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En busca de la adultez democrática
Los cambios que el Gobierno propone para mejorar el sistema electoral son una excelente oportunidad para un debate a fondo sobre el Estado que queremos, la participación de la ciudadanía, el futuro de los partidos y cómo escapar a las trampas del populismo
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PARA LA NACIONGabriel Palumbo
No es frecuente que en los inicios de una administración se planteen reformas electorales o políticas. Por lo general, estos temas aparecen después del agotamiento de la agenda o cuando es necesario que tanto la oposición como la opinión pública se distraiga un rato de temas más angustiantes.
Es una rareza saludable, entonces, que el gobierno de Mauricio Macri se proponga una reforma de este tipo no bien comenzada su gestión. Por lo que ha trascendido, las modificaciones planteadas se nuclean en tres grandes temas. La implementación de una boleta única electrónica en todo el país, el establecimiento de un organismo electoral que descomprima al fuero federal de esas funciones y la racionalización del calendario de votación.
Estas medidas, con sus más y sus menos, tienen, además de su oportuna y honesta presentación, una virtud adicional. Pueden constituirse, con el correr del tiempo y la maduración de los debates, en la posibilidad de ampliar el angular y proponer algunas reformas políticas de mayor envergadura.
Estas reformas suelen ser consideradas desde un punto de vista institucionalista y normativo. Sin embargo, son un verdadero muestrario de las concepciones políticas de quienes las proponen. Una reforma política dice mucho más acerca de la idea de país, de ciudadanía y de relación entre el poder político y las personas que cualquier documento doctrinario o plataforma electoral.
Tras una década en la que el populismo precarizó la experiencia democrática, hoy tenemos la posibilidad de pensar una ambiciosa reforma política. Esta reforma pos populista debe tener como ordenador el intento de revitalizar la relación entre la política y los ciudadanos desde un punto de vista no paternalista. Esto es, devolverles soberanía a las personas para definir los términos en los que se relacionan con la vida pública y la política.
Una reforma política de fondo no puede desatender dos temas importantes, los partidos políticos y el Estado. Por un lado, es necesaria una reforma que reviva a los partidos. Esta revitalización no puede ser pensada desde posiciones míticas o románticas que se han revelado como excepcionales (la restauración democrática en 1983), sino que tiene que dar cuenta de la actualidad del vínculo de la ciudadanía con la vida pública. Las personas tienen hoy una relación distinta con la política y sus instituciones y la nostalgia es mala consejera. Sin embargo, y al mismo tiempo, no existe democracia sin partidos, por lo que vale la pena poner la mayor creatividad al momento de repensarlos.
La vida de los partidos políticos, su relación con el dinero, sus formas organizativas y de desenvolvimiento son un tema ausente en la agenda política nacional, pero son vitales para mejorar la democracia. Extender esta discusión permitirá discutir, por ejemplo, cuál es el sentido de las afiliaciones. En tiempos en que los ciudadanos no se constituyen desde puntos fijos, la idea de afiliación está mucho más ligada a las necesidades de las capillas partidarias que a interpretar la manera de ver el mundo de los ciudadanos. Si los partidos cobran una nueva forma, estarán en mejores condiciones de promover modificaciones indispensables para su propia vida interna y para la democracia. Son ellos los que deben impulsar la necesidad de limitar los mandatos de los cargos electivos, desmotivando la formación de oligarquías partidarias y la fosilización de capas dirigentes.
Un paso más allá, si la reforma política se aventurara a extenderse a los partidos y al sistema de partidos, podría colaborar en la discusión sobre el monopolio de la representación. Las formas de la participación política se han diversificado tanto que los partidos no pueden reclamar ser su canal único. No es posible, entonces, que retengan la exclusividad en la representación, al menos en la escala local e incluso legislativa.
Otra cuestión importante, desde el punto de vista de los partidos, es la de revisar la obligatoriedad de las PASO. De no ser obligatorias, podría plantearse incluso el registro previo para participar, lo que forzaría virtuosamente a los espacios partidarios a ser más seductores y más atractivos frente a los posibles electores. Tal y como están planteadas, estas primarias no producen un efecto democratizador ni revitalizan a los partidos.
Indudablemente, la discusión de la obligatoriedad en las primarias puede abrir el necesario debate acerca de la obligatoriedad del voto.
El segundo tema que un grupo de reformas debería considerar es el de la reforma del Estado. Estas modificaciones no pueden estar sostenidas sobre concepciones sobreideologizadas o sobre criterios meramente cuantitativos. Las discusiones sobre el Estado no deben agotarse en la cantidad de empleados públicos. Este punto es sin duda importante, pero la discusión relevante es sobre la eficacia estatal en relación con el tipo de sociedad que queremos construir. La política argentina debe definir, en la medida en que esto sea posible, qué tipo de sociedad quiere construir y adecuar su noción de Estado a ese ideal. Es la única manera en la que se puede evaluar si se está en el camino correcto o si deben hacerse modificaciones. El Estado de hoy representa mucho más a las ideas y a las personas del siglo XIX que a las del siglo XXI. Es muy difícil lograr el acompasamiento de ambas dimensiones, pero es una buena idea tratar de moderar esa distancia buscando un Estado más ágil, más receptivo a los cambios en la subjetividad y en mejores condiciones de promover la creatividad individual. En definitiva, un Estado que en lugar de intentar formar ciudadanos a su imagen y semejanza, colabore en la búsqueda de autonomía y libertad de las personas.
Definitivamente, una reforma política sincera tendrá mucho de experimentalismo y de imaginación. Es de esperar que la reforma electoral planteada por el Gobierno sea un paso para ir en busca de la mayoría de edad democrática. Esta adultez cívica no tiene una dirección única y será siempre precaria, pero elevará el debate público y ampliará los temas sobre los que es posible hablar reservando los argumentos de la factibilidad para los timoratos y los burócratas.
Sociólogo, profesor en la carrera de Ciencia Política de la UBA
