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El voto popular no habilita a blindar la información pública
“Informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA que publicó en su cuenta de la red social “X” el 14 de febrero de 2025, atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello, según han constatado diferentes especialistas y tecnólogos en esta Comisión. En caso de haber sido proveído por un tercero, indique quién, cuándo y por qué medio”.
Esta es la primera de nueve preguntas que forma parte del cuestionario que le hicieron llegar al presidente Javier Milei los integrantes de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA de la Cámara de Diputados. Si bien las ocho restantes son muy importantes, porque se intenta averiguar si Javier Milei posee billeteras virtuales, la razón por la cual no denunció penalmente a los creadores de la cripto $LIBRA: Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh) como particular damnificado y los detalles de la creación y lanzamiento de la criptomoneda en cuestión, es ésa, la primera pregunta y la más importante, la que demanda una respuesta concreta, ya que generó un sinfín de interrogantes y sospechas. Porque si de algo hay certeza es que está comprobado que el contrato digital no estaba subido a ninguna plataforma ni había sido publicitado en ninguna red social. Milei aún no contestó esa simple pregunta que hubiese aclarado gran parte del episodio que es investigado por la justicia argentina, la de Nueva York y por la Comisión Investigadora presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, que el próximo martes presentará públicamente el informe final, donde se espera conocer más datos y avances en la trazabilidad del dinero, tan concretos que pueden acelerar la lenta investigación judicial que están llevando adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Taiano.
Ninguna comisión investigadora creada en el Congreso Nacional tuvo tan poca colaboración de los investigados, del poder político de turno y de los testigos como la Comisión Investigadora $LIBRA, ni la creada para investigar el Caso AMIA, ni la de lavado de dinero que presidió Carrió, ni la del submarino ARA San Juan o la de Skanska, entre otras. En ninguna de ellas los citados como testigos se negaron a declarar en su totalidad, ni aún por escrito. En el Caso $LIBRA ni siquiera dieron a conocer el informe que declaró “inocente” al presidente Milei, creado por una Comisión en el ámbito del PEN, tanto que aún no sabemos cómo se llegó a esa conclusión. Incluso, a esta Comisión le dieron la espalda los diputados del Pro y de LLA, que directamente intentaron vaciarla de sentido, abandonándola antes de comenzar a trabajar. En definitiva, la colaboración y la predisposición para demostrar su inocencia de parte de Javier Milei, su hermana Karina, todo su gobierno y de sus legisladores, ha sido nula.
No es el único caso. El año pasado, el Banco Central aseguraba haber completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”. Sin explicación oficial alguna se sacó el oro de las reservas del país. Un año después, la pregunta que sobrevuela tanto el Congreso como la Auditoría General de la Nación (AGN) es simple y alarmante: ¿dónde está el oro argentino? Según reveló el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, el organismo no ha podido avanzar en la auditoría de las 37 toneladas de oro enviadas a Londres. ¿Qué es lo que se oculta? Según trascendidos de parte de voces oficialistas, la idea es no dar esa información para cuidar esas reservas “de posibles embargos en el exterior”. Si esa fuera la razón, cabe otra pregunta: ¿para qué sacar el oro del país y ponerlo en riesgo? Información oficial al respecto no hay.
Esta semana, el secretario del Tesoro de los EE.UU., Scott Bessent, señaló en una entrevista con la cadena MSNBC que “se utilizó una pequeña cantidad” de la línea de crédito SWAP de 20.000 millones de dólares que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Pero aclaró: “Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, y ganamos dinero con ello”. Según trascendidos, porque como se hizo costumbre no hay información oficial, hasta el momento la Argentina utilizó alrededor de US$ 2700 millones del acuerdo, monto destinado tanto a retornar los fondos aportados por la Casa Blanca para la intervención cambiaria como a cubrir pagos recientes al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Tesoro cambió entre 1900 y 2100 millones de dólares- no hay información oficial exacta- en el mercado argentino para sostener el valor del dólar, pero luego de las elecciones cambió y recuperó esos dólares. Supuestamente el Banco Central emitió Letras de Liquidez (Leliq), un título de deuda de corto plazo a tasa fija a cambio de esos pesos, pero sin informar la tasa de interés. ¿Los resultados fueron buenos para el país? En principio sí, los mercados se calmaron y evitaron un colapso de la economía que parecía, semanas atrás, un destino ineludible. Pero la campaña libertaria salió cara por la nueva deuda tomada y porque, de hecho, hasta Bessent sostiene que obtuvo un rédito, y aún no conocemos los pormenores del acuerdo. Economistas libertarios señalan de modo extraoficial que “con el SWAP de China pasó lo mismo”. Como China prestaba plata a otros países pidió “secreto financiero” para que no se conozcan detalles, ya que la operatoria no fue la misma con otras naciones. ¿Hay secreto financiero con este SWAP? ¿Cuál es la razón? De todos modos, que se haya hecho mal durante el kirchnerismo, ¿habilita a repetir los excesos de poder, como actuar a espaldas de la gente?
Esta metodología se repite en otras instancias y administraciones donde el gobierno retacea información, esconde acuerdos, no rinde cuentas ante las autoridades correspondientes y no respeta derechos civiles como es el de acceso a la información pública. Derecho que otorga a cualquier persona la facultad de solicitar y recibir, de manera oportuna y adecuada, información que sea de carácter público y que esté en posesión del Estado. Existe una relación estrecha entre la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Pero el año pasado, gobierno nacional dictó un decreto que establece una serie de restricciones al acceso a la información pública. En rigor, la norma dictada por el presidente Javier Milei reglamentó 7 artículos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016. Diversos especialistas y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el decreto y su validez de imponerse al valor de una ley. No hubo marcha atrás. Claramente no se trata de un gobierno poco proclive a transparentar la información de los actos de sus funcionarios, pero más allá del respaldo que significó el éxito electoral del 26 de octubre, debería revisar ese comportamiento. No ayuda en nada que las sospechas de corrupción o de acuerdos financieros no tan rentables no se transparenten. Ocultar la verdad hoy no significa que un reclamo desaparezca para siempre, por eso el apoyo de la ciudadanía debería ser leído como una exigencia más y no como un cheque en blanco a futuro.
Vale recordar –a modo de ejemplo- que, en las elecciones presidenciales de 2011, la fórmula presidencial Cristina Kirchner-Amado Boudou obtuvo el 54% en la primera vuelta electoral: ningún gobierno ganó con tanta ventaja ni apoyo popular desde el retorno de la democracia. En esa misma elección, una candidata presidencial, Elisa Carrió, que había denunciado como una predicadora en el desierto la corrupción en la obra pública, los negociados del entorno de los Kirchner y la convivencia obscena con el empresariado amigo, obtuvo un magro 1,8%. Años después, Boudou fue condenado por corrupción e inhabilitado a ejercer cargos públicos de por vida por la causa Ciccone y pasó 5 años y medio detenido, y Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras ser condenada por la Causa Vialidad y también fue inhabilitada para la vida institucional. Esta semana está nuevamente en el banquillo de los acusados por la megacausa Cuadernos de la Corrupción.
La que señaló y anticipó con denuncias penales todo lo que vino después, Elisa Carrió, no tuvo el apoyo popular del voto ciudadano, lo que demuestra que el voto otorga poder, pero no siempre concede la razón.
