para encubrir los delitos más graves (por ejemplo, creó una secretaría para encubrir el lavado de dinero), y reputados jueces trabajaron para aletargar investigaciones urgidas de celeridad. Ellos confundieron su tarea como servidores públicos con el compromiso militante hacia una facción partidista. Optaron por servir al gobierno kirchnerista hasta en sus peores extremos, antes que por ser solidarios, al menos allí, con todo el resto.

¿Qué explica que tantos colegas eligieran andar por caminos semejantes? ¿Por qué renunciaron a cumplir con la tarea cooperativa que tenían a su cargo? Muchos se apresuran a explicar lo acontecido aludiendo a las peores razones (que sin duda explican muchos casos). Preferiría concentrarme, de todos modos, en las mejores razones que pudieron tener de su lado.

Es posible, por ejemplo, que algunos colegas optaran por el silencio en razón de que, frente a ellos, se situaban grupos con los que diferían radicalmente en cuanto a los ideales que defendían. Tal afirmación, sin embargo, merece rechazarse al menos por dos razones. La primera es que el país no está dividido en dos, sino en muchos grupos con ideologías y posibilidades diversas (por eso, sosteniendo lo indefendible se afectó, sobre todo, a amplísimos sectores inocentes y vulnerables, con la excusa de que se los estaba ayudando). La segunda es que, más allá de las diferencias, casi todos estamos vinculados por ideales comunes. Según entiendo, la enorme mayoría comparte básicos principios de justicia, igual consideración y debido respeto hacia el otro. Quien se apresure a descartar estas alusiones como abstracciones absurdas o sin sentido deberá leer la última “Carta Abierta”, en la que los aliados del gobierno anterior reconocen como ideales del kirchnerismo los de “ampliar la equidad, la libertad, la justicia y los derechos”. Es decir, se definen a partir de la defensa de ideales muy abstractos, que cualquier “ciudadano medio” suscribe.

Se dirá que la respuesta anterior es engañosa, dado que las coincidencias que podamos tener a nivel de los “grandes ideales” se disuelven cuando pensamos, en concreto, acerca de los medios necesarios para lograr tales fines. Pero, otra vez, basta leer la última “Carta Abierta” para advertir que los medios en que ellos decantan los ideales defendidos se vinculan con instrumentos y medidas obvias, reblandecidas, fácilmente compartibles: “ampliación de ciudadanía y derechos”, “reconstrucción de lo público,” “defensa de la soberanía económica y política”, una “mejor y más igualitaria distribución de la renta”. Desde hace décadas, iniciativas tales como el juicio a los violadores de derechos humanos, subsidios sociales como los que expresa la AUH o un principio de intervencionismo estatal en la organización económica y la distribución de la riqueza no son propias de una fracción, sino que forman parte de un patrimonio ideológico hoy compartido.

Finalmente, alguien podrá decir que aquellos colegas decidieron, a cualquier costo, cerrar filas con el kirchnerismo para imposibilitar la victoria electoral de su principal rival. Sin embargo, si ésa fue la razón de la estrategia negacionista, resulta claro que ella, escondida bajo la pretendida astucia del cálculo político, concluyó en el más trepidante fracaso. Mucho peor que eso: pocas razones resultan tan concluyentes, para explicar el fiasco político del kirchnerismo, que el rechazo social generado por la combinación de negaciones, soberbia y silencio ofrecida hasta sus últimos días desde el campo del viejo oficialismo. Es decir, ese modo obstinado de “cerrar filas” explica en buena medida la dimensión y el agravamiento del fracaso ocurrido.

En todo caso, el interés de este texto no es el de hacer leña del árbol caído (algo hoy tan innecesario como sencillo), sino subrayar el servicio que el intelectual o el funcionario público les debe a sus conciudadanos. Es con ellos, en primer lugar, con quienes debe ser solidario. Se trata de un deber hacia la propia comunidad, que no es en absoluto ingenuo, que no requiere “neutralidad”, que no supone la apatía política y que es absolutamente compatible con los más fuertes lazos del compromiso partidario. Por eso da pena recordar el modo en que han actuado: los hubiéramos necesitado.

Jurista, sociólogo y profesor universitario