En salud, la única forma de gozar de libertad es tener un sistema equitativo y eficiente

“Cambio” y “libertad” son las dos aspiraciones que, según la mayoría de los analistas, generaron el significativo caudal de votos que apoyó al nuevo gobierno, autodefinido como libertario. El voto mayoritario ha expresado un deseo de “cambio” y que ese cambio se traduzca en una “dosis” de Estado que sea profesional y eficiente en sus prestaciones mediante una desregulación (“libertad”) que simplifique la vida y estimule el desarrollo económico.

Dentro de ese marco conceptual y con los riesgos que implica el análisis de eventos aún en desarrollo y que no están definidos, es oportuno analizar las probables implicancias de los artículos referidos al área de la salud en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 / 2023.

Una primera consideración es que en materia de atención de la salud la única forma que tiene el paciente de gozar de verdadera libertad es disponer de un sistema de salud que sea equitativo y eficiente. Sin estas condiciones su libertad de elección es una entelequia, una construcción teórica, porque estará limitada en la vida real por una segmentación con barreras infranqueables. En el mejor de los casos sólo podrá elegir dentro de un “menú” predeterminado.

Vale la pena plantear algunos interrogantes centrales que interpelan al lector y obviamente a las autoridades competentes. ¿La salud es un bien transable? ¿Estamos todos de acuerdo en que el acceso equitativo a servicios de salud de calidad es un derecho básico? Dicho en otros términos: ¿estamos de acuerdo en que es inaceptable que haya una salud de “primera”, otra de “segunda” y otra de “tercera”, según capacidad de pago, cobertura y área geográfica de residencia? El medicamento, ¿es un “bien social” o un “bien de mercado”? ¿Estamos de acuerdo en que la venta de medicamentos (aun los de venta libre, con sus posibles efectos secundarios) conlleva una responsabilidad profesional (propia e indelegable del farmacéutico) y que no puede ser equiparada a la venta de hilo dental ni estar en manos de un empleado no profesional?

¿Estamos de acuerdo en que la prescripción obligatoria de medicamentos por su nombre genérico (droga), como lo establece el DNU, es aceptable sólo en un ámbito en el que exista un mercado de genéricos con estricto control de bioequivalencia y biodisponibilidad (efectividad terapéutica del producto)? ¿Estamos de acuerdo en que el concepto de salud pública abarca a todos los subsistemas de salud ? (La diferencia reside en la fuente de financiación.) ¿Estamos de acuerdo en que las enfermedades “huérfanas” (relacionadas con la pobreza) y las enfermedades raras (infrecuentes) no pueden quedar desatendidas por una visión mercantilista de la salud?

¿Estamos de acuerdo en que la construcción de un sistema de salud racional y equitativo comienza por el fortalecimiento del subsistema de salud de financiación estatal ( lo que habitualmente se denomina “salud pública”) como ocurre en casi todos los países que admiramos desde este punto de vista? ¿Estamos de acuerdo en que la diferencia de origen entre el subsistema de la seguridad social (obras sociales) y el subsistema de la medicina prepaga es el espíritu solidario de las primeras y el espíritu empresarial de las segundas ?

Si estamos de acuerdo en estas premisas, hay motivos para preocuparnos con lo planteado en el DNU en materia de salud y así lo han expresado entidades como la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Médica Argentina y diversas sociedades científicas (médicas y farmacéuticas).

Era legítimo el reclamo de las empresas de medicina prepaga en cuanto a establecer una actualización de sus cuotas. En definitiva, el usuario de ese sistema sabe que ha establecido un vínculo contractual con una empresa y no con una sociedad de beneficencia. El punto es si en los servicios de salud, catalogados como uno de los servicios “esenciales”, el usuario debe quedar expuesto, sin regulación alguna, a los aumentos que dispongan las empresas. ¿Esto podría generar la tentación de una “depuración del padrón” ? (Afiliados con alto requerimiento de servicios por su edad que se “caen” del sistema por la elevación de las cuotas). Seguramente surgirán “planes low cost”, para contener a quienes se “caigan” del sistema, pero obviamente cambia el nivel de cobertura. Esto está en evolución.

Lo que ha llamado poderosamente la atención en la comunidad médica es que en el centro del escenario de las nuevas disposiciones ha quedado un subsistema (prepagas) que sólo atiende al 13 % de la población (6.000.000 de afiliados). Nada se ha resuelto respecto a la salud pública de financiamiento estatal. El otro punto que merece un análisis profundo es la equiparación de la medicina prepaga con las obras sociales, con el objeto de generar una competencia entre ambos subsistemas. ¿Quedarán realmente en igualdad de condiciones para competir? Si las cuotas de la medicina prepaga aumentan notoriamente, habrá seguramente una migración selectiva de pacientes de altos sueldos desde las obras sociales hacia ellas. ¿Esto producirá más inequidad entre los dos subsistemas al desfinanciarse las obras sociales?

Paralelamente, está claro que es irracional la existencia de más de 300 obras sociales de las cuales se calcula que el 70 % no está en condiciones financieras de cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), conjunto de prestaciones básicas que por ley deben ser cubiertas a los afiliados. En definitiva, lo que el DNU establece en cuanto al área de la salud, no puede ser considerado un proyecto de sistema de salud.

Al inicio del artículo se enfatizó que una mayoría de la sociedad se expresó electoralmente reclamando un “cambio”. Es una excelente oportunidad para el nuevo gobierno de generar ese cambio en salud con un objetivo en el que todos estamos de acuerdo: lograr un sistema de salud equitativo y eficiente. A todos los que estamos responsablemente (y desinteresadamente) preocupados por el tema salud, nos ha llamado la atención que no se haya efectuado una consulta previa con las instituciones del equipo profesional de salud.

Desde estas páginas hemos sugerido la necesidad de crear un Consejo Asesor del Ministerio de Salud constituido por representantes de todas las entidades del equipo de salud, que asesore y permita diseñar políticas públicas de salud sustentables en el tiempo independientemente del color político de la administración de turno. El Gobierno tiene que dejarse ayudar por expertos de todos los subsectores de la salud y entender que entre una posición “estatista” y una posición “mercantilista”, existen en materia de salud opciones racionales intermedias que pueden permitir lograr ese doble objetivo de equidad con eficiencia.

A todos nos interesa, y mucho, que al Gobierno le vaya bien. Para que eso ocurra debe tener una actitud abierta y no clausurar el debate con quienes emiten observaciones efectuadas con honestidad intelectual. De lo contrario caería en el sesgo cognitivo denominado “martillo de Maslow” (“si la única herramienta que tienes es un martillo todos los problemas parecen un clavo”). Encerrarse en un fundamentalismo centrado en las leyes del mercado, al menos en salud, no es una opción racional. No perdamos otra oportunidad.

Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA); doctor en Medicina (UBA). Hospital de Clínicas “José de San Martín”