El tardío giro del Gobierno ante las tomas ilegales de tierras

Tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador bonaerense Axel Kicillof detectaron en los últimos días que el problema de la inseguridad es una preocupación sustantiva, presente hasta en la mayoría de sus propios votantes, y que tanto el auge de la delincuencia común como la inacción oficial frente al incremento de las usurpaciones de tierras estaban deteriorando su imagen en la opinión pública.

De allí el giro, por cierto tardío, que manifestaron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el mandatario de la provincia de Buenos Aires, quienes después de varias idas y vueltas, se animaron a calificar como "ilegales" tomas de tierras como las producidas en distintos lugares del distrito bonaerense. Siguieron así la línea que trazó anteanoche el presidente Alberto Fernández, cuando admitió que "la toma no puede ser la solución" al problema habitacional y que "la ocupación no es algo legalmente permitido". Y parecieron darle la razón al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, quien en todo momento buscó diferenciarse de su par en el gobierno nacional.

Mucho tiempo, demasiado quizás, transcurrió hasta que las autoridades nacionales y bonaerenses llegaran a esa conclusión y transmitieran al menos una señal que empezara a dejar atrás un llamativo desconcierto, probablemente influido por prejuicios ideológicos y doctrinas ultragarantistas que tienden a proteger a los delincuentes antes que a sus víctimas.

Hasta hace pocos días, la ministra Frederic venía sosteniendo, en relación al conflicto suscitado por la ocupación ilegal de tierras privadas y fiscales por parte de grupos que dicen representar a los pueblos originarios en zonas patagónicas como El Bolsón o Villa Mascardi, que no se trataba de un problema de seguridad, al tiempo que cuestionó severamente las protestas de los propietarios de los terrenos usurpados.

Era el peor mensaje que podía ofrecer el Gobierno. Intentar explicar esas acciones delictivas antes que repudiarlas, victimizando a "okupas" y criminalizando la protesta de los dueños de las tierras, no hace más que alentar nuevas usurpaciones en distintos lugares del país, mientras las autoridades siguen dominadas por la pasividad y el "vamos viendo".

Desde hace bastante tiempo, los sondeos de opinión pública indican que la inseguridad es una de las principales inquietudes ciudadanas.

• La encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés ya había marcado en julio que el 73% de la ciudadanía argentina exhibía "total insatisfacción" frente a la gestión del gobierno de Alberto Fernández en materia de seguridad y que solo el 22% mostraba "total satisfacción".
• El monitor de humor social de las consultoras D’Alessio Irol y Berensztein viene señalando desde julio que la inseguridad y la delincuencia constituyen el tema más mencionado por la ciudadanía entre sus principales preocupaciones.
• Jorge Daniel Giacobbe, de la consultora Giacobbe & Asociados, apunta otro dato no menor: apenas el 7% de la ciudadanía apoyó la excarcelación de detenidos dispuesta por algunos jueces con el presunto propósito de evitar contagios de coronavirus en las cárceles.

Los datos de las distintas encuestas corroboran que ni siquiera en el núcleo duro de votantes kirchneristas existe mayor apoyo a la inacción oficial frente a una cuestión como la inseguridad, que afecta fundamentalmente a los sectores más humildes de la población.

El propio dirigente Leandro Santoro, muy cercano al presidente de la Nación, consideró que el problema de la inseguridad "afecta a nuestra propia base electoral" y advirtió: "Si no tomamos nosotros el problema, van a aparecer soluciones mágicas y ultras que después construyen un proyecto político alternativo sobre valores que no tienen nada que ver con los valores de la democracia".

El supuesto progresismo arrastra, por oposición a las concepciones de "mano dura", un andamiaje argumentativo que ni siquiera prende en vastos segmentos de los votantes del Frente de Todos, donde el 49% señalaba en julio a la inseguridad como una de sus principales preocupaciones, según el trabajo de D’Alessio Irol.

Es probable que, en las próximas horas, el gobierno nacional busque dejar atrás los desconcertantes gestos que exhibió su ministra de Seguridad, aunque también apele a un nuevo relato, según el cual, como anticipó ayer Kicillof, debe ser la Justicia la que "haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente".Una forma de salvar a los punteros peronistas que están detrás de algunas de las tomas, de cargar las tintas sobre los jueces y de llevar agua para el molino de quienes impulsan la controvertida reforma judicial.