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El voto, ¿derecho u obligación?
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Es decir, que seis millones de personas habilitadas para participar de los comicios rehuyeron el compromiso, lo que significa tanto como uno de cada cuatro ciudadanos empadronados, o una cantidad comparable con la que optó por cada una de las dos agrupaciones que recibieron mayor caudal de votos. Hay que recordar que, según la ley, el voto no es sólo un derecho sino también un deber, una obligación cuyo incumplimiento es pasible de sanciones. Que esas sanciones no sean habitualmente aplicadas, que en la práctica hayan derivado en letra muerta, no les quita el carácter de una amenaza que pende sobre una cuarta parte de la ciudadanía.
Las cifras imponen una reflexión: transcurridos más de ochenta años de su sanción, y frente a una democracia que da muestras de haber profundizado sus raíces, ¿no habrá llegado la hora de revisar el viejo criterio de la Ley Sáenz Peña que hizo el voto obligatorio?
Pocas dudas caben de que, a comienzos del siglo, en un medio político en que frente a los rápidos cambios sociales se hacía imperioso impulsar la participación popular para quebrar estructuras de poder que habían dejado de ser representativas, el voto universal obligatorio fue una herramienta de la mayor eficacia, apreciada después, durante muchas décadas, como un instrumento útil para oponer a los intentos de escamotear la voluntad ciudadana. . . y añorada cuando la posibilidad de acudir a las urnas quedó eclipsada por largos períodos.
En la actualidad, sin embargo, vista la magnitud de las cifras -el ausentismo electoral muestra, además, una tendencia histórica a crecer de 1983 a hoy- y en circunstancias diferentes, la obligatoriedad del voto merece un nuevo análisis. No cabe duda de que es una forma de compulsión para el ciudadano, que en lugar de ejercer un derecho se ve frente a un deber con el que cumple, probablemente, con el único fin de evitar una sanción, pero sin convicción ni compromiso alguno. Su aporte a la solidez de la democracia es, en tal caso, totalmente ficticio.
En las democracias arraigadas, el voto es un derecho que va a ejercer una proporción más alta de ciudadanos cuando mayor es el grado de madurez cívica de la sociedad y en la medida en que la oferta electoral de partidos y candidatos resulta suficientemente movilizadora. En muchos casos, la relación entre los votos válidos y el padrón de votantes habilitados se aproxima notablemente a la que se registró en nuestro país el domingo último, bajo una ley electoral compulsiva. En 1984, en nuestro país, un 70% del padrón votó en el plebiscito convocado para aprobar o rechazar el acuerdo de límites con Chile en el área del Beagle, a pesar de que no sólo era de participación optativa -un derecho- sino que carecía de carácter vinculante. En la revisión profunda, racional y consensuada que de la legislación política será imprescindible acometer antes de los comicios de 1999 -incluidas cuestiones como el financiamiento de los partidos políticos o la eliminación de las listas sábana, entre otras- no debería quedar al margen la obligatoriedad del voto que, sin dejar a cambio beneficio alguno, se opone a criterios elementales de libertad de conciencia y de respeto por las convicciones individuales.
