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En educación hay otro camino posible
Entre la negación de la educación pública que pretende inaugurar el presidente Milei y la decadencia actual del sistema educativo, tenemos la obligación de buscar una alternativa.
Es un grave error que tantos economistas estén concentrados solamente en el equilibrio fiscal, y celebren que para lograrlo simplemente se cierren cuentas públicas, sin importar la productividad de esos recursos aplicados a sectores como la educación. Ante la idea de que el Estado no debe intervenir de ninguna manera en la educación y que la educación de la juventud debe ser dejada enteramente a los padres y a las asociaciones e instituciones privadas, según prescriben los teóricos libertarios que admira Milei, es imperativo comprender que debemos producir un servicio educativo de calidad, que haga accesible a todos los jóvenes los conocimientos científicos relevantes para su crecimiento intelectual y social, organizado de manera flexible en instituciones abiertas a la comunidad y transformadas en atractivos centros de la ciencia y la cultura. Será un largo camino de trabajo intenso, no menor al desafío de la alfabetización en un desierto, a finales del siglo XIX.
En primer lugar, es inevitable reformular el modo de financiar el servicio: se deberá pagar solo lo que cuesta cada escuela, con la infraestructura adecuada, su dotación de docentes coherente con su matrícula, y con los recursos necesarios para la enseñanza. El costo para administrar en cada provincia el sector no debiera superar el 3% del total de la inversión, si se aplican los instrumentos tecnológicos disponibles. Eliminar la recarga de “horas cátedras” que pagan los más diversos puestos de la administración pública, los regímenes de licencia abusivos y las dotaciones de personal en puestos innecesarios. Y rehacer el mapa escolar concentrando matrícula, cuando sea posible, para ahorrar recursos físicos y profesionales.
En paralelo, transformar la enseñanza y la escuela. Organizar la enseñanza centrada en los conocimientos fundamentales de las disciplinas fundamentales, los que no son más de cuatro o cinco, según el campo científico, repetidos una y otra vez durante toda la escolaridad, ordenados por niveles de complejidad y vinculados a problemas del entorno y del mundo actual, que cobren sentido para los jóvenes.
Si cada escuela arma su proyecto educativo en torno a los conocimientos fundamentales, y permite que sea libre el recorrido que puede hacer cada alumno según su propio crecimiento en cada materia, no habría “años que repetir” sino solo conocimientos a lograr en no más de seis años calendario. Y cada estudiante haría su propia trayectoria dentro del sistema, pudiendo permanecer tres, cuatro o seis años, según sus logros.
Ofrecer, para los tres primeros años, talleres donde se puedan adquirir competencias laborales concretas, muy importante sobre todo para quienes no puedan cumplir con todo el nivel secundario y necesiten trabajar.
Hay que transformar la enseñanza en un proceso en el cual docentes bien formados conduzcan a los alumnos hacia el estudio y la reflexión, el debate y la argumentación, la solución de problemas, y sobre todo generen en ellos la idea de que pueden ser parte de la creación de alternativas a situaciones complejas que los preocupan e incluso que dificultan la vida en común.
A esa escuela renovada y convertida en un centro de la ciencia, el arte y la cultura, abierta a la comunidad, le corresponde una organización física flexible, con salas multiuso, circulación no restringida, bibliotecas físicas y virtuales, talleres y deportes. Que permita trabajar de manera individual y en grupos, estudiar y cooperar con otros, sentir placer por aprender y comprender y valorar los modos en los que los científicos crean conocimientos y los refutan.
¿Cómo se seleccionan sus docentes y directivos? ¿Cómo progresan en su carrera profesional?, ¿cómo se garantiza su actualización permanente?, ¿quién y cómo evalúa su desempeño?, ¿cuál será su retribución salarial? Todos temas de una nueva legislación que transforme los viejos estatutos vigentes para dar lugar a una profesión que debe recobrar valor social por su enorme importancia.
En este sistema, donde las provincias son los actores jurídicos y administrativos preponderantes para su gestión, ¿cuál es el rol de una autoridad nacional? Justamente el que le da la Ley Nacional de Educación: ser un observatorio acreditado para conocer las demandas del mundo del trabajo, de la ciencia y las tecnologías y de la sociedad, para proponer y trabajar con los equipos de todas las provincias los contenidos de la educación a impartir; evaluar de manera sistemática los aprendizajes de los alumnos y la calidad de la formación de los docentes, monitorear y promover la calidad de las instituciones formadoras de docentes; intervenir en los territorios donde sea necesario compensar situaciones de pobreza e inequidad educativa.; promover en cada provincia las transformaciones que requiere la gestión del sector. Estas tareas, pensadas para asegurar un piso cultural que nos identifique como argentinos, no requieren de un organismo burocrático cargado de personal. Será más eficiente si articula sus tareas con otras instituciones de alto perfil académico seleccionadas en concursos públicos.
Las ideas sobre la educación y el Estado del libertario Murray Rothbard crearían una sociedad de esclavos a expensas de quienes pudieran formarse y dominar su entorno. Los cambios que necesita nuestro sistema público para promover ciudadanos libres, capaces y autónomos y una sociedad evolucionada y justa, es la agenda que describo y que al Presidente le toca liderar. Ojalá pueda verla.
Miembro del Club Político y de la Coalición por la Educación
Tipo de trabajo:
opinión
