En España hay síntomas de querer investigar irregularidades

A las demandas de ahorristas ante tribunales peninsulares se suman una investigación a Telefónica y la publicación de un libro
Silvia Pisani
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30 de junio de 2002  

MADRID.- En sólo un mes hubo cuatro síntomas reveladores de cierta intención española por revisar algunos puntos en su relación económica con la Argentina.

Puede ser sólo casualidad. Pero el dato es llamativo porque marca un contraste con la escasa mirada que esa corriente despertó, al menos y salvo raras excepciones, en los dos últimos años en la península. Tanto en medios políticos como judiciales o periodísticos.

A tal punto que, con tono de asombro y al hacerse eco de uno de los datos, uno de los principales columnistas del madrileño diario El Mundo, Raúl del Pozo, habló hace tres semanas de una "orgía financiera del otro lado de la mar" en la que pidió que la Fiscalía Anticorrupción investigue con amplitud.

Lo hizo en una columna titulada Gran Corrupción . En ella se ocupó especialmente del ex presidente de Telefónica de España, Juan Villalonga. "Pero faltan en el sumario todos los demás", afirmó en su artículo.

Un colega suyo, ex subdirector y hoy columnista habitual en el mismo diario, Javier Ortiz, puso las cosas de modo más drástico: "En España hay un muro de silencio para revisar todo estos negocios", dijo a LA NACION.

Y abundó: "Es que, con ese tema, no hay muchos dispuestos a emular a un personaje tan nuestro como El Quijote. Y hacer quijotadas. Hasta ahora, lo que hemos visto ha sido, generalmente, una actitud sumisa ante la versión oficial. Y punto".

Medios políticos argentinos, ligados al gobierno de Eduardo Duhalde, no mostraron entusiasmo alguno por comentar estas señales, a las que restaron toda significación más allá de la casualidad. "Mucho más que revisar el pasado nos interesa construir el futuro", fue la explicación.

La intención parece ser la de soltar -tan rápido como una papa caliente- cualquier ruido que pueda entorpecer ese objetivo, en momentos en que al gobierno -y al país- se le hace virtualmente imposible ofrecer la credibilidad necesaria para una política asociativa.

Los cuatro puntos son: la aceptación de dar trámite en sede española a dos demandas separadas, promovidas por ahorristas de bancos argentinos controlados por entidades peninsulares. En ellas se pide que actúen como garantes de sus depósitos en la moneda original en que se hicieron.

Más allá de la suerte que tengan ambos expedientes, lo significativo es que "sentaron la competencia de la Justicia española para entender en el tema", según sintetizó Romualdo Bermejo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de León.

Tercero, la investigación encarada por la Audiencia Nacional de supuestos negociados en Telefónica como respuesta a un expediente cuyo quinto punto denuncia el pretendido pago de coimas a miembros de la Justicia argentina en relación con el ajuste de tarifas de servicio en nuestro país.

Y cuarto, la reciente publicación -por una editorial española- de un libro escrito por periodistas argentinos que investigaron la trama de las privatizaciones encaradas por el gobierno de Carlos Menem, con activa participación de firmas peninsulares.

El libro se llama Los nuevos conquistadores , está firmado por Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo, impreso y editado en Madrid por el sello español Foca. "Hemos producido 10.000 ejemplares para venderlos en toda América latina", dijeron sus responsables.

Considerada la primera investigación de ese tipo que se edita en España, el texto está hoy en librerías como El Corte Inglés o Crisol. Y pese a su atractivo subtítulo: "El papel del gobierno y de las empresas españolas en el expolio de la Argentina" no ha generado mayor comentario hasta ahora. Ni para decir que sí ni para decir que no.

Lo que sí es que -casualidad o coincidencia- para encontrarlo en los referidos negocios hay que rebuscar mucho. O, en el peor de los casos, descender al subsuelo de la tienda. Y mirar en el estante inferior de una mesa.

"Yo sospechaba que las cosas podrían haber tenido algo de lo que allí se cuenta, aunque jamás imaginé que tanto. Hubo gente quizá menos informada, como por ejemplo uno de los correctores que leyó el original, que me confesó que lloró de vergüenza mientras hacía su trabajo", dijo el periodista Ortiz, que fue el editor del texto.

Pero, volviendo a la seguidilla, el primer punto se disparó el 27 de mayo último. Ese día, una joven jueza de Madrid aceptó dar trámite a una demanda de ahorristas del Banco Río que pedían que el Banco Santander Central Hispano (BSCH) -que controla a la entidad argentina- respondiera por sus depósitos en dólares.

La magistrada se llama María de los Desamparados Delgado Tortosa y es la titular del juzgado de Instrucción Nº 67 de esta ciudad. Nadie pondría en duda que su nombre es más que apropiado para la profesión que eligió. Pero más allá de ese significativo detalle, no es de los que más suenan en la prensa local. "Es una mujer de bajo perfil que hace su tarea bien", dijo uno de los miembros del foro local.

Distinto es el caso del otro expediente, el de Telefónica, que cayó en manos del magistrado más famoso de España: Baltasar Garzón. El hombre cuyas acciones dieron paso a un nuevo calificativo: la "garzonada", que refiere a lo que tiene mucho de quijotesco y que, como añoraban algunos al comienzo de este relato, no parece ser hoy muy habitual.

Garzón se hizo eco de un escrito firmado por el español Juan Francisco Franco Otegui, cuya acción en el foro madrileño hizo que algunos colegas argentinos -muy bien informados sobre nuestro país- la asimilaran con la que desarrolla en Buenos Aires el abogado Ricardo Monner Sans, autor de numerosas denuncias sobre cuestiones públicas.

En ella pide que, además de investigar a Villalonga, se evalúe la conducta de otros cinco directivos de la entidad, entre ellos, de Luis María Martín de Bustamante, quien fue delegado de Telefónica de Argentina.

Y como parte del expediente -y luego ampliado con una presentación específica- se solicita a Garzón que evalúe el supuesto pago de coimas en la Argentina para zanjar judicialmente la protesta de usuarios que rechazaron el alza de tarifas dispuesta con el nombre de "rebalanceo telefónico" durante el gobierno de Menem.

"Si alguien cobró fue porque otro pagó. Y hay que investigar las dos puntas", dijo a LA NACION el abogado Franco Otegui. Durante su charla habló mucho de la Argentina, contó de sus años de residencia en el país y de los amigos que allí tiene. "Y no soporto que ocurran cosas como éstas y queden impunes", dijo.

En ese supuesto delito menciona al magistrado de la Corte Suprema Enrique Petracchi, que en su momento negó toda veracidad y pidió ser investigado por ello para que su posición quedara clara.

Y amparándose en parte en el trabajo realizado por el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos, el expediente describe un circuito financiero para el pago de sobornos en el que, entre otros, aparecen el ex dueño del Banco República, Raúl Moneta, y el ex presidente del Citibank, John Reed.

"Una cosa llamativa es cómo se pagan las fidelidades. Cómo la misma gente se reparte puestos en diferentes empresas. Por ejemplo, Moneta fue nombrado consejero de Telefónica Internacional, mientras que Reed pasó a ocupar el directorio de Terra, la pata de Telefónica en Internet, una vez que dejó la cúpula del Citi", dijo el abogado Franco Otegui.

Al cierre de este informe, se supo que el fiscal de la Audiencia Nacional que tiene en sus manos la carpeta de Telefónica, Ignacio Gordillo, tenía intención de pedir la imputación de Villalonga y de los ex directivos de la empresa en el caso de supuesta estafa interna.

No se conocieron precisiones aún sobre su dictamen en el pretendido pago de coimas en la Argentina.

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