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En el mundo, ser un país “normal” es lo más común
Hasta ahora, la “anormalidad” ha caracterizado la historia de los argentinos, resignados a sobrevivir en ella. Pues imaginemos que ya vivimos en un país normal. Donde podemos atesorar en pesos porque casi no pierden poder adquisitivo debido a que el Banco Central (BCRA) emite poco más de lo que la gente demanda. Podremos ir a hacer las compras cuando nos sea más conveniente y no salir corriendo a hacerlo en cuanto cobramos el sueldo porque las cosas suben todos los días. En una economía estable, la gente ahorra lo que necesita para prever futuros gastos y puede de esa forma aumentar su bienestar. No como en la Argentina, donde se juntan dólares para disminuir el impacto de futuras crisis en la calidad de vida de nuestra familia, a costa de sacrificar gastos que la mejorarían en el presente.
Lo primero distintivo en un país normal será una extraña sensación de tranquilidad; porque nos hemos acostumbrado al estrés de la “montaña rusa” en la que hemos vivido. Lo segundo que notaremos diferente es que se podrá planear en el tiempo cómo es más conveniente que evolucione nuestra vida, trabajo o negocio. Nos podremos equivocar; pero nuestras posibilidades de realización y progreso no dependerán de la decisión de un funcionario, que cree que asumió como Dios (¿?), o de nuestra capacidad de superar crisis tras crisis. Estos “milagros” mencionados en realidad no lo son. Es lo que pasa en la mayoría de los países vecinos y del mundo.
No es casualidad que veamos que la inflación se desacelera. El Banco Central ha dejado de producir pesos para financiar el despilfarro del gobierno y puede empezar a hacerlo solo para proveer lo que la gente demanda. Como sucede en todas las naciones que tienen un dígito de variación de precios anual. Sin embargo, para llegar a ese índice, todavía nos falta algo que tienen en esos lugares, un banco central mínimamente solvente. La gestión actual heredó un BCRA absolutamente quebrado, hoy lo está mucho menos; pero para el poder llegar a ser solvente demandará un ritmo algo mayor de emisión que lo ideal. Por eso, veremos que las variaciones de los precios minoristas seguirán en descenso hasta que, en algún momento no más allá de 2027, tendremos una autoridad monetaria que habrá logrado darnos un dígito de inflación anual.
Por otro lado, esto no sería posible si el Gobierno no hubiera decidido igualar los gastos con los ingresos; ya que es lo que evitó demandarle recursos al BCRA, corriendo el riesgo de mantener el proceso hiperinflacionario. Es cierto que el ajuste del gasto público se hizo, más o menos, como lo hubiera hecho otra gestión e, indiscutiblemente, con mucha mayor profundidad. Sin embargo, hay algo que lo diferencia de lo hecho en el pasado o de otras propuestas. Se ha empezado a encarar una reforma del Estado, cuya profundización hay que alentar. Es decir, dejar de despilfarrar en lo que les es útil a la política y las corporaciones gremiales, empresariales, profesionales e intelectuales que lo parasitaron hasta ahora, para asignar esos recursos a lo que le sirve a la gente. Este proceso sería mucho más rápido si la mayoría de los legisladores entendieran que hay que eliminar todos esos privilegios, que se dieron a costa del bienestar del resto de los argentinos, y habilitar una más rápida reestructuración del sector público.
El gobierno nacional anunció que no aumentará la carga que implica el gasto estatal para los consumidores y la producción. Es más, buscará bajarla. Por lo tanto, podrá destinar a bajar impuestos todo el aumento de la recaudación por la recuperación económica. Un dato: los que dicen que hubo un incremento de los gravámenes es porque no contabilizaron el enorme impuesto inflacionario pagado por los argentinos el año pasado. En realidad, hubo una reestructuración del sistema tributario y se viene reduciendo su peso en la economía; lo que ciertamente debe profundizarse.
No es raro que cada vez más sectores de la producción o del trabajo sientan que la economía se recupera. Ya no hay que competirle a la aceleración inflacionaria para no empobrecerse y disminuye el temor a una potencial crisis; todo lo cual retraía el consumo y la inversión. Además, se está encarando un necesario proceso de desregulación. Con más de 70.000 normas con las que los funcionarios de turno quisieron decirnos cómo emprender, trabajar y crear; por lo que era imposible hacerlo. Ahora, todas esas fuerzas se están liberando y permiten que nuestro sector privado sea más eficiente. Falta mucho por hacer y, nuevamente, sería más rápido si la mayoría de los miembros del Congreso colaboraran en esta tarea, en vez de priorizar a las corporaciones que se benefician de esas prebendas a costa de las oportunidades de progreso del resto de los argentinos.
A lo largo de este 2025, la mayoría de los ciudadanos se sumarán a los que ya sienten la mejora de la economía y la tranquilidad de vivir en un país que cada vez se parece más a uno normal. Alguien podrá destacar lo que aún nos falta para lograrlo y probablemente coincida con buena parte de su listado. Pues habrá que seguir “empujando” y ayudando para que esas cosas se hagan lo más rápido posible. La gran diferencia es que ahora el camino se va recorriendo, quizás no de la forma o a la velocidad que a cada uno nos gustaría; pero se avanza en la dirección correcta como hace muchas generaciones que no se lo hacía.
Este cambio de rumbo, sumado al apoyo de la mayoría de los argentinos para mantenerlo en el tiempo, más temprano que tarde, es lo que va a gestar más libertad y oportunidades de progreso para todos.ß
Economista y director de la Fundación Libertad y Progreso
