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Empieza a alejarse el infierno del default
Los acercamientos que en las últimas horas tuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los representantes de los fondos de inversión con la mayor tenencia de bonos argentinos dan cuenta de un arreglo que posibilitaría una adhesión mayoritaria al canje de deuda por unos 68 mil millones de dólares [esta madrugada el Gobierno oficializó el acuerdo].
Es claro que el gobierno de Alberto Fernández tiene mucho para ganar si logra refinanciar su deuda externa y mucho para perder si se confirmase la cesación de pagos.
El canje le permitiría al país ahorrar a largo plazo unos 35 mil millones de dólares, fundamentalmente por la fuerte reducción de los intereses que pagarían los nuevos bonos del canje. También le aseguraría bajar drásticamente los pagos en los próximos años y encarar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que conduzca a un importante alargamiento de los plazos para cancelar la deuda por unos 44 mil millones de dólares que el Estado argentino tiene con el organismo financiero. Si no se arriba a un acuerdo, la Argentina debería devolverle al Fondo 1597 millones de dólares durante este año; en 2021 tendría que pagarle 5336 millones; en 2022, 18.088 millones; en 2023, 16.306 millones, y en 2024, 2750 millones. Cifras que lucen impagables.
Si el canje de deuda bajo legislación extranjera con acreedores privados no concluyera exitosamente, las consecuencias para la Argentina serían infernales:
- En primer lugar, el aumento de la desconfianza conduciría a retiros por parte del público de sus depósitos bancarios en dólares. Esto no solo implicaría una mayor caída en el nivel de reservas no disponibles del Banco Central, sino también la pérdida de un mecanismo de financiamiento de los sectores exportadores.
- Las empresas privadas verían más dificultado aún el acceso al crédito externo y el aumento del riesgo país alejaría a cualquier inversor extranjero de aportar su capital para inversiones productivas en la Argentina.
- Se encarecería y dificultaría la importación de insumos y piezas para el sector industrial. Los importadores verían suspendidas sus líneas de crédito y deberían pagar por anticipado cualquier compra en el exterior.
- Cobraría aún mayor dimensión el cepo cambiario y las restricciones para hacerse de dólares elevarían su cotización en el mercado paralelo, al tiempo que aumentaría la fuga de divisas a través de la operatoria bursátil conocida como Contado con Liquidación, si es que esta no es cercenada por el Gobierno.
- Crecerían todavía más el desempleo por la falta de inversiones y la inflación por el impacto de una emisión monetaria que quedaría como el único medio para financiar el déficit fiscal, ante las dificultades que tendría el Estado para conseguir prestamistas.
- El Estado nacional quedaría expuesto a las consecuencias de juicios por parte de acreedores en Nueva York y en Europa.
- Podría tornarse cada vez más complejo el uso en el exterior de tarjetas de crédito emitidas por bancos argentinos, incluyendo las compras realizadas fuera del país a través de internet.
En síntesis, sin moneda, sin reservas y sin posibilidades de financiamiento, con niveles de pobreza elevadísimos y un porcentaje de desempleados en constante crecimiento, lo último que necesitaría la Argentina es confirmar su ingreso a la lista negra de morosos incobrables.
En los últimos cuatro meses desde el 20 de marzo, coincidentes con la cuarentena, el Banco Central perdió reservas internacionales totales por unos 500 millones de dólares, pese a tratarse del período en que el agro liquida la mayor parte de sus exportaciones, y más allá de que en los primeros seis meses del año el superávit comercial argentino alcanzó los 8000 millones de dólares –el más alto para este período gubernamental desde 2009–, un fenómeno que se explica fundamentalmente por la caída de las importaciones.
Con menos compras al extranjero y con superávit comercial, con cepo cambiario y mucha menos demanda de dólares para turismo fuera del país gracias a la pandemia, el dólar continuó subiendo y las reservas del Banco Central cayendo.
Despejada la incógnita de la renegociación de la deuda y del default, el próximo paso del Gobierno será extender el eventual acuerdo a los titulares de bonos emitidos bajo legislación argentina y alcanzar una cómoda prórroga de los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario, que podría llegar por la vía de un acuerdo de facilidades extendidas y que probablemente desatará no pocos conflictos internos en la coalición oficialista por algo bien sabido: el FMI exigirá a cambio un plan económico integral y coherente que garantice el pago futuro de la deuda. ¿Cuál será la postura del Instituto Patria y la actitud de Cristina Kirchner ante la posibilidad de perder capital simbólico?
Si se confirma el acuerdo con los bonistas, la Argentina se alejará algo del infierno tan temido, pero el paraíso aún deberá esperar.
